El aumento de nafta indignó a Gioja: «El Gobierno debe explicar por qué aquel acuerdo de precios quedó afuera de la Ley de Acceso a la Información, que hasta donde se sabe tiene el carácter de ser bastante turbio»

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En este país de película esta fue una de las tantas novelas de la semana. El jueves se anunció que la AFIP iba a aumentarle a las estaciones de servicio el impuesto a las transferencias de los combustibles (ITC) y que la medida iba a tener impacto en los usuarios, ya que los empresarios trasladarían parte de la suba al precio de las naftas y el gasoil. Luego se informó que los precios no aumentarían, porque el Ministerio de Energía había llegado a un acuerdo con los estacioneros para que absorbieran el incremento por un par de meses.

Horas más tarde se comunicó que cada estación definiría si trasladaba el aumento y que, de hacerlo, el porcentaje sería de alrededor del 1,3% a partir del lunes.

Pero al final el aumento empezó a regir ayer en todas las estaciones, y con un promedio de suba más alto, que rondó el 5%.

Aún peor, ya se anticipó que en julio los precios de los combustibles pegarán otro salto, esta vez del 3%.

No obstante, el Gobierno aclaró que el aumento es parte de la reformulación del acuerdo de estabilidad de precios que alcanzó a comienzos de mayo con las empresas YPF, Shell y Pan American Energy, el cual apuntaba a congelar los precios durante dos meses, a lo que se sumó la transferencia al precio final del aumento del ITC.

Una señal de que el aumento que se viene en julio no será el último queda expuesta en un tramo del comunicado del Ministerio de Energía, que anticipa: “En los próximos dos meses continuaremos monitoreando la evolución del mercado para evaluar la continuidad del acuerdo, su eventual modificación y/o efectuar las compensaciones que requiera”.

“Los productores de petróleo crudo acompañarán este esfuerzo limitando los precios de la compra-venta de su producción en el mercado interno durante mayo, junio y julio del corriente año”, dijo el Ministerio en un comunicado.

Desde el primero de enero rige la libre disponibilidad de las petroleras para fijar los precios de los combustibles en función de las variaciones de mercado, a pesar de lo cual el año pasado lograron incrementar en torno al 30% sus precios, varios puntos arriba de la inflación.

 

Gioja presentó un proyecto un día antes de que el Gobierno Nacional desestimara el acuerdo «secreto» firmado con las empresas del sector de los combustibles el 8 de mayo

El Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el sanjuanino José Luis Gioja, presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo informe sobre el “frustrado” acuerdo de precios de combustibles, argumentando que “el Gobierno que levanta la bandera de la transparencia firmó un acuerdo con carácter de secreto y exceptuado de la Ley de Acceso a la Información”.

«Esto que ha hecho el Gobierno Nacional es de una gravedad institucional inusitada, no respeta el más mínimo derecho republicano consagrado en nuestra Constitución Nacional», de esta manera, Gioja se refirió a Acuerdo de Estabilidad de Precios con Cuenta Compensatoria firmado entre el Ministerio de Energía y las empresas del sector de combustibles, que ahora se sabe que quedó desestimado.

En la iniciativa legislativa, registrada como D-3381/18, presentada el jueves 31 de mayo, un día antes que el Gobierno diera marcha atrás con el acuerdo suscripto con las empresas petroleras el 8 de mayo, el legislador por el Peronismo de San Juan reclama que el Poder Ejecutivo informe sobre 6 puntos:

1. Que dicho Acuerdo sea remitido en copia fiel a la Cámara de Diputados.

2. Que se indique en qué fecha fue suscripto el referido Acuerdo.

3. Que se señale quiénes fueron las partes que lo suscribieron.

4. Que se expliquen los motivos o causas por los que no fue publicado el Acuerdo. Asimismo, se justifique por qué se exceptuó de la aplicación de la ley 27275.

5. Que se precise el plazo de vigencia del Acuerdo.

6.  Que se estipule las condiciones del Acuerdo, con detalle de los precios de combustibles a suspender y las formas de compensación dispuestas para las empresas participantes.

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Gioja no ahorró críticas, «el Gobierno debe explicar por qué aquel acuerdo de precios quedó afuera de la Ley de Acceso a la Información, que hasta donde se sabe tiene el carácter de ser bastante turbio», y agregó que «lo único cierto es que este Gobierno liberó el precio de los combustibles y los dejó librado a las leyes del  mercado, el resto forma parte de un arreglo que tiene visos de ser espurio y que lo más probable es que no se cumpla, como quedó demostrado».

Según surge de informaciones periodísticas, hubo un «acuerdo secreto» por congelamiento de precios de naftas y gasoil, el que forzaba al Estado Nacional a «compensar» a las petroleras. Ese Acuerdo de Estabilidad de Precios con Cuenta Compensatoria fue firmado el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, con representantes de YPF, Shell y Axion pasado 8 de mayo y por un lapso de ocho meses, pero la realidad económica obligó al Gobierno a dar marcha atrás con el mismo.

«Hoy nos enteramos que aquel convenio para frenar los aumentos de los combustibles se cayó por imperio de la realidad económica, pero hay que decir que el Gobierno, que levanta la bandera de la transparencia, firmó un acuerdo de precios, con carácter de ‘secreto’ y exceptuado de la Ley de Acceso a la Información, con las empresas del sector de los combustibles y nunca conocimos sus alcances.  Esto nos genera muchas dudas, e independientemente que aquel acuerdo haya pasado al olvido, el Gobierno debe explicar con claridad a qué se comprometió con las empresas», finalizó el diputado Gioja.