La diputada Sosa sobre el Presupuesto 2017: “Para Mendoza sólo beneficio a los contratistas de obra pública y ajuste sobre educación, salud y desarrollo social”

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La alianza oficialista Cambiemos consiguió este lunes emitir dictamen de comisión a favor del proyecto de Presupuesto para 2017 gracias al apoyo del Frente Renovador y el bloque Justicialista, y la propuesta que prevé una inflación del 17 por ciento con un déficit de 4,2 por ciento del PBI será tratada en una sesión especial prevista para el miércoles.

En paralelo, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, enviará al Congreso el jueves 15 la elaboración de los planes de gastos que regirán el segundo año de mandato de los gobernadores, que estará marcado a fuego por las elecciones legislativas nacionales y locales. Los primeros esbozos marcan que la estrategia en muchos distritos -en línea con la de la Casa Rosada- apuntará a priorizar la inversión en obra pública, golpeada por las moras en los envíos federales.

Los sectores de izquierda señalan que el proyecto de Presupuesto 2017 presentado por el gobierno, tiene un claro objetivo: la recomposición del beneficio capitalista y rescate a grupos y ramas quebradas, a costa de un saqueo de las finanzas públicas y de ataques a las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras.

La diputada nacional del Bloque FIT por Mendoza, Soledad Sosa declaró: “El oficialismo ignoró todos los cuestionamientos al proyecto de presupuesto 2017 que realizamos en el debate en comisiones, avanzará con un mayor endeudamiento que pagará el pueblo trabajador a través de un incremento de impuestos y con el recorte en salud, educación y desarrollo social. El proyecto prevé el pago de intereses de la deuda por $247.000 millones y una emisión de deuda por U$s 55.000 de los cuales 26.000 millones, corresponden a nueva deuda. Todo esto sin contar las deudas tomadas por las provincias, como la que Cornejo tomó en Mendoza. Para educación en relación al 2016, solo prevé un aumento del 16,5% que está por debajo de la propia inflación pronosticada por el gobierno del 17% para el próximo año, porcentaje con el cual fijó el techo salarial para los estatales. Consagra una caída histórica del salario. Otro tanto ocurre con las jubilaciones, que han perdido casi 13 puntos en lo que va de 2016, sobre las cuales no se prevé ninguna mejora que no sea la movilidad automática. El proyecto del gobierno plantea la reducción de 10.000 empleados estatales hasta finales de 2017.  Para las universidades hay un claro ataque a su autonomía, profundizando la asociatividad empresaria para financiamiento de las facultades y para el Hospital Universitario en una clara privatización de la educación pública, no contempla para Mendoza la creación de carreras postergadas como Psicología».

Sosa agregó “En cuanto a las obras públicas, 17 son para Mendoza, entre ellas  no figura la reactivación de la mina Potasio Río Colorado, donde la empresa brasileña Vale dejó a 10 mil trabajadores directa e indirectamente en la calle con una infraestructura ociosa que debiera ser aprovechada por el Estado para generar trabajo y producción, todo lo contrario en lo presupuestado en obra pública y en minería, que busca favorecer las licitaciones privadas y los negocios empresariales a costa del trabajo y la depredación ambiental. Con respecto a cómo piensa enfrentar el emergente de la violencia sobre las mujeres que ha originado un estado de rebelión social, este presupuesto no tiene detallado en ninguna de sus 229 páginas un apartado para explicarlo. Los $750 millones que Macri anunció con la directora del Consejo Nacional de Mujeres, no figuran en este presupuesto 2017.“Frente a este presupuesto de ajuste contra el pueblo y de rescate de los monopolios y el pago de la deuda, que se apresta a votar la coalición del ajuste (Cambiemos, Massa, Urtubey-Bossio, Progresistas y FPV) le oponemos un dictamen que expresa un presupuesto para el conjunto de los trabajadores. Es decir que contiene entre otros elementos el programa que hemos expresado también en proyectos de ley; salario igual a la canasta familiar, abolición del impuesto a las ganancias en salarios de convenio y jubilaciones, aumento de emergencia para los jubilados y el 82% móvil”.