El concejal Martín González, del bloque Unión por la Patria en Godoy Cruz, presentó un proyecto de ordenanza que busca consolidar la obligación del municipio en la asistencia y acompañamiento de jóvenes que estén o hayan atravesado un proceso penal. La iniciativa se denomina “Alianzas Comunitarias”.
“No puede depender de la buena voluntad; debe ser una política pública sostenida”, afirmó el edil.
El proyecto propone la creación de un régimen local de corresponsabilidad institucional para acompañar los procesos de reinserción social de jóvenes en conflicto con la ley penal. El objetivo es brindar un marco normativo a prácticas de inclusión que hoy, si bien están contempladas en la órbita provincial, en muchos casos dependen de la voluntad de los ejecutivos municipales. Esta ordenanza busca establecer la obligatoriedad de una intervención institucional sostenida, articulada con las políticas provinciales existentes.
La preocupación de fondo es clara: actualmente existen intervenciones puntuales del Estado municipal en articulación con organismos judiciales y provinciales, pero la respuesta no está institucionalizada ni garantizada por ninguna normativa.
“Indistintamente de que ya existe un órgano estatal que trabaja con jóvenes judicializados en el territorio, lo que buscamos con este proyecto es que el municipio esté obligado a contribuir en su reinserción, y no que dependa de la buena voluntad de los gobiernos de turno”, explicó González.
La propuesta impulsa que el Municipio de Godoy Cruz asuma responsabilidades concretas (mediante programas, recursos y personal capacitado) en áreas clave como formación educativa, capacitación laboral, contención psicológica y creación de espacios comunitarios de integración. Todo esto en articulación con el sistema de protección integral de derechos y los poderes judiciales intervinientes.
El programa contempla:
• Capacitaciones en derechos de niños, niñas y adolescentes con perspectiva de cuidado, en línea con la Ley Lucio.
• Estrategias territoriales e individuales que garanticen la revinculación educativa, el acceso a la salud, la formación para el trabajo y el tratamiento de consumos problemáticos.
• Acciones con perspectiva de género e inclusión comunitaria.
“Este proyecto nace del trabajo en el territorio. No se trata de inventar algo nuevo, sino de darle continuidad institucional y escala a experiencias de acompañamiento que se hacen con compromiso, pero sin estructura. La reinserción no puede quedar librada a la buena voluntad”, subrayó el concejal.
La propuesta será debatida en comisiones del Honorable Concejo Deliberante y busca convertirse en una herramienta de política pública permanente para abordar una problemática estructural que atraviesa a toda la comunidad.
“Trabajar por la inclusión de estos jóvenes es prevenir futuros conflictos y garantizar el derecho a una segunda oportunidad”, concluyó González.
