Cambia Mendoza ya empezó la campaña electoral: Entró peligroso proyecto que atenta a la democracia y la representación

Actualidad Mendoza

De a poquito la provincia de Mendoza vuelve a la normalidad, flexibilizando actividades después de la larga cuarentena… y con él, Cambia Mendoza ya se pone a trabajar sutilmente en la campaña electoral 2021.

Ingresó en la Legislatura provincial un proyecto de Ley que tiene como finalidad modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos con el fin de adicionar requisitos para los candidatos a cargos públicos. En específico, la iniciativa busca que los partidos políticos no puedan registrar candidatos a cargos públicos electivos para las elecciones provinciales ni municipales a las personas que tengan en su contra algún proceso judicial y/o registros de antecedentes penales en los últimos diez años, por delitos relacionados a la administración pública.

El sutil proyecto de Ley fue presentando por el diputado radical José Orts, quien expresó que la sociedad reclama transparencia de la gestión pública y que es necesario que las personas que ejerzan cargos públicos demuestren dicho principio en sus actos, pero también en su trayectoria. 

Si bien la Constitución Provincial dispone en su letra los requisitos para poder acceder al cargo de Gobernador, Vicegobernador, Diputado, Senador, y otros cargos, aquéllos no se verán modificados ni suprimidos por esta norma sino que será complementaria, ya que la iniciativa presentada sería una forma de adicionar requisitos a los ya establecidos.

¿Cuál es el peligro del proyecto del correligionario Orts? te preguntarás amigo biencuyano. Algunos afirman que la Justicia mendocina no está trabajando como poder independiente, incluso sostienen que la política mete la cuchara en algunas decisiones.

El espectáculo circense de la lamentable sesión de Senadores del martes pasado evidencia poca seriedad institucional: legisladores atendiendo teléfonos en plena sesión; la lamentable votación del proyecto de ley del Ejecutivo Provincial sobre equiparar las asimetrías salariales que existen hoy en el Poder Judicial mendocino, que oficialmente iba a englobar aproximadamente a 70 integrantes, pero a primera mañana y tras un «teléfono rojo» de por medio, sin conocimiento de los mismos legisladores, solo termina por afectar a 12 (esos grandes favores se pagan muy bien); ni hablar del show final del desafuero de un opositor con argumentos «flojos de papeles» en base a un rumor.

Llama la atención lo que dijo ese mismo día la senadora Florencia Canali en plena sesión, donde pone en duda la independencia judicial de la provincia «El Ministro Dalmiro Garay tiene méritos académicos y seguramente será un excelente jurista, como es cierto que Garay es el brazo judicial de Cornejo, fue el ministro de Gobierno de Cornejo, es el operador político de Cornejo en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Sinceremos esto. Abandonemos el cinismo».

En la otra vereda, el radical Orts argumenta «transparencia» en su fresco proyecto «por un lado, modifica la normativa vigente electoral; y por el otro, introduce el concepto de transparencia en la gestión pública como requisito de compatibilidad de los candidatos para ejercer cualquier cargo electivo de orden público».

Vale mencionar y aclarar que este proyecto tiene en miras que los candidatos a cargos públicos electivos no tengan antecedentes penales por los delitos enmarcados como de “corrupción política” que en el Código Penal, se encuentran en diversos artículos, todos ellos contemplados en el proyecto de Ley presentado.

“Esta reforma resulta justa, necesaria, equitativa, sobre todo para introducir el principio de la transparencia al acceso de los cargos públicos electivos, siendo necesario contar con las condiciones impuestas. Entendemos así, que los Partidos Políticos y Alianzas Electorales deben ser los responsables directos y sobre sus deberes y atribuciones recae esta reforma”, remarcó el impulsor de la iniciativa, el diputado José Orts.

El problema es que ante una aparente dudosa independencia judicial, con un ex funcionario de Cornejo metido, se podrían libremente inventar causas previas de personas que «molesten» en la competencia electoral para que después, tras cumplirse con el objetivo propuesto de borrar al rival, se caiga la causa por falta se sustento… este proyecto quita representatividad y hasta incluso atenta contra la democracia y la libertad de pensamiento. Un peligroso juego para un gobierno provincial que pregona mediáticamente «el diálogo». ¿El innombrable monarca va por todo?