La administración del gobernador Alfredo Cornejo en Mendoza enfrenta cuestionamientos por el uso de una red de fondos fiduciarios públicos que operan al margen de los controles presupuestarios tradicionales. Estas estructuras paralelas han generado denuncias por opacidad y desvío de recursos, como evidenció la cuestionada utilización de un fideicomiso petrolero para financiar gastos personales de una funcionaria.
Tal es el caso de nuestra entrañable Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, que quedó en el centro de una controversia por el uso de recursos públicos para financiar una maestría que cursó en modalidad virtual en la Universidad Francisco Marroquín, institución académica guatemalteca, si de Guatemala. Según la documentación difundida por medios mendocinos, el Estado provincial le reintegró $13.643.838 el 4 de febrero de 2026, una suma que equivale a unos US$ 10.666 al tipo de cambio utilizado en la operación. El dato no es menor: no se trata de una capacitación colectiva para empleados del Estado, sino del financiamiento de los estudios de una ministra que ocupa uno de los principales cargos políticos del área energética provincial.
El dinero salió del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas, administrado por Mendoza Fiduciaria y alimentado, entre otros recursos, por aportes vinculados a concesiones y actividades petroleras. Es decir, fondos relacionados con una actividad estratégica de la provincia terminaron cubriendo una formación académica individual. Latorre defendió la decisión y sostuvo que la capacitación contribuye al fortalecimiento institucional, con el argumento de que el Estado debe promover la formación continua de sus profesionales. Pero esa explicación deja una pregunta sin resolver ¿Qué mecanismo garantiza que un beneficio de este tipo responda a una necesidad institucional concreta y no se convierta en una ventaja particular para quien ocupa un cargo de poder?
La cuestión se vuelve más delicada porque Latorre no es una agente de carrera que solicitó una capacitación dentro de un programa general para trabajadores públicos. Es la ministra que conduce Energía y Ambiente, el área vinculada con la actividad hidrocarburífera de la que provienen los recursos utilizados. La información publicada señala que el trámite pasó por los mecanismos administrativos del fideicomiso y que hubo una aprobación inicial en agosto de 2025. Por eso, la responsabilidad política no puede agotarse en afirmar que existía una vía administrativa: el Gobierno debe explicar quién evaluó la conveniencia del gasto, qué criterios se aplicaron y qué controles impidieron que el beneficio quedara reducido a financiar el posgrado de una funcionaria de alto rango.
Para ser más claro, amigui biencuyano, el Estado invierte en un ocasional funcionario de cargo político a punto de terminar su mandato (solo le falta un año y después veremos) y no en un personal de carrera de planta permanente que trasciende los períodos de los ocasionales gobiernos de turno… fondos públicos mal invertidos ¿no?
Crecen los interrogantes por la administración de fideicomisos bajo la gestión de Alfredo Cornejo
La utilización de fideicomisos públicos por parte del gobierno de Alfredo Cornejo en Mendoza vuelve a generar debates sobre la transparencia, los mecanismos de control y el acceso ciudadano a la información. Si bien estos instrumentos son legales y suelen emplearse para administrar proyectos específicos, sectores de la oposición, especialistas en administración pública y medios de comunicación han planteado dudas sobre el volumen de recursos gestionados fuera de la estructura presupuestaria tradicional y sobre la escasa información disponible para el seguimiento público.
El Gobierno de Mendoza ha manejado históricamente una red de alrededor de 23 a 24 fideicomisos públicos activos, distribuidos bajo distintas órbitas técnicas. Sin embargo, la gestión actual de Alfredo Cornejo inició un proceso de centralización institucional. El esquema de funcionamiento y distribución de estos fondos se desglosa de la siguiente manera:
- Mendoza Fiduciaria S.A.: Es la principal entidad encargada de la ingeniería financiera estatal. Tradicionalmente ha concentrado la administración de 21 fideicomisos orientados al financiamiento agrícola, vitivinícola, tecnológico y pymes.
- EMESA (Empresa Mendocina de Energía S.A.): Mantiene bajo su tutela fondos fiduciarios clave para el sector de infraestructura energética y megaproyectos, destacando históricamente el manejo de los fondos originalmente destinados a Portezuelo del Viento.
