El Gobierno de Javier Milei modificará la Ley de Glaciares por decreto para ampliar las áreas habilitadas de explotación y permitir la megaminería en zonas periglaciares. En otras palabras, el extractivismo avanza.
Aprobada en 2010, la norma vigente establece las regulaciones para habilitar y limitar la actividad económica en zonas donde hay glaciares. El decreto pretende reducir las áreas protegidas y habilitar la instalación de industrias mineras e hidrocarburíferas, la liberación de productos químicos o residuos y la construcción de infraestructura no relacionada a la investigación científica.
Todo eso hoy está prohibido por la ley 26.639, que no solo protege a los glaciares y su entorno no sólo por su valor ecológico, sino tambien como reservas estratégicas de agua.
Es que el 70% del agua dulce del mundo viene de los glaciares. Pero además estas masas de hielo son fundamentales para regular la temperatura del planeta.
Desde 2010 hasta ahora, empresas como Barrick Gold han sido sancionadas por llevar a cabo su actividad en zonas cercanas a glaciares. En el caso de la empresa minera de oro canadiense, por ejemplo, la compañía fue multada y penalizada por causar derrames de sustancias tóxicas en el río Jáchal y otras cuencas hidrográficas de la provincia de San Juan.
A partir de la sanción de la ley, no se paralizó la actividad minera ni mucho menos. Todo lo contrario, desde entonces no ha dejado de crecer. Es decir que la Ley de Glaciares no impidió el desarrollo de la actividad. No es nada muy loco entonces, la normativa pone un límite lógico a la actividad minera: no se puede hacer donde hay glaciares.
Sin embargo, como parte de un impulso extractivista, el Gobierno de Javier Milei pretende modificar la norma para brindar “seguridad jurídica a los proyectos de inversión” que se instalen en Argentina, acompañada por beneficios fiscales a la minería en el marco del RIGI.
Ante las múltiples críticas de sectores ambientalistas y comunidades de diferentes regiones del país, el Ejecutivo aseguró que exigirá a las empresas la presentación d informes de impacto ambiental para aprobar proyectos de inversión. Además, aclararon que mantendrán el marco de restricciones para glaciares cubiertos y descubiertos.
Sin embargo, el abogado ambientalista Enrique Viale destacó que “lo que están haciendo es un decreto que elimina gran parte de los glaciares del ambiente de protección».
«La modificación la escribieron los abogados de la Barrick Gold, es la misma que se quiso hacer en 2016 y que logramos pararla con las movilizaciones y que se quiso hacer con la Ley Bases. Es quirúrgica la modificación que se hace pero es suficiente para destruir estas fábricas de agua”, sentenció.
Cabe recordar que Milei ya había querido modificar la Ley de Glaciares con la Ley Bases. El plan original de Federico Sturzenegger incluía un apartado que establecía «Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”. Sin embargo, esa parte fue eliminada del documento final por no contar con el apoyo legislativo necesario.
Ahora, el Gobierno llevará a cabo su objetivo pero a través de un decreto.
“Los glaciares no se tocan”: el Partido Verde va contra el decreto del Gobierno
El diputado provincial Emanuel Fugazzotto, presentó un proyecto de resolución para que la Legislatura de Mendoza exprese su rechazo a la intención del Poder Ejecutivo Nacional de modificar por decreto la Ley Nacional N.° 26.639, que protege los glaciares y el ambiente periglacial.
La medida impulsada por el Gobierno nacional -a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía- busca habilitar la explotación minera e hidrocarburífera en zonas actualmente protegidas, bajo el argumento de otorgar “seguridad jurídica a las inversiones”. La normativa vigente prohíbe este tipo de actividades en territorios considerados estratégicos para la reserva de agua dulce.
“La intención de avanzar por decreto sobre una ley nacional con respaldo constitucional y ratificada por la Corte Suprema no solo es ilegal: también es un ataque directo a nuestros recursos naturales más sensibles. Se vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional y el principio de no regresividad ambiental”, explicó Fugazzotto.
Por su parte, el presidente del Partido Verde, Mario Vadillo, manifestó vía redes sociales: “Rechazamos enérgicamente el intento del Gobierno Nacional de modificar por decreto la Ley de Glaciares para entregarle el agua a las mineras. No es una reforma, es un retroceso ambiental dictado por las corporaciones. No lo vamos a permitir”.
Vadillo advirtió que la nueva normativa busca excluir glaciares “de menos de una hectárea o de reciente formación”, con el objetivo de permitir la megaminería a cielo abierto. “Esto ocurre en plena emergencia hídrica y con 1.230 km² de superficie glaciar en Mendoza. Nuestra provincia depende vitalmente de su preservación”, señaló.
El proyecto presentado por Fugazzotto destaca que Argentina cuenta con más de 16.000 glaciares, y que las zonas periglaciares cumplen funciones clave en la regulación hídrica, térmica y ecológica. La flexibilización de esta protección no solo contradice el derecho vigente, sino que ignora las advertencias de organismos internacionales, como la ONU, que en 2024 calificó esta iniciativa como “regresiva” y riesgosa para los defensores ambientales.
“Es alarmante que se pretenda avanzar por decreto luego de que la propuesta fuera rechazada por el Congreso. La Corte Suprema ya estableció que los glaciares son bienes de dominio público nacional. Lo que propone el Gobierno es inconstitucional”, insistió Vadillo, quien anticipó que el Partido Verde promoverá acciones institucionales y judiciales para impedir este avance.
