Hace unos meses, el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) otorgó el 90% de la capacidad remanente de una línea eléctrica provincial a Vicuña Corp. La decisión fue cuestionada, primero, porque un ente nacional dispuso de una línea provincial pagada por los sanjuaninos; segundo, por el privilegio que le otorga a un proyecto minero en específico. Las partes se vieron las caras en una audiencia pública convocada por el ahora ENReGE (Ente Nacional Regulador de Gas y Electricidad) este miércoles 3 de junio. Intendentes, proyectos mineros (Los Azules, Hualillán, Barrick y Gualcamayo) y el ente provincial expusieron sus argumentos antela decisión precipitada que llegó de Nación.
Hay que ser sinceros… la pelea minera en San Juan no es por el cobre. Es por la energía. Vicuña, sociedad de BHP y Lundin Mining, quedó en el centro de una disputa con otras empresas por la capacidad de transporte de una línea eléctrica clave para el desarrollo cuprífero en el norte provincial. La empresa promete una inversión histórica de USD 18.000 millones, pero antes de activar los desembolsos pidió prioridad sobre casi toda la capacidad de transporte eléctrico disponible.
El dato político pesa. El 17 de febrero, Javier Milei recibió en Casa Rosada a Ron Hochstein, CEO global de Vicuña Corp. y a José Morea, country director de la compañía. También estuvieron Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. El Gobierno presentó el encuentro como respaldo a la mayor inversión extranjera directa de la historia de San Juan.
Morea no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo, entonces funcionario de Macri. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
Al día siguiente de la reunión en Casa Rosada, el ENRE difundió la Resolución 79/2026. El trámite había sido presentado por Transener a pedido de Vicuña Argentina para abastecer la fase 1 de Josemaría, que requiere 260 MW de potencia. La obra incluye la vinculación de la línea Nueva San Juan-Rodeo, la construcción de la estación transformadora Chaparro y una nueva línea de extra alta tensión de 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro. El lobby de la minera, apadrinada por Caputo, tuvo una eficacia eléctrica, que no cayó bien en otros jugadores importantes del sector minero.
El punto que encendió la guerra fue el beneficio regulatorio. La resolución le otorgó a Vicuña prioridad de uso frente a terceros por el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. Según los cálculos de Cammesa, eso equivale al 71% de la capacidad total de una línea de 854 MVA. La misma prioridad alcanza a la nueva línea Rodeo-Chaparro y a la nueva estación Chaparro. Todo por 25 años.
La infraestructura no nació de un repollo privado. La línea Nueva San Juan-Rodeo fue concebida para operar en 500 kV, aunque inicialmente funciona en 132 kV. Tiene unos 162 kilómetros y fue financiada con aportes nacionales, provinciales y recursos de los usuarios sanjuaninos a través de fondos como el PIEDE. Es decir: la obra que ahora disputan las mineras fue pagada durante años por la provincia y por los argentinos.
Vicuña sostiene que no se apropia de nada. Su argumento es que financiará obras nuevas para fortalecer el sistema y que la capacidad incremental quedará dentro del SADI, operada por la transportista. Traducido: asegura que va a agrandar la ruta y que por eso pide carril preferencial. En una empresa competidora lo resumen con menos cortesía: «Todavía no pusieron nada, pero ya pidieron mucho».
El problema es que en San Juan nadie mira esa ruta como una autopista vacía. El EPRE provincial advirtió que la capacidad del corredor no es un excedente disponible sino un recurso estratégico para abastecer la demanda actual y futura de la provincia. También reclamó que Vicuña sea tratada como beneficiaria no iniciadora de una obra que ya fue financiada por otros.
La audiencia pública de este miércoles, convocada por el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, no fue vinculante, pero dejó expuesto el conflicto. El expediente trató el acceso a 260 MW para Josemaría y la ampliación del sistema de transporte eléctrico. Participaron empresas, organismos provinciales y los municipios afectados.
Ahí aparecieron los otros jugadores. Los Azules, Hualilán, Barrick y Gualcamayo plantearon objeciones técnicas, legales y regulatorias. Barrick condicionó su apoyo a que se respeten sus derechos históricos de transporte. Gualcamayo pidió resguardar su potencia energética. Hualilán cuestionó la reserva de capacidad. Los Azules fue más lejos y habló de una prioridad desproporcionada.
Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules, dijo que una prioridad por 25 años sobre infraestructura ya construida equivale en los hechos a una exclusividad sobre un corredor estratégico del SADI. Y agregó que la audiencia debía servir para corregir el acto y preservar la coherencia regulatoria.
También hay que decirlo: No hay ingenuidad en esa pelea. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán defienden sus propios proyectos, sus cronogramas y su acceso a la red. Nadie fue a la audiencia sólo por amor al usuario residencial. Cada uno cuida su pedazo de montaña.
Pero esa disputa empresaria no borra el problema de fondo. Si una sola minera se queda con casi toda la capacidad disponible, Jáchal e Iglesia pueden quedar atados a una red sin margen. El efecto no sería sólo sobre otros proyectos mineros. También puede golpear emprendimientos agrícolas, industriales y comerciales que necesiten energía para crecer.
Los municipios del norte sanjuanino viven de una trama minera diversificada. Gualcamayo, Veladero, Los Azules, Hualilán y Josemaría no son nombres en un PowerPoint: son regalías, empleo, proveedores, rutas, campamentos y recaudación. Si el sistema eléctrico queda capturado por un solo jugador, la provincia queda pegada a una ventanilla única.