De esta manera, la provincia de Mendoza continúa vehiculizando miles de millones de pesos anuales en partidas específicas —que van desde el millonario fondo de resarcimiento para obras civiles hasta fideicomisos operativos de menor envergadura como el mantenimiento de la residencia oficial
Uno de los puntos más discutidos es que varios fideicomisos administrados por Mendoza Fiduciaria S.A. concentran fondos destinados a áreas muy diversas, desde infraestructura y conectividad hasta el mantenimiento de bienes públicos provinciales. Críticos de este esquema sostienen que la multiplicación de estructuras fiduciarias puede dificultar el control ciudadano y legislativo sobre el destino final de los recursos.
Las controversias más recientes se centraron en el Fideicomiso para la Conectividad para el Desarrollo Productivo, sobre el cual se publicaron cuestionamientos respecto de su funcionamiento, costos administrativos y resultados concretos. Diversas denuncias públicas señalaron que la información disponible no siempre permite evaluar con claridad la eficacia del programa ni el impacto real de las inversiones realizadas.
A ello se suman cuestionamientos vinculados a otros fideicomisos provinciales. En 2025, por ejemplo, surgieron críticas tras una transferencia de más de 65 millones de pesos destinada al fideicomiso que administraba la señal televisiva Acequia, un canal que había dejado de funcionar un año antes. La oposición reclamó explicaciones sobre los gastos y presentó pedidos de informes para conocer el detalle de las erogaciones.
También generó debate una transferencia de 50 millones de pesos al fideicomiso encargado del mantenimiento de la residencia oficial del gobernador. Según diversas publicaciones periodísticas, el decreto correspondiente no detallaba públicamente la distribución específica de esos recursos ni los conceptos precisos que financiarían.
Desde el oficialismo, en tanto, se argumenta que los fideicomisos permiten una gestión más ágil de proyectos complejos y brindan herramientas administrativas adecuadas para ejecutar inversiones estratégicas. Sin embargo, los cuestionamientos persisten debido a la percepción de que los mecanismos de rendición de cuentas no siempre ofrecen el mismo nivel de transparencia que otras dependencias estatales sometidas a controles más directos.
Se patinaron los fondos de Portezuelo del Viento ¿Qué les dejó a los mendocinos?
El agotamiento del histórico fondo de resarcimiento de Portezuelo del Viento, un fideicomiso de USD 1.023 millones del cual la administración de Alfredo Cornejo ya ha comprometido más del 97%. Mientras el oficialismo acelera las licitaciones de última hora con los escasos USD 35 millones remanentes de «la Obra del Siglo» (que no fue), la realidad de la provincia contrasta fuertemente con los anuncios oficiales: la paralización generalizada de la obra pública financiada por la Nación ha dejado a Mendoza en un escenario de asfixia en infraestructura, donde los recursos que debían garantizar una megaobra hidroeléctrica plurianual e histórica terminaron atomizándose en decenas de proyectos viales menores y refacciones municipales dispersas.
Esta liquidación acelerada del «tesoro de los mendocinos» deforma el propósito original del fondo antipatria y enciende alarmas de cara a los próximos presupuestos, ya que, una vez vaciada la caja fiduciaria de Portezuelo, la administración provincial se quedará sin su principal motor de financiamiento, desnudando la alarmante falta de un plan sustentable y genuino para sostener el desarrollo civil e industrial a largo plazo.
Mendoza blinda su información pública: el cerrojo al Boletín Oficial
La bandera de la institucionalidad y la transparencia que el gobernador Alfredo Cornejo suele enarbolar en los foros nacionales sufre un severo desgaste puertas adentro. En las últimas semanas, la administración provincial ha tomado decisiones que restringen el control ciudadano, consolidando un esquema de opacidad que afecta tanto al libre acceso a las normas jurídicas como al reparto discrecional de fondos millonarios a los medios de comunicación.
El primer síntoma de este retroceso institucional se materializó en el Boletín Oficial Electrónico de la provincia. En un movimiento inédito que limita la fiscalización social, el Gobierno provincial dispuso que el ingreso al Boletín Oficial deje de ser irrestricto, exigiendo ahora un usuario y contraseña obligatorios a través de la plataforma estatal MxM.
