Un histórico y devastador colapso en el sistema cloacal de Los Corralitos, Guaymallén, ha dejado de ser un problema de infraestructura interna para convertirse en un desastre ambiental y sanitario interdepartamental que ya afecta directamente la salud de los habitantes y la producción del vecino departamento de Lavalle.
El vertido continuo de millones de litros de líquidos cloacales crudos amenaza con transformar de manera irreversible el cinturón verde mendocino.
La crisis, que arrastra años de reclamos vecinales y parches provisorios, estalló de manera incontenible en la intersección de las calles Severo del Castillo y 2 de Mayo, en Los Corralitos. La antigüedad de un colector saturado por el crecimiento urbano provocó roturas que liberan un caudal estimado de hasta 50 litros por segundo. Esto se traduce en más de 1.400.000 litros diarios de efluentes cloacales que corren a cielo abierto por acequias, calles y canales de riego.
Para mitigar la situación en las zonas urbanas de Guaymallén, la empresa Aguas Mendocinas (AYSAM) implementó desvíos y canalizaciones. Sin embargo, la solución temporal agravó el problema aguas abajo: los desechos sin tratar fueron derivados hacia canales de riego y al arroyo Fernández, en el límite directo con Lavalle, contaminando más de 4.000 hectáreas productivas y de residencia.
Alerta sanitaria: Agua con Escherichia coli
Las consecuencias en la salud pública no se han hecho esperar, despertando alarmas generalizadas en las comunidades afectadas de Lavalle y zonas periféricas. Un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo realizado en junio de 2026 confirmó niveles muy superiores a los permitidos de E. coli en el Canal Pescara y en un pozo de agua en La Pega. En el Canal Pescara, la muestra registró valores cercanos a 2.400 unidades, frente al límite legal de 1,8. El agua fue calificada como “no apta para consumo humano”
De esta manera, el exhaustivo estudio microbiológico financiado por organizaciones vecinales y profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) reveló datos alarmantes: de ocho muestras tomadas en la zona afectada, seis dieron positivo para la bacteria Escherichia coli y otros agentes de origen fecal.
Por otro lado, según el Ministerio de Salud de Mendoza, 196 alumnos de la escuela Juan Galo Lavalle y otros casos en la escuela N° 1-661 Juan Domingo Perón presentaron síntomas de gastroenteritis. El virus identificado fue norovirus, altamente contagioso y transmitido por vía fecal-oral.
Las alarmas se encendieron durante la tarde del pasado jueves, cuando el Hospital Sícoli comenzó a recibir las primeras consultas por síntomas compatibles con gastroenteritis. Fue allí donde detectaron que la mayoría de los pacientes eran estudiantes de distintos grados de la escuela Nº 1-065 Juan Galo Lavalle, de Villa Tulumaya. Debido a la deshidratación que presentaban, algunos alumnos debieron ser internados para hidratarse.
La contaminación ha alcanzado de forma directa:
- Grifos domiciliarios y redes de agua de consumo.
- Pozos de agua profunda utilizados para abastecimiento familiar.
- Acequias y canales destinados históricamente al riego de hortalizas del cinturón verde.
Médicos y centros asistenciales locales ya reportan un incremento en los casos de gastroenteritis severas, infecciones intestinales, problemas cutáneos y afecciones respiratorias provocadas por la constante exposición a los gases y los vapores emanados por los piletones de aguas servidas.
Los vecinos denuncian que «viven respirando materia fecal» y temen brotes epidemiológicos mucho más graves si el consumo indirecto de agua contaminada persiste.
La gravedad del hecho llevó al Intendente de Guaymallén a decretar la Emergencia Ambiental y Sanitaria. Sin embargo, la comunidad acusa tanto al municipio como a la provincia de inacción y de intentar encubrir la magnitud del daño mediante «maquillajes urbanos».
La tensión escaló hasta el plano judicial. Vecinos autoconvocados y ONGs como la Fundación Fiscalía Ciudadana formalizaron querellas penales. Como consecuencia, la Justicia imputó formalmente a las máximas autoridades de AYSAM por los delitos de daño agravado y contaminación de cursos de agua con residuos peligrosos, tras comprobarse el vuelco clandestino e inconsulto de desechos crudos sobre la infraestructura hídrica.
Aunque recientemente las autoridades anunciaron la licitación de obras de alivio cloacal por un presupuesto de $6.500 millones, los plazos de ejecución definitivos podrían demorar hasta dos años. Mientras tanto, los habitantes de Lavalle continúan expuestos en la primera línea de una crisis ambiental que avanza en silencio por sus canillas y cultivos.
El expediente lavallino
En la Municipalidad de Lavalle se tramita el Expediente 8967/2025-0, que cita un informe técnico que detalla que la contaminación se propagó desde el Canal Pescara hacia los canales Colonia y Auxiliar Tulumaya, afectando aproximadamente 500 hectáreas productivas.
Lo más grave: más de 490 hectáreas correspondían a cultivos no permitidos y productos de consumo directo, regados con aguas cloacales sin tratamiento. Entre los distritos afectados se encuentran Las Violetas, La Pega, El Vergel, El Paramillo y La Palmera.
El expediente advierte sobre la presencia de Escherichia coli, Salmonella, Hepatitis A, Rotavirus, Norovirus, Giardia lamblia, Cryptosporidium y metales pesados como cadmio, plomo, zinc y níquel. La normativa vigente —como la Resolución 400/03 del DGI— prohíbe expresamente el riego de cultivos de consumo en fresco con aguas cloacales. Sin embargo, la autorización excepcional del DGI contradijo ese principio, exponiendo una falla crítica en la coordinación interinstitucional.
Impactos ambientales y agronómicos
El informe municipal describe un escenario de contaminación hídrica alarmante. Los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Demanda Química de Oxígeno (DQO) superaron ampliamente los límites normativos, generando procesos de eutrofización en los cauces y riesgo de infiltración hacia las aguas subterráneas.
La consecuencia inmediata fue la afectación de cultivos de consumo directo, con riesgo de bioacumulación de metales pesados en tejidos vegetales y la posible entrada de alimentos contaminados al mercado. El expediente advierte que la falta de decomiso de los productos contaminados incrementa el peligro de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA).
Las preguntas del millón a todo este desastre ambiental que deja a la provincia de Mendoza en alerta máxima son ¿Qué está haciendo el gobernador Alfredo Cornejo ante todo este colapso ambiental? ¿Qué hace la ministra de Ambiente Jimena Latorre, además de viajar por el mundo para cerrar negocios empresariales con las mineras? ¿Qué hace el ministro de Salud Rodolfo Montero, además de cerrar negocios con los laboratorios extranjeros? ¿Que hace el ministro de Educación Tadeo García Zalazar que en vez de preocuparse por la salud de la comunidad educativa lavallina, está dedicado a hacer tik toks y en su campaña para gobernador?
Con información de Explícito, La Izquierda Diario, MDZ
