¿Cómo funcionará el protocolo antipiquetes en Mendoza?

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La nueva normativa fue impulsada por el Gobierno Nacional y tratará de persuadir a los manifestantes evitando el delito de impedir la libre circulación.

Patricia Bullrich presentó un protocolo para actuar ante protestas piqueteras, en una nueva reunión del Consejo de Seguridad Interior llevada a cabo en Bariloche.

En representación de Mendoza participó el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul, quien explicó que el objetivo de esta normativa es desalentar el delito encontrando una eficaz solución ante el problema. “Cortar calles o rutas es un delito, haremos cumplir la ley para que el resto de los ciudadanos pueda circular libremente”, aseguró el funcionario.

Luego puntualizó: “la norma impulsada por el Gobierno Nacional intentará unificar el accionar de las fuerzas de seguridad en cada una de las provincias”.

El protocolo contempla la intervención a la Justicia asistiendo al lugar, luego la notificación a los delegados de la protesta, con la consecuente invitación a desistir del corte. En caso que el piquete persista se tomarán diferentes medidas para terminar con la accion ilegal, en tanto que los manifestantes podrán quedar imputados por el delito.

Respecto al uso de fuerza se seguirán parámetros básicos: “la legalidad, la oportunidad, el último recurso frente a una amenaza y la gradualidad”.

Quiénes repudian este «nuevo» accionar de las fuerzas de seguridad son los representantes de los sectores de izquierda.

La diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman salió al cruce del «protocolo» dispuesto por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. «Es increíble que con una mera resolución ministerial pretendan avasallar un derecho fundamental, como es el derecho a la protesta y a la movilización de los trabajadores y el pueblo, con el único objetivo de blindar el ajuste en curso e impedir manifestaciones contra los despidos, por el salario y hasta contra los cortes de luz y la megaminería», denunció la diputada y referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.

«El protocolo publicado parte de considerar que toda protesta constituye flagrante delito y deja en manos de las fuerzas de seguridad -juzgando en forma sumaria- definir qué protestas permiten y cuáles no, pulverizando el principio de inocencia y violandonumerosos fallos judiciales que han reconocido que el derecho a la protesta está por sobre eventuales problemas de tránsito», aseguró Bregman. «El protocolo habilita a las fuerzas de seguridad a reprimir sin orden judicial basándose en el artículo 194 del Código Penal impuesto por el general Onganía y el cual proponemos derogar mediante un proyecto de ley que estamos presentando», adelantó la diputada del bloque del PTS en el Frente de Izquierda.

Por su parte, el referente del Frente de Izquierda Nicolás del Caño manifestó que «esto mismo lo intentó hacer Cristina Fernández hace dos años con su proyecto ’antipiquetes’, pero no pudo imponerlo por la propia resistencia de los trabajadores, como los de Lear. En aquella lucha obrera la Gendarmería nos reprimió y nos baleó numerosas veces, pero la propia Justicia debió obligarla a que se abstenga de reprimirnos en la Panamericana y que permita el derecho a manifestarnos contra los despidos. Ahora Macri y Bullrich vuelven a la carga, pero sepan que no vamos a permitir que avasallen derechos elementales del pueblo trabajador».

En tanto, Gabriel Solano, dirigente nacional del Partido Obrero señaló que el protocolo «representa un cercenamiento severísimo del derecho a la protesta social. La letra chica del documento, que fue presentado ayer ante secretarios de seguridad de las provincias, conduce a la ilegalización de las marchas, cortes y otras formas de protesta, otorgándole a la fuerzas de seguridad no sólo un poder represivo enorme, sino funciones que son propias de la Justicia».

Agrega Solano «El “protocolo” introduce la obligación de avisar anticipadamente al gobierno sobre las acciones de lucha que se realizarán. Pero no sólo eso. Los funcionarios también se arrogan el derecho de determinar sus características, como ser tiempo de duración, recorrido, modalidad, etc. De no aceptarse estas imposiciones el gobierno recurrirá a la represión directa para terminar con la acción. Dado que muy buena parte de las acciones de lucha apuntan contra el propio gobierno, salta a la vista que no puede ser éste quien determine cómo se lucha contra él. Por lo pronto, el gobierno puede imponer que una  marcha debe terminar antes de que los funcionarios  hayan dado una respuesta al reclamo presentado.  El estar de ambos lados del mostrador delata el objetivo represivo».

«Las manifestaciones o cortes que no hayan sido avisados y pactados con las autoridades serán directamente prohibidos. Los cortes de calle de estos días para reclamar por la vuelta del servicio eléctrico, por ejemplo, hubieran sido reprimidos por las fuerzas de seguridad. El plazo que tendrán los manifestantes para despejar el área será “brevísimo”. La ministra Patricia Bullrich fue más precisa aún en reportajes a los medios de comunicación: “en 5 o 10 minutos los sacamos”. En estos casos las fuerzas de seguridad intervinientes podrán actuar sin que medie orden judicial alguna, adjudicándole funciones que son propios de jueces y fiscales. Y podrán portar armas de fuego, incluso los que están en la primera línea de la represión», denuncia.

«Como no dan puntada sin hilo, el “protocolo” le dedicó un capítulo especial a la tarea de los periodistas, que no tendrán libertad para cubrir la represión callejera. Deberán ocupar el lugar que le indique las fuerzas de seguridad actuantes, cercenando la libertad de prensa y la posibilidad de cubrir cómo corresponde la represión. Es sabido que en muchas manifestaciones la presencia de medios de comunicación sirve como protección a los manifestantes, y son innumerables los casos en los que fue sólo gracias a la presencia de periodistas que se pudo reunir las pruebas necesarias para esclarecer crímenes contra el pueblo (Kosteki y Santillán y Mariano Ferreyra)» finaliza.

Por otro lado, La senadora provincial del FIT, Noelia Barbeito, presentó esta mañana en la Legislatura provincial un proyecto de declaración que tiene por objeto que la casa de las leyes repudie y rechace la Resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación conocida como “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”

La referente de la izquierda mendocina señaló que «No quieren que tengamos ningún derecho. Hay despidos, ajuste, tarifazos y el gobierno ahora nos quiere prohibir protestar ante esta situación. No vamos a permitir que avasallen derechos elementales del pueblo trabajador» y agregó que este hecho » constituye un avance de las atribuciones a las fuerzas de seguridad para reprimir cualquier manifestación social y una mayor criminalización de la misma. Esto ya lo estamos viendo en nuestra provincia con la política de Cornejo para criminalizar a quienes se movilizan por las calles de Mendoza usando el artículo 194 de Código Penal puesto por la dictadura de Onganía. Llamamos a todas las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos a impulsar una gran campaña contra este avance represivo, anti democrático e inconstitucional. En este sentido estamos convocando a una audiencia pública a distintas organizaciones y trabajadores de toda la provincia para encarar una defensa común de un derecho elemental como lo es el de manifestarse».