Un demoledor relevamiento afirma que Mendoza no está preparada para el COVID-19: un 70% del personal no dispone de elementos de protección

Actualidad Mendoza

Si bien desde el «relato» del Gobierno de Rodolfo Suarez se habla de «situación controlada» y de «tener todos los insumos necesarios para la prevención» contra el COVID-19, el personal sanitario en todos los hospitales públicos de la provincia siguen desarrollando su trabajo en las mismas precarias contrataciones y con sus sueldos bajos, tal cual se resolvió desde el 2015: monotributistas, sin obra social ni ART, con contratos temporales.

Para el oficialismo político provincial esto se denomina «fake news», para los trabajadores que están al frente de la trinchera sanitaria sigue siendo realidad.

Para el oficialismo político provincial no está circulando comunitariamente el virus en la provincia de Mendoza… pero en la Clínica Francesa ya confirmaron que existen médicos contagiados de coronavirus y debieron aislar a cuarenta para realizarles exámenes, además de tomar la decisión de cerrar el Sanatorio. Y hay otro caso de un profesional de la salud contagiado en el Hospital Central… y se habla del Español, también… ¿Es Fake News?

Para el oficialismo político provincial aseguran que «todos tienen los elementos de prevención y que hay insumos». No obstante, los gremios del sector, denuncian que las medidas de precaución para prevenir el coronavirus son precarias y con el riesgo de que se extienda a todos los trabajadores de la salud que atienden a otros pacientes y también en baja complejidad. 

Para desmitificar el «relato de los Rodyboys», el Foro por una Salud Inclusiva realizó un contundente relevamiento con el personal de la salud de la provincia para saber dónde está parada Mendoza frente al inminente peligro de contagio de coronavirus. Un trabajo estadístico que aporta y advierte.

Uno de los principales lineamientos propuestos para hacer frente a la pandemia enunciado por la OMS es proteger y capacitar a los trabajadores del ámbito de la salud que van a estar en la primera línea de acción para la detección y tratamiento de los personas infectadas. Sin embargo, se ha también advertido la grave y creciente interrupción del suministro mundial de equipos de protección personal (EPP) causada por el aumento de la demanda, el acaparamiento y el uso indebido de esos productos como consecuencia del pánico.

El personal sanitario se constituye como uno de los grupos poblacionales más expuestos para contraer la enfermedad. El Centro Chino para el Control y Prevención de enfermedades informó que el 3.8 % de los casos de COVID-19 se concentró en el personal sanitario. En Italia, según datos del Instituto Superior de Salud, el 9 % de los infectados son trabajadores de salud. En España, según datos del Ministerio de Sanidad, este porcentaje se encuentra entre el 12 % y 14 %.

En tal sentido, y dada la magnitud de la problemática planteada por la OMS frente a la pandemia y teniendo en cuenta que el gobierno Nacional y de la provincia de Mendoza, decretan la emergencia sanitaria en todo el territorio Nacional (Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020, decreto provincial 359/2020 y decreto provincial 401/20), desde el “Área de Territorio, Ruralidad y Participación” del Foro por una Salud Inclusiva, se llevó a cabo una encuesta digital dirigida a los trabajadores y trabajadoras de la salud que se desempeñan en el sector público, privado y de obras sociales con el propósito de realizar un relevamiento que permita determinar el estado de organización asistencial de los servicios de salud para la gestión de casos sospechosos de COVID-19, y de verificar, la disponibilidad de insumos y elementos de protección personal (EPP) con los que cuentan los equipos de salud de nuestra provincia. La información relevada se pondrá a disposición del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia de Mendoza con el propósito de aportar a la planificación de las acciones dispuestas por dicho Ministerio.

Metodología

A través de un formulario digital, entre los días 30 de marzo y 3 de abril se realizaron 202 encuestas a trabajadores y trabajadoras de la salud de catorce departamentos de la provincia de Mendoza con excepción de los departamentos de La Paz, Santa Rosa, Tunuyán y Tupungato.

Los resultados

A partir de esta encuesta se observó la situación de 74 establecimientos destinados al cuidado de la salud de los habitantes de Mendoza.

  • 27 Centros de Atención Primaria de la Salud públicos (CAPS) provinciales y municipales.
  • 14 hospitales públicos
  • 5 efectores de atención primaria de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP)
  • 3 hospitales de la OSEP
  • 9 organismos administrativos centralizados y descentralizados (ministerio de salud, áreas sanitarias)
  • 16 centros asistenciales privados (consultorios externos, clínicas, hospitales).

El 75.9 % de las personas encuestadas corresponden al género femenino, un 24.1 % al género masculino. Se registraron respuestas de personas de 18 a 65 años. El mayor número de encuestados corresponde al grupo etario que va desde los 25 a 55 años.

