Aprobaron la nueva Ley de Movilidad mendocina: El FIT denuncia que es un «regalo» para los empresarios del transporte y para el avance de la precarización laboral

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En medio de protestas de taxistas y choferes de transportes escolares, la Cámara de Senadores aprobó hoy la nueva ley de Movilidad, que actualiza la vieja ley de Transporte. La votación resultó 24 a 14, donde el PI y el PJ intentaron realizar modificaciones, pero no llegaron a obtener el consenso necesario, no obstante, solo el Frente de Izquierda votó monolíticamente en contra de la nueva Ley de Movilidad en la provincia de Mendoza, denunciando que esta nueva medida promueve «la entrega del transporte público mendocino a los empresarios», dado que  «esta ley de transporte les garantiza a las empresas importantes ganancias pero no frecuencias y un buen servicio a los usuarios del mismo».

El senador provincial del FIT-PO, Víctor da Vila, señaló que «El trasporte es un servicio público con lo cual organizarlo bajo la premisa de que sea rentable es una contradicción en términos, ya que las empresas nunca van a perder porque Mediante la ‘Rentabilidad Razonable’ el Estado garantiza las ganancias con fondos públicos, para esto crea el ‘Fondo compensador del transporte’, que en definitiva significa que los vecinos pagaremos doblemente el servicio de trasporte público: al comprar el pasaje, y con los impuestos que van a parar al ‘Fondo compensador del trasporte».

«Desde la izquierda impulsamos la implementación de la tecnología y soportes digitales, pero estas nunca pueden ser la punta de lanza de la flexibilización y precarización laboral como lo plantea esta Ley que condena a los trabajadores del volante a la que se desconoció su relación de dependencia y por lo tanto exime a Uber y otras empresas similares de cargas sociales, aportes jubilatorios, seguros y atención medica», señaló.

«Es por todo esto que desde el FIT rechazamos de plano esta Ley y reclamamos un sistema de transporte organizado en función de las necesidades de la población y no de la rentabilidad empresarial, también que sea público estatal, jornadas laborales de seis horas para sus trabajadores y salarios que cubra la canasta básica mínima» destacó el legislador da Vila.

Por su parte, el senador del FIT-PTS Lautaro Jimenez expresó «Este proyecto está hecho a medida de los grandes empresarios del transporte. El artículo 21 parece redactado directamente por el Sr. Pensalfine. Allí se establece » Los concesionarios tendrán derecho a que el concedente les garantice una rentabilidad promedio razonable, la que deberá mantenerse durante la vigencia del contrato de concesión «, es decir que el Estado con los recursos de los mendocinos deberá asegurar las ganancias de las empresas. Lejos de cualquier tipo de riesgo empresario, si a las empresas les va mal el Estado con subsidios o autorizando tarifazos les permitirá obtener sus ganancias. Durante el gobierno de Cornejo el boleto ha aumentado un 175% y las empresas durante 2018 recibirán $1500 millones en subsidios, pero el servicio no mejora. Profundizaron el vaciamiento de la STM, ex EPTM, entregando el recorrido del Trole Godoy Cruz – Las Heras a El Trapiche. Le bajaron las multas a las empresas por incumplimiento. Este modelo de privatización del sistema de transporte público ha fracasado. El Frente de Izquierda propone una ley de transporte público 100% estatal terminando con el lucro y especulación privada, para garantizar un servicio público seguro y de calidad, bajo control de sus trabajadores y usuarios y la implementación del boleto educativo gratuito.”

“Desde el bloque del Frente de Izquierda vamos a rechazar una nueva ley de Cornejo que es un regalo para las empresas de colectivos y multinacionales como UBER La multinacional norteamericana, valuada en 70.000 millones de dólares, viene a traer más tercerización laboral y trabajo precario. UBER no paga aportes patronales, tampoco vacaciones ni seguro de riesgos de trabajo. Los trabajadores están flexibilizados y obligados a jornadas extenuantes ya que UBER posee un método de calificación de sus choferes por aceptar viajes. La superexplotación laboral que hace peligrar la vida y la salud del chofer y la de los propios pasajeros es el ’secreto’ de UBER para ofrecer un costo más bajo”, sostuvo el legislador mendocino.

En el mismo sentido, la dirigente del FIT Noelia Barbeito explicó que: “Si UBER encuentra terreno fértil para desarrollarse es producto también de la falta de trabajo y de las malas condiciones laborales en las que trabajan los peones de taxis. Así como también la «uberización» se utiliza para presionar a la baja en los derechos laborales de los choferes de Taxis y Remises, fomentando el trabajo en negro y la flexibilización laboral en todo el sector. Estas multinacionales y los gobiernos que la respaldan realizan una fuerte operación ideológica. UBER considera a los choferes como “empresarios autónomos” a los que les facilita relacionarse con sus “clientes” a través de la App, sin relación laboral alguna con la empresa. La idea es perversa: los trabajadores han perdido todos sus derechos, porque ¡ahora son empresarios! Vaya vuelta ingeniosa para explotar mejor”.