La iniciativa la tomó la Municipalidad de Mendoza Ciudad en marzo, luego de restringir la actividad de cuidacoches y lava autos no regularizados dentro del programa de estacionamiento medido. En aquel momento la comuna tomó la iniciativa y la incluyó en la propuesta de modificación del Código Contravencional; al mismo tiempo, desde todos los departamentos del Gran Mendoza coincidieron en que trabajarían en conjunto para terminar con la presencia de estas personas en las calles.
Pero también la comuna del radical Rody Suárez aplica graves multas a aquellos se manifiestan en la vía pública e impiden la libre circulación vehicular. Tal es el caso reciente de la sanción por $53.400 a la Asociación de Propietarios de Taxi de Mendoza (Aprotam) por cortar la calle mientras se manifestaban en la intersección de Rivadavia y Espejo. «Esta conducta está tipifica como una infracción gravísima según las normativas que rigen en la Ciudad de Mendoza», indicó la comuna a través de un comunicado y se les aplicó la multa que establece el art. 19 del Código de Convivencia. Con los mismos argumentos también avanzaron en otras oportunidades contra los trabajadores, sectores populares y movimientos de izquierda locales.
Posteriormente, surgió el proyecto de modificación del Código de Faltas -impulsado por Cornejo y enviado a la Legislatura para su tratamiento en mayo- donde establece sanciones y multas para quienes no tengan autorización legal para cuidar vehículos en las calles. En pocas palabras, la intención es la misma que tuvo Ciudad: erradicar a los “trapitos” y castigar a quiénes se manifiestan en las calles.
La oposición ya anunció que no acompañará la iniciativa por considerar que no han sido tenidas en cuenta sus propuestas de cambios y porque “criminaliza a la pobreza y atenta contra las expresiones democráticas”. No obstante, desde el oficialismo se han mostrado confiados en que se aprobará.
El Frente de Izquierda se opone a esta nueva imposición de Cornejo a las libertades democráticas: «Una propuesta represiva y anti democrática mediante la denominación de ‘Código de convivencia’. Este no es más que un pequeño código penal provincial, lo cual es violatorio de la constitución», sostienen en un comunicado.
En ese combo de reformas entran otros aspectos que van más allá de la erradicación de los trapitos, desde ya muchos más graves, denuncian desde el FIT «Este código de convivencia pena con multa o cárcel infracciones tales como que un niño pegue carteles para buscar a su mascota. Penaliza toda concentración popular, como los festejos por un éxito deportivo. Permite la actuación policial a discreción, consiguiendo una violación del principio democrático de que ‘quien es juez no puede ser acusador’. Se avanza con la figura de la averiguación de antecedentes con penas de 3 días hasta 10 días de arresto, gran herramienta policial para amedrentar los sectores populares».
El senador provincial Víctor da Vila del Frente de Izquierda-Partido Obrero afirma que este proyecto busca regimentar la vida urbana y social de la población, en nombre de la convivencia “Nos oponemos a esta nueva ofensiva del gobierno contra los trabajadores y la juventud, rechazamos cualquier intento de regimentar la vida de los mendocinos, la lucha de los trabajadores y cualquier tipo de expresión artística y popular”.
