Facilitan en Mendoza el acceso al Banco Nacional de Datos Genéticos para todos los casos

Actualidad Mendoza

Finalmente se dio sanción definitiva a la creación del Programa Provincial de Búsqueda Familiar, de Identidad Biológica, de Origen y Socioafectivo, cuyo autoría corresponde a la diputada provincial María José Sanz (UCR).

La norma está destinada a brindar asistencia y contención a todas las víctimas de sustitución o pérdida de identidad, cualquiera sean las circunstancias, fecha de su nacimiento, y/o familiares peticionantes

De esta manera, la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó, bajo la Resolución n°19 (08-05-2019), una solicitud al Congreso de la Nación en la que expresa que “vería con agrado” que se derogue la Ley N° 26.548, la cual restringe el objeto con el cual fue creado el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el cual tenía como fin: “obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación”.

La iniciativa obtuvo media sanción en diciembre de 2018 en Diputados, luego el Senado realizó modificaciones y acompañó el proyecto. Hoy, recibió el apoyo de todos los bloques de la Cámara Baja y pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Este Programa funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, con anclaje en la Dirección de Derechos Humanos, el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo Asesor Mixto de Adopción y Familia y, complementariamente en articulación con el Banco Provincial de Datos Genéticos de la Provincia.

El BNDG fue creado por Ley (23511) sancionada en 1987 durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

Luego, en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2009) el Congreso Nacional sancionó la ley 26548 que limita la universalidad con la cual fue creado el Banco, y se lo restringe únicamente a los casos de lesa humanidad y se lo traslada del hospital Durand al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. A partir de esta norma, el BNDG dejó de abarcar a todo el “universo” anteriormente comprendido, y quedó limitado a los delitos de lesa humanidad cuya ejecución se hubiesen iniciado en el ámbito del Estado Nacional hasta el 10 de diciembre de 1983.

La derogación de esta última ley, significaría un gran avance para quienes participen luego del Programa de Búsqueda de Identidad de Origen, pudiendo haber nacido en épocas diferentes a las comprendidas entre 1976 y 1983, fundamentalmente, por el acceso a datos referidos a la filiación.

La herramienta legislativa, que fue presentada por la radical María José Sanz y aprobada por la Cámara Baja mendocina, pretende tener eco en la Nación a partir de la necesidad de obtener información específica de filiación para los casos en los que haya dudas y no sólo restringirlo a las fechas coincidentes con la última dictadura cívico-militar acontecida en nuestro país.

Según las palabras de Sanz, se busca “modificar o derogar la ley vigente porque le quita la capacidad de ser universal al Banco Nacional de Datos Genéticos. El BNDG fue creado en 1987, a pedido del Dr. Raúl Alfonsín, en un principio para acompañar a las víctimas del terrorismo de Estado, pero no solamente para eso, sino para todas las personas que tuviesen dudas sobre su identidad biológica. Luego, en el año 2009, aparece otro proyecto de ley que restringe su marco de acción solamente del ´76 al ´83, y nosotros venimos hablando hace mucho tiempo de personas que tienen dudas sobre su propia identidad, sobre su filiación genética, que han nacido antes del ´76 y después del ´83”.

En el mismo sentido agregó Sanz que “estamos pidiendo que el BNDG tenga una nueva ley, como fue la ley inicial, la del año ´87, y que vuelva a recuperar su categoría de universal. Que todas las personas que tengan dudas sobre su identidad biológica puedan acceder a ese Banco de Datos. El Banco ha sido fundamental para el esclarecimiento de los/as 129 nietos/as recuperados/as”.

María José Sanz aseguró que ya mantuvo contacto con legisladores nacionales, tanto en Diputados como en el Senado, con el objeto de motorizar estas modificaciones a la legislación nacional. A su vez, resaltó que la iniciativa es acompañada también por el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, dirigido por Norma Morandini.

Para la autora de la ley “Mendoza se posiciona como una provincia mucho más abarcadora en derechos humanos”, y justificó “mi identidad como un derecho humano tiene un valor innegable que hace a la dignidad de las personas, el derecho de ser uno mismo y es inherente a la persona por el solo hecho de ser personas”.

