La Justicia mendocina está últimamente en el ojo de la tormenta. La cuchara de Alfredo Cornejo dentro de un poder que supuestamente declara «independencia» se nota demasiado y hasta trasgrede los derechos constitucionales de la misma provincia de Mendoza, y está a la vista con la trabajadora de Judiciales que quieren imponer para la Suprema Corte, la polémica Maria Teresa Day.
Para colmo, el diputado nacional por Mendoza, José Luis Ramón realizó una denuncia donde evidencia irregularidades en el accionar del Presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares; el titular del Ministerio público procurador Alejandro Gullé; el titular de la Dirección General de Escuelas, Jaime Correas, durante la gestión del gobernador Alfredo Cornejo hasta que concluyó el 9 de diciembre de 2019.
El diputado Ramón solicita una inmediata investigación «Se basa la denuncia en la emisión de una serie de resoluciones, todas concatenadas entre sí, sobre la base de un sistema de procedimiento, que a prima facie es ilegal y en la falta de cumplimiento de los deberes de funcionario, la corrupción».
«La Investigación que he llevado a cabo en el carácter de diputado de la Nación, arroja como resultado preliminar la designación de familiares de altos funcionarios del poder judicial, tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Sr. Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, ingresados como ordenanzas, para cumplir otras tareas, incluso en dependencias del Poder Ejecutivo Provincial y equiparaciones irregulares a la categoría de Magistrados Judiciales de amigos y familiares» sostiene.
El legislador nacional de Protectora afirma que «Entre otros casos, se benefició a la hermana del procurador Alejandro Gullé y se equiparó a magistrado de forma irregular a un trabajador designado como funcionario sin concurso de ingreso».
Sistema de designaciones fuera de la Ley
Ramón asegura que «A raíz del congelamiento de las partidas presupuestarias para nombrar personal, desde hace años en la Justicia se ha institucionalizado un sencillo entramado que permite designar empleados administrativos sin concurso. La mecánica es simple, a dedo la sala administrativa de la Suprema Corte designa maestranzas, y les asignan tareas de administrativos, luego les dan la posibilidad de cambiar de tramo al tramo administrativo en el Poder Judicial. «Todos los jueces tienen una lista de personas que pretenden nombrar como ordenanzas y se va eligiendo de forma discrecional».
Y agrega «De esa forma, se ha incorporado profesionales arquitectos, diseñadores, licenciados, comunicadores etc., todos vinculados a algún pope del palacio judicial. Sin concurso, entran como maestranzas, cumplen un tiempo con funciones menores y luego se los designa interinamente en un cargo administrativo».
El mecanismo
José Luis Ramón desnuda el entramado en tiempos de Cornejo en cuanto a la designación de familiar directo del Jefe del Ministerio público. Cabe destacar, amigo biencuyano, que Alejandro Gullé es el socio judicial de Cornejo: amigo personal de Julio Cobos y consejero directo en materia penal del gobernador Alfredo Cornejo.
«Específicamente, a fines del año pasado se puso en marcha un complejo mecanismo que tuvo como resultado la designación de la hermana del actual procurador Alejandro Gullé. En la maniobra estuvieron involucrados el presidente de la Suprema Corte, Dr. Jorge Nanclares, el ministro de la Suprema Corte Dr. Dalmiro Garay Cueli, el exdirector General de Escuelas Lic. Jaime Correas y funcionarios del Ministerio de Hacienda, además del propio Dr. Gullé y funcionarios de la Procuración como la Dra. María Teresa Day, Coordinadora General» sostiene Ramón.
Y describe «Para entender el entramado hay que remontarse al mes de octubre del 2019. El día 28 de ese mes se produjo una vacante en el Ministerio Público por la salida de una persona maestranza quien tenía una clase 23. Inmediatamente, se iniciaron las acciones pertinentes para que ese cargo vacante sea transferido, sin motivo aparente, a la Suprema Corte. Funcionarios de la procuración hicieron los trámites para transferir el cargo de auxiliar ayudante del Ministerio Público a la Suprema Corte de Justicia».
«Según consta en la documentación a la que pude acceder, el sueldo para el empleado que ocupe ese cargo ronda los 53.000,00 (pesos cincuenta y tres mil con 00/100), y cuyo costo salarial supera los sesenta y cuatro mil pesos ($64.000)»
«Lo llamativo es que el 14 de noviembre de 2019, la Suprema Corte decidió nombrar en ese puesto vacante a la hermana del Sr. Procurador Alejandro Gullé, quien hasta ese momento se desempeñaba como celadora en una escuela de la Dirección General de Escuelas».
«Pero el 5 de diciembre el exdirector General de Escuelas, Jaime Correas, le envió a Jorge Nanclares un escrito en el que informa que necesita que vuelvan a adscribir a la celadora «ante su buen desempeño y las necesidades de los servicios que brinda». Es decir, que regrese al puesto al que acaba de renunciar».
«La respuesta del Presidente de la Suprema Corte Dr. Jorge Nanclares no se hizo esperar y el 27 de diciembre de 2019, el presidente de la Suprema Corte autoriza la adscripción de E.M Gullé para que cumpla funciones en la escuela Semorille, pero conservando el cargo clase 23 de auxiliar ayudante en el ámbito de la Corte».
