La diputada Najul va de frente contra la violencia de género: «Debemos romper la barrera vergonzante del silencio y darle voz a las víctimas. Es clave dejar de naturalizar circunstancias y también generar condiciones para que quienes hayan sido víctimas puedan denunciarlos»

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Es imposible predecir qué impacto tendrá en la sociedad argentina la puerta que fue abierta esta semana a partir de las denuncias por abuso sexual de la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthés, o la de Claudia Guebel contra el senador radical Juan Carlos Marino. Lo que sí es cierto es que hay un sector de la sociedad que está exigiendo un cambio en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y por segunda vez en estos tres años de gobierno (la primera fue la habilitación de la discusión por el aborto), el presidente Mauricio Macri respondió las demandas con política.

Por un lado, en un acto en la residencia presidencial de Olivos acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, la directora del Instituto Nacional de Mujeres, Fabiana Túñez y la primera dama Juliana Awada, Macri lanzó el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD) 2018-2020, que apunta a que el Estado impulse una serie de medidas para luchar contra la violencia de género y la desigualdad que marca las relaciones profesionales entre hombres y mujeres.

El plan cuenta con el apoyo de ONU Mujeres y el Banco Interamericano de Desarrollo y es el primero en el que se convocan a todas las áreas de la administración pública nacional, con consultas a actores de la sociedad civil, el sector privado y los sindicatos.

Las metas específicas que plantea el Poder Ejecutivo a través del PIOD incluyen promover el aumento de las mujeres en espacios de toma de decisión, tanto en el ámbito público como privado; mejorar el acceso, permanencia y condiciones de trabajo de las mujeres en el mercado laboral; fomentar la reducción de la brecha salarial de género; prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia; fortalecer la educación sexual integral y promover el acceso a la anticoncepción.

Pero además, el Gobierno escuchó el reclamo de un grupo de diputados opositores que le envió una carta al Presidente para reclamar que en el temario de las sesiones extraordinarias en el Congreso sea incluido el proyecto conocido como «ley Micaela», que establece la capacitación obligatoria con perspectiva de género para todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado.

En ese marco, la diputada nacional por Mendoza y ex ministra de Salud y Desarrollo Social de la provincia de Mendoza, Claudia Najul, también sumó su aporte y experiencia sobre el tema que explotó esta semana en la opinión pública, en una columna que BienCuyano reproduce a continuación:


Violencia de género: de la indignación a la prevención y al justo castigo

Sería prematuro analizar ahora la dimensión de la denuncia realizada por Thelma Fardin. Todavía no baja la espuma mediática y en las redes sociales se multiplican las manifestaciones de chicas que se animan a contar sus historias de abuso. Es un tema de discusión que se repite aquí y allá.

Pero sí podemos hacer algo que puede marcar la diferencia. Así como sucedió con otros casos en los últimos años, en los que mujeres, niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de formas de violencia machista y patriarcal (me toca muy de cerca lo sucedido con los niños y niñas con hipoacusia del Instituto Próvolo de Mendoza, en donde esperamos se mantengan y recaben todas las pruebas necesarias para lograr justicia), estamos en un momento en el que millones de personas están atentas y pendientes de lo que pasa en los medios y en la justicia.

Tal como pide hace tiempo el colectivo de Actrices Argentinas, tenemos que hacer todo lo posible para romper la barrera vergonzante del silencio y darle voz a las víctimas. El desafío es doble: ser capaces de comunicar inteligentemente que no es sano naturalizar circunstancias que disminuyen a las personas, y también generar las condiciones para que quienes hayan sido víctimas de delitos de esta índole puedan denunciarlos.

Que la sociedad se indigne y reclame soluciones es, a todas luces, algo positivo. Depende de quienes ocupamos una banca o una oficina en un ministerio que esto no quede ahí. La bronca que nos genera ver cómo mujeres, niñas y adolescentes son víctimas de un sistema que les da la espalda tanto como de quien las abusó, tiene que devenir, indefectiblemente, en mejores leyes y funcionarios más capacitados para aplicarlas.

Afirmo con toda seguridad que en el Congreso hay proyectos excelentes, trabajados y consensuados por un amplio grupo de legisladores y legisladoras, cuya aprobación significará un marco legal más preciso, justo y sensible en cuestiones de violencia de género y protección de niños, niñas y adolescentes.

Sabemos que la mayoría de los delitos contra la integridad sexual de estos últimos se registran en el ámbito familiar. Sin embargo, después de un gran trabajo legislativo, con la aprobación de la Ley 27455, podemos decir con orgullo que ya no es necesaria la denuncia de la víctima o de un representante legal para que la justicia actúe. Las autoridades correspondientes pueden actuar de oficio; de esta manera rompemos el círculo de impunidad que sostenían las personas que se supone deben proteger a los más chicos.

En mayo presenté un proyecto de ley para agravar las penas que les caben a los adultos que abusan de niños, niñas o adolescentes menores de 13 años. Como dije anteriormente: nuestro Código Penal tiene que reflejar el profundo rechazo e indignación que nos provocan situaciones que, lamentablemente, estamos acostumbrados a leer en los diarios regularmente. Actualmente la legislación prevé las mismas penas para el delito de abuso sexual simple que para el libramiento de un cheque sin fondos. Esta desproporcionalidad requiere una revisión y modificación urgente.

Hay otros proyectos de las Diputadas Carrizo, Martínez y Matzen y del Diputado Petri, que esperan ser tratados y versan sobre la imprescriptibilidad de estos delitos o la creación de protocolos de actuación. La mayoría de ellos, acompañados por asociaciones que luchan todos los días y desde hace mucho por la igualdad y la seguridad de las mujeres en todo el país.

Está muy bien que hablemos de lo que pasó en estos días en nuestros hogares, con amigos, en el trabajo. Pero no nos quedemos con eso. No esperemos al próximo caso aberrante para volver a exigir soluciones.

Invito humilde pero firmemente a mis colegas diputados nacionales, también a los legisladores provinciales -fundamentales para avanzar en soluciones que se ajusten a la realidad de sus jurisdicciones- a un debate serio, concienzudo y ágil que permita sancionar leyes que, por un lado prevengan, y por otro sancionen con dureza a quienes no respetan en lo más mínimo la dignidad humana y la capacidad de decidir sobre nuestras propias vidas.


Claudia Najul

Diputada Nacional

Unión Cívica Radical