El 73 % de los encuestados desempeña su actividad en al ámbito del sector público (CAPS, hospitales, organismos centralizados y descentralizados de salud) y un 27 % se desempeña en instituciones de salud pertenecientes al sector privado y de obras sociales.

El 60 % de los encuestados manifestó trabajar en una sola institución de salud, el 40 % en dos o más instituciones de salud. Respecto a la condición laboral el 52.2 % se desempeña como personal de planta permanente, 9.4 % como personal contratado por locación de servicio, el 27.1 % realiza prestaciones de servicio transitorias y el 11.3 % se encuentra contratado en el marco de becas formativas (sistema de residencia). De acuerdo a los datos obtenidos se observa que un 47 % de los participantes de la encuesta son trabajadores en situación de precarización laboral.

El 70.4 % de las encuestas fue realizada por personal de servicios de medicina y enfermería y el 29.6 % restante fue realizado por personal de salud mental, administrativo, de odontología, laboratorio, nutrición, agentes sanitarios, fonoaudiólogos, camilleros, técnicos asistenciales en salud, personal de servicios de esterilización y limpieza.

El 41.4 % de los encuestados manifestó que no se han realizado instancias de capacitación destinadas al personal de salud para la detección de casos sospechosos de COVID-19, ni estrategias de prevención de su contagio en el entorno laboral. Tanto los servicios públicos, privados y de obras sociales presentan la misma situación en relación a la capacitación del personal. Un 28.1 % de los encuestados mencionó que su espacio de trabajo no cuenta con servicio de Triage para la detección y atención diferenciada de casos sospechosos. Personal que no pertenece al servicio de medicina ni de enfermería (servicio de salud mental, nutrición, diabetología, trabajo social) expresaron preocupación por la falta de capacitación y reorganización de los servicios que actualmente interrumpieron las actividades asistenciales.

Si bien una de las principales estrategias para la prevención de la COVID-19 consiste en el lavado de manos, un 30 % de los encuestados refirió la inexistencia de alcohol en gel, solución hidroalcohólica y jabón para los usuarios de los servicios de salud. Además, un 8 % de los encuestados mencionó que no cuenta en los servicios donde se desempeña con elementos de higiene provistos por la institución.

Cuando se consultó a los encuestados respecto a la disponibilidad de elementos de protección personal (EPP) necesarios para garantizar una atención adecuada de los casos sospechosos de COVID-19, el 70 % (53 trabajadores) del personal de enfermería y el 66 % (48 trabajadores) del personal de los servicios médicos, afirmaron que no disponen de la totalidad de elementos de protección.

Asimismo, los trabajadores y trabajadoras de salud del sector público (Centros de atención primaria de la salud y hospitales) han debido disponer de otras fuentes de financiamiento para la compra de insumos. El 22 % de las personas encuestadas mencionó que su institución recibió donaciones de dinero. De estas donaciones, el 42 % provino del mismo personal de la institución y un 68 % de donaciones de la comunidad, ONGs e instituciones privadas. Por otra parte, un 56 % de los encuestados del sector público recibió además donaciones de insumos y elementos de protección personal (máscaras faciales, alcohol en gel, jabón líquido, papel secante, barbijos, lavandina).

Conclusiones

Teniendo en cuenta que los trabajadores de salud son actores fundamentales para la gestión de las acciones sanitarias en las distintas instituciones de salud para hacer frente a la Pandemia de COVID-19, y que ya han sido reportados casos de contagios en personal sanitario en la provincia de Mendoza, el Foro por una Salud Inclusiva manifiesta su preocupación ante la importante cantidad de centros asistenciales en los que no se ha brindado capacitación específica para la gestión y manejo de casos sospechosos de COVID-19 como así también ante la falta de insumos destinados a la protección de la población usuaria de los servicios y el personal sanitario. Se identificó además gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud precarizados (47%), situación que los expone a mayor riesgo en caso de contraer la enfermedad.

Frente a la situación de emergencia sanitaria generada por la pandemia, consideramos que tanto la planificación como la ejecución de las acciones sanitarias deben realizarse de forma intersectorial, involucrando a todos los sectores que participan en el proceso -salud enfermedad atención y cuidado- de las personas y las comunidades. Los organismos rectores y las instituciones del Estado en articulación con las obras sociales, los servicios de salud privados, las organizaciones políticas y sociales, los equipos de salud y la comunidad deben trazar una alianza estratégica para disminuir el impacto de esta nueva enfermedad.

A partir de la información proporcionada, solicitamos al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia de Mendoza tenga en cuenta las consideraciones presentadas a partir del estudio realizado y tome las medidas necesarias para mejorar la calidad en la prestación de servicios y garantizar las medidas de protección destinadas a los trabajadores de la salud.


Área de Territorio, Ruralidad y Participación – Foro por una Salud Inclusiva