El uso del fracking y el «puede fallar»: La izquierda está preocupada por las explicaciones oficiales en la Legislatura que dejó serias dudas en los controles por contaminación

Actualidad

Funcionarios de Ambiente y Economía  del gobierno de Mendoza se reunieron con diputados, encabezados por el titular de la Cámara, Néstor Parés, para explicar los alcances de la explotación piloto que se realiza en Mendoza para extraer petróleo con técnicas No convencionales.

El secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú y la secretaria  de Protección Ambiental, Miriam Skalany,   coincidieron en la necesidad de contar con información técnica suficiente para despejar dudas en la comunidad sobre esta técnica no convencional.

Al respecto Guiñazú dijo que  “los riesgos son los mismos que con la explotación convencional, lo más grave que se puede enfrentar es el derrame superficial de aguas de formación, que es el agua utilizada para la fractura. Es una actividad absolutamente normal en el petróleo convencional y existen protocolos clarísimos y usados durante décadas en la provincia para resolverlos”.

Agregó, en relación al impacto y los controles ambientales, que “no tenemos que apartarnos de la objetividad de lo que estamos haciendo. Nosotros no estamos jugando con nada que pueda ocasionar una catástrofe  ambiental“ y señaló además que  la provincia “promueve el uso del agua de formación, que es el agua que viene de yacimientos“ y que en el caso de tener que usar  agua fresca “quien la autoriza es el  Departamento  General de Irrigación que cuenta con la legislación pertinente para resguardarla y de ninguna manera esa agua va a competir con otros usos que están priorizados por ley”.

Por su parte, el Secretario Mingorance  reiteró que este método “se basa en técnicas que ya existen en la provincia como es la explotación petrolera. No es ni más ni menos de lo que se venía haciendo, salvo, que se hace a mayor profundidad. Nosotros nos estamos basando no en una decisión política solamente de llevar adelante estimulación hidráulica, para poder obtener de los recursos que tenemos mayor cantidad de energía,  sino que nos estamos basando en información técnica que viene de la ciencia, como por ejemplo  de las universidades.”

En tanto, los legisladores de la oposición remarcaron su interés en precisar de qué manera se efectuarán los controles para evitar situaciones peligrosas de contaminación, el tipo de sustancias químicas que se utilizan en esta técnica e hicieron hincapié en la necesidad de reforzar la información sobre el tema a la sociedad.


El FIT muy preocupada por el «puede fallar»

«Puede fallar». Esa era la frase que el mentalista Tusam (padre) decía antes de iniciar sus pruebas, advirtiendo que quizás no podría realizarlas correctamente. Hoy en la Legislatura mendocina se escuchó decir algo similar por parte de los funcionarios de Cornejo. El problema es que la «falla» no tiene las mismas consecuencias que le podrían ocurrir al simpático mentalista televisivo, sino que es un problema mucho peor ya que pueden provocar un grave daño ambiental e incluso atentar con la vida de sus habitantes y de todos seres vivos.

Al finalizar la audiencia, la diputada del FIT, Mailé Rodriguez, señaló que «si bien, lo funcionarios señalaron en distintas oportunidades que el ejecutivo busca garantizar los controles ambientales estipulados en el decreto 248/18, no supieron responder por qué en las experiencias concretas que se están llevando adelante estos controles fallan».

La representante del FIT explicó que «la Dirección de Protección Ambiental había estipulado en la resolución 813/18 que la experiencia piloto que llevaba la empresa El Trébol en Malargüe requería la instalación de freatímetros que tomaran muestras para análisis que deberían efectuarse antes y después de cada intervención. Sin embargo, los mismos terminaron de colocarse cuatro meses después de que finalizara el proceso de estimulación hidráulica, detectando niveles de hidrocarburos en las napas subterráneas mayores a las permitidas, pero privándonos de poder saber si estos valores de contaminación estaban presentes en el acuífero analizado antes de se llevara adelante la experiencia de fracking. La directora Skalany lejos de criticar esa falla en los controles de la DPA, los justificó argumentando que cualquier proceso de contaminación tarde meses en expandirse por las rocas y que a los efectos prácticos da lo mismo que se cumplan o no los tiempos de las normas de la DPA. De la misma forma relativizó los niveles de contaminación detectados, señalando que eran bajos y que era imposible determinar si los hidrocarburos detectados provenían del proceso de fracking o de la lubricación de los propios freatímetros. Lejos de aportar claridad y tranquilidad, dejó una gran incertidumbre sobre la efectividad de los controles y disposiciones de la DPA».

«También les consultamos sobre los químicos que se usaban como aditivos del agua. Pedimos que se nos informara el listado de químicos autorizados para esta práctica, a lo que nos respondieron que si bien se usaban normalmente entre 10 y 12 aditivos para facilitar el trabajo mecánico del agua durante el proceso de fractura, las empresas contaban con «un menú de 600 químicos» entre los que podían optar para hacer esa selección, de acuerdo a las características del agua de formación utilizada, los costos económicos o disponibilidades del mercado. El Subsecretario Emilio Guiñazú, defendió mucho la supuesta normalidad de estas prácticas, pero no supo dar precisiones sobre qué parámetros utilizaba la provincia para autorizar o no ese menú de 600 aditivos y si algunos de ellos se contraponían con las disposiciones ambientales de la 7722 o no» agregó la diputada Rodríguez.

«Guiñazú insistió mucho en que la actividad petrolera tanto convencional como no convencional entraña riesgos ambientales, tanto por las características de la industria petrolera en sí, como el manejo de enormes volúmenes de agua de formación (que contiene muchísima salinidad y compuestos contaminantes). Señalando incluso que -para los acuíferos naturales- son más riesgosos los derrames en superficie que el proceso que se desarrolla entre los 800 y 1800 metros de profundidad. Sin embargo, la empresa El Trébol ha tenido tres derrames en esa zona entre agosto del año pasado y marzo del corriente año. Sin ir más lejos, en el expediente que remitieron a la Legislatura se encuentra un acta de Inspección de la Dirección de Control y Calidad del Agua (Acta Nº 13.353) donde señalan que el 10 de Agosto del 2017, mientras se llevaba adelante la experiencia piloto de esta empresa, se produjo una rotura de una paquetadora de unión entre mangueras que provocó un derrame en superficie de fluidos utilizados en el proceso de estimulación hidráulica. La única respuesta de Guiñazú a este cuestionamiento es que los derrames son normales, que ocurren todos los días, y que el ejecutivo lo que exige es que las empresas lleven adelante el proceso de remediación ambiental, que antes no se hacía» explicó la diputada del FIT.

Por último, Mailé Rodríguez señaló que «las exposiciones de los funcionarios provinciales demuestran que la práctica de fracking además de ser muy controvertida y no contar con licencia social de amplios sectores de la población de Mendoza, entrañan riesgos que no pueden discutirse sólo entre el gobierno y las empresas, y que la Legislatura debe darle tratamiento a los proyectos presentados por distintos sectores que se oponen al fracking».