Lo que históricamente constituyó una herramienta de consulta pública, directa y universal para cualquier habitante, hoy se encuentra detrás de una barrera administrativa que desincentiva la auditoría social de decretos, licitaciones y designaciones.
El laberinto contable para ocultar la pauta oficial
Este bloqueo digital coincide con un frente de conflicto aún más sensible: el destino de la publicidad oficial. Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Fundación Nuestra Mendoza y la Fundación Fiscalía Ciudadana, llevan meses litigando y presentando pedidos de acceso a la información para descifrar cómo se distribuyen los recursos públicos. El propio Poder Ejecutivo ha dilatado las respuestas de manera sistemática, ignorando incluso fallos a favor e incumpliendo la histórica Ley N° 6496, que exige detallar con claridad estos conceptos.
Los números bajo disputa no son menores. De acuerdo con los informes cuatrimestrales de la Contaduría General de la Provincia, la Administración Central de Mendoza destinó aproximadamente $4.500 millones en publicidad y propaganda en un periodo de solo cuatro meses en 2026. Sin embargo, la rendición de cuentas que el oficialismo envía a la Legislatura es calificada por analistas como «un código indescifrable»: las planillas estatales listan las erogaciones asociadas únicamente a números de proveedores contables, ocultando las razones sociales, los nombres de los medios y los criterios objetivos de asignación. Es un esquema diseñado para forzar al periodismo independiente y a los ciudadanos a realizar tareas de investigación forense para descubrir quién cobra y cuánto cobró.
El Artículo 56: el nuevo blindaje en el Presupuesto 2027
La encrucijada legal ha escalado hasta la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, pero el Ejecutivo busca desactivar los reclamos mediante un cambio de reglas de juego en el proyecto de Presupuesto 2027. El polémico artículo 56 de la pauta presupuestaria pretende modificar el régimen de control de publicidad oficial, sustituyendo las obligaciones actuales por un esquema trimestral de información.Las ONG advierten que este artículo representa una maniobra de blindaje para anular legislaciones de transparencia previas y relajar las exigencias contables. El mensaje político implícito resulta preocupante: en lugar de adecuar el sistema para que cualquier mendocino ingrese a un portal público y conozca de forma directa qué tarifas se pagan, qué alcance tienen los medios seleccionados y por qué se eligen, la administración opta por blindar legalmente el secretismo.
ATENCIÓN ???????????? Vecinos reclaman por el mal estado y la mugre que arrojan en la calle Bulnes, desde Acceso Sur hacia el Este. Esa calle cambia de nombre después de la intersección con Terrada y pasa a llamarse Manuel. A. Sáez @MuniLujanDeCuyo @radionihuil https://t.co/N7ZhXDIwDD
— Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) October 26, 2026
URGENTE ???????????? Reportan más de 14 autos con cubiertas reventadas por los baches en Ruta 7, entre Cochabamba y la destilería. Oyente de @radionihuil nos muestran videos de la situación. Uno de los autos reventó dos cubiertas. https://t.co/GggjBz1nAO
— Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) October 24, 2026
Mientras las calles, la infraestructura básica y el sistema de salud provincial exigen mayores recursos, el flujo millonario hacia el aparato de comunicación institucional permanece guardado bajo llave. La información pública no pertenece a los funcionarios de turno; es un bien social. Al restringir el acceso libre al Boletín Oficial y retener los expedientes de la pauta publicitaria, el gobierno de Alfredo Cornejo daña la calidad democrática de Mendoza y alimenta la sospecha de que el dinero de los contribuyentes se administra con el único fin de comprar silencios editoriales.
TORMENTA???????????? Se desbordó una de las boca de desagüe del Hospital Notti y se inundó uno de los sectores del hospital https://t.co/B7M1DFf1y8
— Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) October 21, 2026
El debate de fondo no pasa únicamente por la existencia de los fideicomisos, sino por la necesidad de garantizar información pública detallada, auditorías accesibles y controles efectivos sobre cada peso administrado. En una provincia de Mendoza donde la transparencia suele ocupar un lugar central en el discurso político, la demanda social apunta a que los ciudadanos puedan conocer con exactitud cuántos fideicomisos existen, cuánto dinero gestionan y cuáles son los resultados obtenidos con esos fondos. Todo está a la vista… saquen sus propias conclusiones…
Por Julián Galván
