Días atrás, cientos de personas se presentaron frente al Congreso Nacional y movilizaciones en las principales ciudades del país, junto al pedido de aprobación de la ley del aborto, se manifestaron también por la separación del Estado y la Iglesia. La “Campaña Nacional por un Estado Laico” comenzó después de que en Diputados se le diera en junio la media sanción al proyecto del aborto. Este avance de los políticos logró que muchos se aventuraran a pensar que varias cosas pueden cambiar en la Argentina, por lo que se desató la idea de que es posible conseguir un Estado verdaderamente laico.
El debate por el financiamiento de la Iglesia católica se intensificó este año luego de que el Jefe de Gabinete Marcos Peña afirmara que durante el año 2018 el Estado nacional dedicará más de 130 millones de pesos a pagar sueldos de obispos cuyo ingreso mensual es de hasta 46.800 pesos.
Mendoza va un paso más adelante y presenta un proyecto de Ley en la legislatura provincial que hace foco en las exenciones impositivas que goza la actual institución católica y otras congregaciones religiosas. La dirigente del Frente de Izquierda Noelia Barbeito explicó que «presentamos el proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia con el objeto de derogar el inciso «b» del artículo 74 del Código Fiscal mediante el cual se establece que la Iglesia Católica y las Congregaciones religiosas están exentas de impuestos. A la vez establece la prohibición de generar esta exención en las futuras leyes impositivas y la invitación a adherirse a los municipios para también quitar la exención de las tasas municipales donde las hubiese».
Y agregó que «este privilegio que poseen las organizaciones religiosas implica que todos los mendocinos y mendocinas, independientemente de la religión que profesan o si no profesan ninguna religión están sosteniendo económicamente determinado culto y privan al Estado provincial de ingresos que podrían ser utilizados para el desarrollo de políticas públicas. Sostenemos la libertad de toda persona a tener su creencia y agruparse con quienes piensen y sientan de la misma manera. Pero rechazamos que sea el Estado y el dinero público quien los financie y les de privilegios por sobre el resto de las personas y organizaciones.»
En el mismo sentido la diputada Macarena Escudero afirmó que «este proyecto está en sintonía con el presentado por Nicolás Del Caño en el Congreso de la Nación que busca terminar con una serie de privilegios económicos y jurídicos que goza la Iglesia Católica, muchos de ellos otorgados por las últimas dictaduras. La enorme lucha del movimiento de mujeres por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo evidenció las presiones que ejerce la Iglesia en contra de nuestros derechos. Incluso en nuestra provincia juega un rol activo en la no implementación de la Ley de Educación Sexual y el Protocolo del Aborto No punible, mientras que todos la sostenemos con nuestros impuestos. Por eso resulta de suma urgencia avanzar en la separación de la Iglesia del Estado como cada vez reclaman más sectores de la sociedad».
