En medio de la «venta de humo» de los dirigentes políticos y lobbistas, los espejismos que regala la matriz productiva minera marca una realidad que se acentúa con el pasar de los años y los hechos concretos: La actividad minera a menudo no genera oportunidades laborales locales significativas debido a su alta intensidad de capital y baja intensidad de mano de obra, lo que limita los empleos directos.
Además, la brecha de capacitación y la necesidad de personal altamente especializado llevan a las empresas a contratar mano de obra externa, mientras que la automatización y el uso de maquinaria pesada reducen la demanda de trabajadores locales, quienes frecuentemente terminan desplazados o con empleos indirectos precarios.
Esta realidad puede verse en pleno corazón de la minería de la provincia de San Juan. En el caso de Jáchal, se observa una desconexión crítica entre la riqueza extraída y el bienestar local.

A pesar de décadas de actividad en proyectos como Veladero, la zona enfrenta una crisis de desempleo que ha llevado a manifestaciones recientes de desocupados, quienes denuncian que la prioridad de contratación recae en personal de afuera o bajo condiciones de alta especialización que excluyen a los habitantes locales.
Los derrames de cianuro ocurridos en la mina Veladero (como el de 2015 que vertió más de un millón de litros en la cuenca del río Jáchal) no solo generaron un temor persistente en la población, sino que afectaron la imagen de la producción agrícola y ganadera tradicional, motor histórico del departamento que ahora compite por el recurso hídrico.

Al ser una zona históricamente agrícola, la minería ha alterado la dinámica económica local sin ofrecer una transición real. Los recursos hídricos y el suelo, vitales para el campo, se ven amenazados por la cercanía de las operaciones y el riesgo de contaminación de glaciares y cuencas, lo que pone en riesgo el empleo rural preexistente.
Aunque existen anuncios sobre parques industriales y zonas francas mineras para mitigar el desempleo, la comunidad continúa movilizada ante la falta de respuestas concretas. El modelo de «enclave» se hace evidente cuando la infraestructura minera crece, pero el empleo directo para el jachallero común se limita a tareas de mantenimiento menores o servicios indirectos saturados.

En ese contexto, los Autoconvocados Desocupados Jachalleros le lanzaron un ultimátum al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, a ocho operadoras mineras y al presidente de CAPRIMSA, Fernando Godoy, referente de una cámara de proveedores, un corte es total de la Ruta Nacional 40 para la minería y la amenaza es clara: no se levantan hasta tener respuestas firmadas de generación de empleo para la población local.

Marcelo Poblete, uno de los organizadores del grupo, anticipó que el reclamo no tenía marcha atrás. En ese momento, fue tajante: «No es muy lindo cortar una ruta, sinceramente, pero lo tenemos que hacer porque es la única forma de que nos escuchen.» También relató cómo había verificado personalmente en otra oportunidad, que los trabajadores que llegaban a Jáchal lo hacían de San Luis, Catamarca y hasta de Misiones. Y finalmente recordó que el intendente le había pedido que levantara un corte anterior, con la promesa de una solución que nunca llegó.
Hoy esa paciencia se agotó. Los Desocupados Jachalleros emitieron su tercera y última advertencia. Y esta vez el tono es diferente.
El ultimátum

El comunicado no deja margen de interpretación. Está dirigido públicamente al gobernador Marcelo Orrego, al intendente de Jáchal Matías Espejo y al presidente de CAPRIMSA, Fernando Godoy. El mensaje es claro: Apelan a las tres personas que saben que tienen «la capacidad y las herramientas para dar una solución real. Y afirman que se acabó el tiempo».
El cuadro que describen es crudo

«Durante años hemos esperado respuestas. Hoy la situación es límite. Mientras nuestras familias no tienen trabajo, no pueden pagar la luz y nuestros animales mueren por la sequía y la falta de agua, las empresas mineras continúan operando en nuestro suelo sin generar el trabajo genuino prometido para la gente de Jáchal», expresa el comunicado.
Las condiciones del corte son concretas: total para camiones mineros; vehículos particulares con paso cada 40 minutos y emergencias con paso libre.
«Si no hay respuesta, el corte será por tiempo indeterminado y afectará el funcionamiento de la minería en San Juan en un 80%.El corte solo se levantará cuando existan respuestas concretas, compromisos firmados y soluciones reales para el trabajo jachallero», advierte el comunicado.
Las ocho empresas afectadas

Si se efectiviza, el corte en la Ruta Nacional 40 a la altura de Niquivil, golpearía de lleno al corredor logístico del norte y oeste sanjuanino. Las operadoras y contratistas alcanzados por la medida son Minas Argentinas-Gualcamayo, Veladero-Barrick Gold, Esperanza-Huachi, Vicuña-Lunahuasi, José María-Filo del Sol, CATERWEST, SEMISA-Terussi e YPF.
El grupo también advierte que las empresas ya modificaron rosters y horarios operativos para intentar que el reclamo no afecte sus actividades. La respuesta de los manifestantes fue directa: «Así como cambiaron sus horarios, nosotros también hemos decidido cambiar nuestra modalidad de protesta.»

El corte llega en un momento de alta sensibilidad institucional para la minería sanjuanina. Jáchal es el ejemplo de cómo una comunidad puede quedar atrapada entre el riesgo ambiental de la megaminería y una economía local debilitada que no logra capturar los beneficios laborales prometidos.
Con información de Jáchal Magazine – Acero y Roca