Agregó Sanz en el recinto que esta ley significa un “acompañamiento a las personas que dudan sobre su identidad de origen, victimas de apropiaciones, en épocas de democracia”. Se pretende “facilitar asesoramiento gratuito, abrir las puertas del Estado para acompañar a las personas que buscan su propia identidad, gestionar el acceso a la información, propiciar la realidad de realización de pruebas de ADN, sistematizar los datos, coordinar acciones con el Poder Ejecutivo y Judicial para que las respuestas sean certeras, y acompañarlos en salud mental”.

Con respecto al trabajo realizado junto a organizaciones e instituciones que abordan la temática referida a la búsqueda de identidad, Sanz indicó que “existen en todas las provincias” y que fruto de investigaciones y estadísticas que han podido llevar a cabo se desprende que son “alrededor de 3 millones de personas en nuestro país” las que dudan de su identidad de origen y biológica.

En este sentido, aseguró la legisladora que “en Mendoza también el número es alarmante, alrededor de 100.000 personas dudan de ser quienes son, y justamente para estas personas es que pedimos este beneficio”. Agregó, en la misma línea, que “más allá de que en Mendoza hemos avanzado porque tenemos un Banco Genético muy importante que está bajo las órdenes del Procurador, y facilita cuando hay que tomar este tipo de muestras. Siempre pongo el valor la predisposición del Dr. Alejandro Gullé para ayudarnos cuando aparecen este tipo de casos”.

Una propuesta más amplia e igualitaria

La norma define diferentes objetivos, entre los cuales se destacan: Otorgar asesoramiento jurídico y legal en forma gratuita a todas las víctimas de sustitución de identidad y/o familiares, independientemente del año de su nacimiento; Intervenir en todos los casos de supresión y/o alteración de la identidad biológica de una persona de los que tome conocimiento, sea por la solicitud de un interesado legitimado, organismo público o entidad privada vinculada por su objeto a la búsqueda de identidad biológica; pudiendo actuar de oficio, a los fines de facilitar y/o impulsar las acciones e investigaciones necesarias para determinar la verdadera identidad biológica, entre otros.

Se suma a los mismos, “facilitar los recursos de que disponga para las búsquedas particulares; y a instancias del interesado legitimado, gestionar el acceso a toda la información relacionada con la propia identidad biológica, que conste en los diversos registros de organismos estatales y privados, por medios administrativos o judiciales, especialmente la que se encuentra en los bancos de datos genéticos”, entre otros.

Quienes presuman que su identidad ha sido suprimida o alterada, previa solicitud al Programa, podrán gestionar el acceso libre y gratuito, a través de profesionales, a toda documentación y registros de partos, nacimientos, neonatología y defunciones obrantes en hospitales y clínicas, estatales o privadas, nacionales; provinciales o municipales, en los Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas y/o cualquier otro organismo que pueda proporcionar información útil.

Con respecto a las instituciones de salud, estatales y privadas, se establece en la sanción final que “deberán preservar los registros de los nacimientos, partos y defunciones que se hubieran producido en la institución, poniéndolos siempre a disposición del nacido o de sus presuntos hijos, hermanos, nietos, padres y/o abuelos, que así lo requirieran”. Y agrega que “dichos registros deberán ser conservados, al menos por el término legal que corresponda, en el nosocomio, y luego deberán ser remitidos para su archivo definitivo, a la sede del Programa Provincial de Búsqueda Familiar, de Identidad Biológica, de Origen y Socioafectivo”.

En este sentido, y por lo expresado, es que la iniciativa crea también el “Registro Único de Búsqueda Familiar, de Identidad Biológica, de Origen y Socioafectivo” que tendrá carácter absolutamente confidencial, arbitrando todos los medios necesarios para el resguardo de la información. “El mismo funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia que establecerá, mediante reglamentación, una modalidad común e inviolable de ordenamiento de los archivos y una forma común de sistematización y de custodia”.

Por último, y como la intención es ampliar el acceso a los datos filiatorios de personas nacidas en épocas diferentes a las acontecidas durante la última dictadura militar es que se indica que se excluyen “los casos de la temática que correspondan a competencia federal por ser presuntas personas nacidas de desaparecidas y/o detenidas durante el periodo de gobierno militar desde el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre del año 1983”.