El gobernador Alfredo Cornejo expresó su respaldo a la política impulsada por el Gobierno de Javier Milei en torno al reclamo por las Islas Malvinas y apoyó el envío al Congreso de un proyecto destinado a reafirmar los derechos soberanos de la Argentina.
A través de un posteo en sus redes sociales, el gobernador mendocino sostuvo que la cuestión Malvinas debe ubicarse por encima de las diferencias entre los distintos espacios políticos. «La defensa de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas es una causa nacional que está por encima de cualquier diferencia política o partidaria«, afirmó Cornejo.
En ese sentido, expresó el acompañamiento de Mendoza a la iniciativa nacional: «Desde Mendoza respaldamos el envío al Congreso del proyecto que reafirma los derechos soberanos de la Argentina».
El gobernador también vinculó el reclamo de soberanía con la historia de Mendoza y recordó que fue en la provincia donde José de San Martín organizó el Ejército de los Andes antes de iniciar la campaña libertadora.
«Malvinas exige una política de Estado: firmeza en el reclamo, respeto por nuestros veteranos y una defensa permanente de nuestros derechos soberanos por las vías diplomáticas y conforme al derecho internacional», concluyó.
Los dichos de Alfredo Cornejo se contradicen con las acciones, ya que la provincia de Mendoza atraviesa un proceso sistemático de desmantelamiento de su soberanía económica y de sus recursos estratégicos bajo su actual gestión como gobernador.
Lo que el oficialismo defiende en foros empresariales como «seguridad jurídica» y «atracción de inversiones», se consolida ante los ojos de la ciudadanía como una entrega planificada del patrimonio público al capital transnacional.
Tres pilares sostienen esta alarmante claudicación: la privatización forzada de la emblemática empresa IMPSA, el desembarco de la cuestionada estatal israelí Mekorot para gestionar el agua y la flexibilización de los controles ambientales para favorecer a las mineras extranjeras.
IMPSA: De orgullo tecnológico mendocino a saldo extranjero
El traspaso de las acciones de IMPSA a manos del fondo norteamericano ARC Energy marcó un hito de desinversión estatal. La histórica firma metalúrgica nacida en Mendoza, poseedora de un valor estratégico indiscutible en energía hidroeléctrica y nuclear, fue rematada por la gestión conjunta de la Nación y el gobierno de Cornejo.
La justificación oficial de una supuesta «inviabilidad financiera» choca frontalmente con la realidad comercial de la empresa, que poco después de su privatización demostró su vigencia técnica al sellar millonarios acuerdos internacionales para rehabilitar centrales hidroeléctricas.
Vender a precio de saldo una corporación con capacidad de desarrollo nuclear y tecnológico propio no representa una solución económica; constituye una transferencia neta de soberanía e inteligencia industrial hacia corporaciones estadounidenses.
Mekorot y el negocio del agua en la provincia de la sequía
El recurso más crítico e identitario de la provincia, el agua, quedó atrapado en el diseño técnico de Mekorot, la empresa estatal de aguas de Israel. El denominado «Plan Maestro», gestionado por Irrigación y el Ejecutivo mendocino, avanza sin la transparencia debida y bajo serias advertencias de organizaciones sociales.
Bajo el pretexto de la eficiencia hídrica ante el cambio climático, el modelo impulsado por Mekorot prioriza una lógica de mercantilización. Organizaciones socioambientales y asambleas por el agua denuncian que las reformas en curso y el nuevo Código de Aguas buscan blindar la entrega de caudales de los ríos para los proyectos extractivistas, mientras se prepara el terreno para cobrar tarifas al consumo de los usuarios comunes.
Confiar el planeamiento hídrico a una firma denunciada internacionalmente por restringir el acceso al agua a poblaciones vulnerables es una abierta renuncia a la soberanía ambiental.
Alfombra roja a la minería trasnacional y el RIGI
El último vértice de esta entrega se escenificó en el Foro de Minerales Críticos EE.UU.-Argentina. Allí, Cornejo exhibió a Mendoza como un territorio listo para el desembarco minero metalífero, apalancado por el controvertido Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Para complacer al capital extranjero, la gobernación impulsó la flexibilización de los debates y agilizó los avales legislativos para la exploración a gran escala. El Gobierno promete controles estrictos, pero la entrega de zonas cordilleranas a corporaciones multinacionales que gozan de exenciones impositivas extremas y prioridades de uso de recursos deja a las comunidades mendocinas desamparadas.
La riqueza metalífera se irá en forma de lingotes crudos al hemisferio norte, dejando en la provincia pasivos ambientales indeseados y cuencas hídricas bajo un estrés permanente.
El aval al desarraigo: el alineamiento con la extranjerización de la tierra
La entrega del patrimonio público se complementa con la complicidad del oficialismo mendocino en el plano legislativo nacional. Durante el debate del polémico proyecto de ley impulsado por la Casa Rosada para flexibilizar la Ley de Tierras, el «cornejismo» optó por un silencio estratégico que escondió un respaldo condicionado.
Mientras la conducción nacional de la UCR manifestaba orgánicamente su rechazo ante el riesgo de ceder recursos y soberanía fronteriza, los senadores que responden directamente a Alfredo Cornejo aportaron sus votos al oficialismo libertario en el poroteo general del Senado.
Aunque la presión social en las calles y la falta de consenso obligaron finalmente a retirar el capítulo que ampliaba la venta de campos a capitales extranjeros, los legisladores mendocinos dejaron en claro que su prioridad no es blindar el territorio, sino allanar el camino para el libre mercado inmobiliario rural, arriesgando incluso las zonas cordilleranas y los acuíferos de alta montaña.
Mendoza no está atrayendo desarrollo; está rifando sus pilares estratégicos. La entrega de IMPSA, la privatización de los criterios de gestión del agua y la entrega de la cordillera a las mineras configuran un modelo de sumisión económica que compromete seriamente el futuro de las próximas generaciones de mendocinos. Ah si… y «Las Malvinas son Argentinas»
