La iniciativa establece un Régimen de Protección y Promoción de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y propone herramientas concretas para prevenir el abandono, el maltrato y la negligencia. El proyecto contempla una línea nacional de atención las 24 horas y protocolos específicos para actuar frente a situaciones de vulnerabilidad.
En muy poco tiempo, tres personas mayores murieron en Mendoza en situaciones en las que la Justicia investiga posibles casos de abandono. Uno de ellos es el de Trinidad Arce, de 76 años, noticia que fue publicada en diversos medios de la provincia. Se trata de casos que vuelven a poner en el centro de la discusión una problemática que durante demasiado tiempo permaneció invisibilizada: qué sucede cuando una persona mayor queda sola, desprotegida o sometida a situaciones de abandono, negligencia o maltrato, y el Estado, la familia o las instituciones no llegan a tiempo.
Frente a esta realidad, la senadora Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto de ley para establecer un Régimen de Protección y Promoción de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con alcance en todo el territorio nacional.
La propuesta parte de una definición fundamental: las personas mayores son sujetos de derecho y deben contar con una protección integral que garantice una vida digna, autonomía, salud, seguridad social, participación, vivienda, alimentación y protección frente a cualquier forma de violencia o abandono.
El proyecto incorpora una definición amplia de abuso y maltrato, incluyendo no sólo la violencia física o psicológica, sino también el abandono y la negligencia, el abuso económico y patrimonial, el abuso sexual, el maltrato medicamentoso, el maltrato simbólico y las situaciones de vulneración estructural que impidan la autonomía de las personas mayores.
En particular, la iniciativa considera maltrato negligente a toda acción u omisión que implique descuido o abandono, intencional o no intencional, respecto de obligaciones esenciales para la vida de una persona mayor que depende de otra, incluyendo su alimentación, higiene, vestimenta, seguridad y salud.
La iniciativa también establece que cualquier persona que tome conocimiento de una situación de abuso, maltrato o vulneración de derechos deberá informarlo a la autoridad correspondiente.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de la “Línea del Adulto Mayor”, un canal nacional, gratuito y disponible las 24 horas, los 365 días del año. La propuesta contempla además la creación de otros canales directos de comunicación, como correo electrónico y redes sociales. La premisa es simple: que pedir ayuda sea fácil, rápido y accesible.
Además, la iniciativa establece que el Estado tiene la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar políticas públicas de carácter federal destinadas a las personas adultas mayores.
En situaciones de desamparo y cuando se encuentre en riesgo la vida digna o la salud de una persona mayor, el Estado deberá garantizar la cobertura de necesidades básicas como alimentación, agua, vestimenta, vivienda y atención de salud.
Al mismo tiempo, el proyecto reconoce la responsabilidad de las familias de brindar atención y protección, y establece que el Estado debe generar las políticas y programas necesarios para que puedan asumir adecuadamente esa responsabilidad.
