Docentes jubilados de Mendoza denuncian una fuerte merma en sus haberes por la cláusula de garantía: les sacaron entre un 25 y 40 por ciento de su jubilación.
En ese marco y a fin de impulsar una ley de reparación previsional, el diputado provincial, Lucas Ilardo, recibió en la Legislatura de Mendoza a más de 40 docentes jubilados de distintos puntos de la provincia. Parte de ellos participó de manera presencial y otros se conectaron de forma virtual desde diferentes departamentos para exponer una problemática que vienen reclamando desde hace tiempo.
El planteo se vincula con docentes que, durante su etapa activa, percibieron parte de sus ingresos a través de la denominada cláusula de garantía con carácter no remunerativo y que sostienen que esa situación terminó impactando negativamente al momento de determinar sus haberes jubilatorios.
El reclamo alcanza especialmente a quienes se jubilaron durante el período comprendido entre 2024 y 2026. En abril de 2024, el Gobierno provincial había establecido en paritarias un mecanismo para revisar la situación de los docentes próximos a jubilarse y contempló la posibilidad de transformar la cláusula de garantía en remunerativa. Sin embargo, el procedimiento administrativo específico fue reglamentado por la DGE recién en mayo de 2026.
Durante el encuentro, los docentes relataron sus experiencias, los reclamos realizados ante los organismos provinciales y las dificultades para obtener respuestas. También plantearon la necesidad de que la solución no dependa de que cada jubilado deba iniciar individualmente un nuevo expediente o recurrir a la Justicia.
Tal fue el caso de Mabel, una de las docentes jubiladas afectadas, quien recapituló el origen del reclamo y la falta de respuestas oficiales: «Somos docentes jubilados en el año 2024 y parte de 2025 e inicios del 2026, donde hay un incumplimiento de un inciso de la paritaria de abril de 2024».
La docente señaló que la resolución posterior de la DGE dejó en una situación de total vulnerabilidad a quienes se retiraron antes de su entrada en vigencia, con reducciones de hasta el 45% en sus ingresos previsionales. En la misma línea, cuestionó la falta de canales de diálogo gubernamentales: «Tenemos reclamos administrativos pero a montones con expedientes, hemos pedido inclusive hasta audiencia con el ministro y todo es negativo”.
En tanto, Laura, también docente, sintetizó el panorama general que atraviesa el sector tanto en actividad como en el ámbito pasivo, marcado por el ahogo financiero y el impacto directo de la denominada cláusula de garantía. Al referirse al espacio de organización gremial y de autoconvocatoria que les permitió visibilizar el conflicto, valoró el acompañamiento legislativo obtenido: «Me voy contenta porque me voy con un aliento y una esperanza de que esto, no ahora, pero sé que va a haber una solución. Tiene que haber una solución».
Al respecto, el diputado provincial Lucas Ilardo explicó cómo se gestó el vínculo con el sector y ratificó su postura frente al conflicto: «Me contactaron por redes docentes, me pidieron que los ayudara, empecé a visibilizar el tema, me escribieron, los organizamos, juntamos sus números de teléfono, hicimos una reunión, hay más de 150, hoy vinieron ellos porque hay muchos del interior de la provincia, pero que están informados. Estamos comprometidos con esto porque es una injusticia, han perjudicado a un grupo mínimo de docentes discriminándolos y lo único que quieren es tener igualdad de condiciones con respecto a sus compañeros, les han robado parte de la jubilación”
En esta línea es que Ilardo se comprometió a avanzar con dos herramientas legislativas. La primera será un proyecto de declaración para impulsar la celebración de un convenio específico entre el Gobierno de Mendoza y ANSES que permita revisar de manera colectiva la situación de los docentes afectados y avanzar en una solución administrativa.
La segunda iniciativa será un proyecto de Ley de Reparación Previsional Docente, que buscará establecer un mecanismo colectivo para identificar a los afectados, revisar las liquidaciones y certificaciones realizadas por la Provincia, regularizar los aportes y contribuciones que correspondan y generar las condiciones necesarias para solicitar ante ANSES la revisión de los haberes previsionales.
La intención es que el Estado pueda realizar el relevamiento de oficio, utilizando la información salarial y previsional que ya se encuentra en poder de la DGE, evitando que cada jubilado tenga que volver a demostrar individualmente una situación que puede ser identificada a partir de los propios registros oficiales.
El equipo legislativo continuará trabajando junto a los docentes y analizando la documentación y los antecedentes administrativos para determinar el universo de afectados y terminar de definir el contenido de ambas iniciativas.
