La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, confirmó que se han iniciado acciones judiciales contra personas que —según afirma— han impulsado una campaña de difamación en su contra a través de redes sociales.
En declaraciones a LV10, Casado sostuvo que ya comenzaron a llegar las primeras notificaciones judiciales a usuarios de la red social X, en el marco de una causa que investiga una posible violación al artículo 155 del Código Penal, que sanciona la difusión de comunicaciones privadas. También se analiza la aplicación del artículo 149 bis, referido a amenazas.
“Son personas que vienen financiadas por algún grupo político en particular. Desde que iniciamos la gestión intentan socavarla a través de publicaciones falsas, instalación de fake news e incluso intentando ingresar a la fuerza a mi despacho”, afirmó la vicegobernadora. Además, aseguró que los acusados tendrían antecedentes penales y que incluso ha solicitado una orden de restricción por temor a su integridad física.
Casado explicó que estos episodios no solo la han afectado a ella, sino también a “otros legisladores y personal de la cámara”. En ese sentido, remarcó la diferencia entre el derecho a la libertad de expresión y la comisión de un delito: “Tuve mucha paciencia con esta gente, pero sobrepasaron los límites. Frente a esto, mi defensa es esta. No puedo exponerme yo ni a mi familia frente a personas que son financiadas para estas cosas”.
El caso sumó tensión en la Legislatura cuando —según relató— un senador autorizó el ingreso de estas personas al edificio legislativo, y terminaron entrando a su despacho en lugar del de quien los había habilitado. “En ese momento yo no estaba, pero estaban mis secretarios, que se asustaron bastante. Tienen tenencia de armas, aunque no sé si las portaban en ese momento”, señaló.
Casado evitó identificar a los presuntos financiadores de estas acciones, indicando que esa información forma parte de la causa que ya está en manos de la Justicia. En cuanto a las publicaciones señaladas como agravantes, mencionó la difusión de datos personales como domicilios, sueldos y números de teléfono: “Exponen, ponen en riesgo y no deben ser publicados. Uno puede tener libertad de expresión, pero no puede poner en peligro la integridad de las personas”.
La causa es instruida por el fiscal Gustavo Stroppiana, quien ya ha convocado a los usuarios implicados a brindar declaraciones informativas. En tanto, la vicegobernadora reiteró su posición: “Yo soy liberal de concepto y ejercicio, pero traspasar la línea que pone en riesgo la integridad de una persona no. Si son noticias reales, me parece perfecto. Pero desde hace un año que esta gente publica fake news en mi contra en un diario digital”.
Por el momento, las personas denunciadas cuentan con una restricción de acercamiento hacia la vicegobernadora. “Si en algún momento intentan otra cosa, será la Justicia la que actúe”, concluyó Casado, a la espera del avance de la causa.