«En otras palabras, lo único que cambió para la hermana del procurador fue su sueldo, ya que siempre siguió ejerciendo su cargo de celadora en la misma escuela», sostiene Ramón.
El caso de la hermana del procurador es solo uno de tantos que sirve para ejemplificar cómo se han manejado en la Justicia en materia de personal. Incluso, en ese caso específico se trata de una mujer que realmente trabaja como celadora en una escuela para discapacitados, mientras que hay otros casos en los que las personas designadas ni siquiera cumplen funciones. El caso solo representa la punta de un enorme iceberg que aún resta explorar.
«Está demostrado que hay cargos para los que se autorizan partidas presupuestarias pero que no son esenciales para el funcionamiento de la Justicia. Incluso, estos pedidos de informes han desencadenado reacciones furibundas del Gobierno como el pedido de desafuero del senador provincial Marcelo Romano» dispara.
El diputado Ramón denuncia que en numerosas oportunidades se ha solicitado un pedido de informe ante la Suprema Corte de Justicia y a la Sala Administrativa, a la Defensora Oficial General, al Sr. Procurador de la Corte, aún sin respuestas.
En detalle la solicitud de investigación de Ramón:
EL CASO DE LA SRA. ESTELA MARIS GULLÉ.
Este punto evidencia una trama que no solo llama la atención, sino que amerita la convocatoria inmediata de los involucrados.
Dividiremos número por número:
- La designación de la hermana del Jefe del Ministerio público, a través de un procedimiento fuera de lugar. En este expediente el Ministerio público dispone transferir una vacante de maestranza y servicios -clase 23- a la Suprema Corte a cambio de nada. Se trata del Cargo 183212 ID Planta 18562.
- El Procurador General mediante Resolución Nº 650/2019, del 09 de diciembre de 2019 delega en la Coordinadora General “las funciones administrativas, reglamentarias y normativas; necesarias, indispensables y obligatorias para lograr una gestión eficiente de los recursos humanos de este Ministerio Público Fiscal.
3.- Ese mismo día (09 de diciembre de 2.020) y en uso de las nuevas
atribuciones, se ordena la transferencia por resolución de Coordinación General
Nº 257/2019. El trámite de transferencia de la vacante es aprobado por el Poder
ejecutivo, pese a que toda vacante está congelada por la Ley de presupuesto.
Bien. No fue el caso de este cargo.
- Una vez transferido el cargo la corte designa en el mismo a Estela Maris Gullé mediante Acordada Nº 29415.
- Cuando debía presentarse a trabajar en el Poder Judicial, se dispone su adscripción a la Dirección General de Escuelas. Resolución de Presidencia Nº 37.129.
- No prestó servicios ni un día en el Poder Judicial.
- La diferencia a las claras son los montos de un salario que no llega a $ 20.000,00 como celadora, para percibir uno que supera los $ 50.000,00 como empleada del Poder Judicial.
- Lo escandaloso y lo peor de esto es que la Sra. renuncia al cargo y después de nombrarla en la corte la vuelven a adscribir a la escuela.
- El relato ut supra indicado se acredita con cada una de las resoluciones y actuaciones administrativas que se acompañan.
EL CASO DE LA DRA. CANESE – MATÍAS MARTINEZ
El caso de la Dra. Sandra Canese, quién es sustituida en su cargo por el Sr. Matías Martínez, equiparándolo a Magistrado.
En la documentación que se acompaña se advierte a ciencia cierta, que hay un mecanismo de equiparación que saltea la Ley y la prohibición de las nuevas vacantes.
El caso, es la punta de un Iceberg, que denota la escandalosa impunidad, que se instrumenta conforme lo indicamos en la documentación que se acompaña.
3. Prueba.
Se
ofrece como prueba las actuaciones administrativas, resoluciones y decisiones
de los órganos administrativos denunciados.
Cada una de las decisiones y resoluciones que en copia se adjuntan, están suscriptas por el presentante en prueba de que he tenido a la vista los instrumentos públicos; y que de desconocerse su veracidad, solicito se habilite la investigación penal pertinente.
- Instrumental – documental.
- Pedido y reiteración de Información pública Suprema Corte de Justicia, por el Dip. José Luis Ramón.
- Pedido y reiteración a la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia, por el Dip. José Luis Ramón.
- Pedido y reiteración de información pública al Ministerio Público Fiscal, por el Dip. José Luis Ramón.
- Pedido y reiteración de información pública a la Defensora Oficial General por el Dip. José Luis Ramón.
- Documentación en PDF de las actuaciones administrativas y resoluciones del caso Stela Maris Gullé.
- Documentación en PDF de las actuaciones administrativas y resoluciones del caso de la Dra. Sandra Canese y Sr. Martínez.
- Documentación en PDF de actuaciones administrativas y resoluciones dictadas en casos de designaciones administrativas que equiparan funcionarios a Magistrados.
La prueba indicada, son instrumentos públicos, que para el supuesto de desconocimiento de la instrumental aportada, la misma es suscripta con firma física y digital, se gire oficio para la remisión de las actuaciones y resoluciones, bajo apercibimiento de Ley.