El otro temor es más cotidiano. El EPRE pidió acuerdos de mitigación para evitar que una demanda gigante como la de Josemaría deteriore la calidad del servicio. En los pueblos, eso se traduce sin tecnicismos: bajas de tensión, cortes o inestabilidad. La minería mira 500 kV; los vecinos miran la heladera, la bomba de agua y la luz de la casa.
El Gobierno nacional defiende el RIGI y presenta a Vicuña como una postal de la Argentina que viene, pero apareció por una pregunta vieja: quién decide sobre una infraestructura pública cuando el negocio privado necesita pasar primero.
El gobierno de San Juan que conduce Marcelo Orrego tiene un desafío interesante: De un lado, una inversión que puede cambiar la escala minera del país. Del otro, una red financiada por el Estado y por usuarios durante años, que enfrenta la presión de grupo de empresas que compite para entrar al mismo corredor. La montaña promete dólares, pero abajo la pelea es por el cable.
Las mineras de San Juan se unieron contra la resolución del ENRE que favoreció a Vicuña
En una audiencia pública, organismos provinciales, intendentes y proyectos mineros objetaron la resolución del organismo nacional que reservó a un proyecto minero el 90% de la capacidad remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. El organismo nacional tiene 30 días para expedirse.
En total, 13 expositores discutieron la validez del otorgamiento de la prioridad de uso a Vicuña Corp sobre una línea eléctrica provincial por 25 años. La decisión no prevé mecanismos que aseguren que usuarios y otras industrias no pagarán el costo de la modificación, y tampoco brinda certezas de que el sistema no quedará expuesto al colapso ante simples fallas.
Distintos proyectos mineros levantaron la mano para señalar no solo los acuerdos previos con la provincia para usar la línea, sino también los aportes realizados (133,8 millones de dólares en total) para construir el corredor. La decisión del ente nacional, en ese sentido, es leída como una torpeza o una alevosa intromisión.
Los Azules, la oposición más contundente
La oposición más contundente a la resolución del ENRE provino de Los Azules, el proyecto de cobre ubicado en Calingasta que también necesita energía del corredor provincial para su operación.
Miguel Gil Pugliese, gerente de Ingeniería de Andes Corporación Minera, sostuvo en la audiencia que la discusión no pasa por el derecho de Vicuña a abastecer su proyecto, sino por la exclusividad que el ENRE le dio sobre una línea ya existente. Gil Pugliese apuntó contra el plazo de 25 años fijado por la resolución. Según sostuvo, “transforma una asignación de prioridad en una exclusividad sobre un corredor estratégico”.
Más que una cuestión de fondo, la empresa cuestiona la forma. El marco regulatorio permite asignar prioridad a quienes financian nuevas obras, pero eso no aplica para infraestructura ya vigente que no forma parte de la inversión.
El cuestionamiento más severo fue a la capacidad reservada por el ENRE. Al momento de emitir la resolución, el ENRE estableció un porcentaje de exclusividad sobre una capacidad hipotética. El cálculo fue obtenido de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA). Según Los Azules, es una hipótesis simplificadas que no refleja la capacidad real del sistema.
“Asignar el 90% de un número que no ha sido auditado, basado en una hipótesis, por 25 años, no es regulación. Es transferir un activo público a un privado sin justificación”, afirmó.
La compañía pidió formalmente que el ENReGE revise la Resolución 79/26 antes de que el conflicto avance hacia una instancia judicial. Según la empresa, el objetivo es preservar el principio de acceso abierto a una infraestructura financiada con recursos públicos.
Qué dijeron los intendentes
Jorge Espejo, de Iglesia, y Matías Espejo, de Jáchal, llegaron a la audiencia con el mismo guión inicial: apoyo explícito a la minería y la preocupación por «no quedarse afuera de los beneficios».
Casi al final de sus exposiciones, pidieron garantías técnicas para que la modificación de la red no afecte a usuarios, productores, sistemas de riego y otras industrias. «La prioridad energética minera no puede implicar deterioro en la calidad del servicio para la comunidad», dijo el intendente de Jáchal.
De nuevo, el foco estuvo puesto no tanto en el otorgamiento al proyecto minero sino en la necesidad de una regulación con certezas que proteja al usuario, algo que en la resolución del ente nacional queda en un gris legal.
Vicuña pidió 30 días
Adriel Rizzato, gerente de energía de Vicuña Corp., inició la audiencia. Sostuvo que la prioridad se refiere únicamente a la capacidad incremental que generarán las obras financiadas por la propia empresa.
Al cierre de su exposición solicitó al ENRE un plazo de 30 días corridos para presentar actualizaciones, en el marco de las negociaciones que la empresa desarrolla junto al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). Estas reuniones buscan acuerdos de mitigación, como expuso Roberto Ferrero, en representación del EPRE.
Ferrero expuso que la provincia no busca bloquear el proyecto, algo que es política de estado «prioritaria», sino resolver lo que la resolución nacional dejó en gris. Si nadie define quién pagará los costos que derivarán de la modificación de la red, recaerán sobre las tarifas de hogares, comercios e industrias. Además, planteó un riesgo técnico: sin medidas de mitigación, la reconfiguración del sistema dejará la red expuesta a colapsos ante fallas simples.
Otros proyectos mineros reclamaron su parte
Durante la audiencia también expusieron representantes de otros emprendimientos mineros como Barrick, Gualcamayo y Hualillán. Se manifestaron a favor de la ampliación propuesta por Vicuña al considerar que permitirá fortalecer la red de transporte eléctrico. Sin embargo, exigieron que se mantenga la capacidad de la red otorgada previamente a cada proyecto, ya que hicieron aportes (en total, 133,8 millones de dólares) para consolidar esta red.
Fuente La Mecha y La Política Online
