Memoria, verdad y justicia: La centralidad y valentía de Raúl Alfonsín que a días de asumir firmaba el decreto 158 que daba pie al comienzo del juicio a los genocidas y dos días después se instituía la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)

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Este 24 de marzo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha instituida para recordar a las víctimas de la última dictadura militar y reflexionar colectivamente sobre uno de los períodos más oscuros de la historia del país.

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón e instauraron una dictadura que se autodenominó “Proceso de Reorganización Nacional”. Ese régimen, que se extendió hasta el 10 de diciembre de 1983, desplegó un plan sistemático de represión, persecución política y terrorismo de Estado, con miles de personas detenidas ilegalmente, torturadas, desaparecidas y asesinadas.

El regreso de la democracia con la elección de Raúl Alfonsín marcó el inicio de un proceso de recuperación institucional y de búsqueda de verdad y justicia. Desde entonces, y especialmente a partir de la anulación de las leyes de impunidad, el país avanzó en el juicio y condena de los responsables de crímenes de lesa humanidad, en un proceso reconocido a nivel internacional.

Luego de asumir la Presidencia de la Nación, Raúl Alfonsín firmo el 13 de diciembre de 1983 el decreto 158 que daba pie al comienzo del proceso judicial. Dos días después, se instituía la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

«Para que Nunca MÁS el odio, Nunca MÁS la violencia degrade a la sociedad argentina» se proclamaba en ese histórico acto que protagonizó Raúl Alfonsín y el gran Ernesto Sábato.

El juicio inició el 22 de abril de 1985 y las audiencias se prolongaron hasta agosto de ese año. En unas 530 horas de audiencia declararon 839 testigos en la denominada «causa 13». El tribunal estuvo integrado por los jueces León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D’Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz.

El fiscal fue Julio César Strassera, y su adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo. Los letrados usaron como base probatoria el informe «Nunca más», realizado por la CONADEP.

ENTREGA DEL INFORME CONADEP AL PRESIDENTE ALFONSIN EL 20/9/84. IZ. A DER. SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS RABOSSI, ERNESTO SABATO Y RAUL ALFONSIN

La Cámara Federal finalmente dictó sentencia por 709 casos donde fueron condenados Jorge Rafael Videla y Emilio Massera a reclusión perpetua; Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses de prisión; Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión; y Armando Lambruschini a la pena de ocho años de prisión.

Mientras que el tribunal absolvió a Omar Rubens Graffigna, Arturo LamiDozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya. La sentencia fue leída por León Arslanián, el presidente de la Cámara Federal, y se transmitió por Cadena Nacional.

Sobrevivientes, familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y organismos de derechos humanos habían reclamado, desde la vuelta a la democracia, la condena de los crímenes de lesa humanidad y que sean jueces civiles los que juzgaran estos hechos. Sus declaraciones en el juicio resultaron definitorias para condenar a los ex jerarcas del régimen que mató y desapareció a 30 mil argentinos y argentinas.

Memoria, verdad y justicia

Imágenes del histórico fallo que condenaba a los principales jefes de las Juntas militares que asaltaron el poder el 24 de marzo de 1976. Foto: Archivo Télam/lz

Poco tiempo después de esa sentencia histórica, llegarían las presiones y los alzamientos carapintadas, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final dictadas por el Congreso y que garantizaron la impunidad de asesinos y torturadores durante años. También llegarían los indultos a los genocidas que firmó el ex presidente Carlos Menem a poco de asumir.

La lucha de los organismos de derechos humanos lograría, junto con el impulso del gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner, el inicio de un proceso de memoria, verdad y justicia.

En 2003 una ley declaró nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, algo que fue ratificado por la Corte Suprema en 2005 cuando las declaró inconstitucionales.

Línea de tiempo | 24 de marzo en la historia argentina

24 de marzo de 1976 Se produce el golpe de Estado que derroca al gobierno constitucional de Isabel Perón. Se instaura una dictadura cívico-militar bajo el nombre de “Proceso de Reorganización Nacional”.

1976–1983 Durante la dictadura se desarrolla un plan sistemático de terrorismo de Estado: desapariciones forzadas, tortura, censura, exilio y apropiación de niños. Se estima que hubo 30.000 desaparecidos.

10 de diciembre de 1983 Vuelve la democracia con la asunción de Raúl Alfonsín como presidente. Se crea la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) y se publica el informe «Nunca Más».

1985 Se realiza el histórico Juicio a las Juntas, en el que se condena a los principales responsables del golpe. Es el primer juicio civil en América Latina contra ex dictadores por crímenes de lesa humanidad.

1989–1990 Durante el gobierno de Carlos Menem se dictan los indultos presidenciales a militares condenados y procesados por delitos durante la dictadura.

1995–1996 Empiezan a surgir los Juicios por la Verdad, impulsados por organismos de derechos humanos, en los que se investiga sin condena penal por la vigencia de leyes de impunidad.

2003 Se declara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Comienza un nuevo ciclo de juicios por delitos de lesa humanidad.

2002 El Congreso de la Nación aprueba la Ley 25.633, que establece el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2006 Por decreto del Poder Ejecutivo, el 24 de marzo se convierte en feriado nacional inamovible, con el objetivo de promover la memoria, la verdad y la justicia.

2024–2025 A 22 años de su declaración como día nacional, y a 49 años del golpe, el 24 de marzo sigue siendo una jornada de reflexión activa, conmemoración colectiva y defensa de la democracia.

El 24 de marzo no es solo un día de recuerdo, sino una oportunidad para renovar el compromiso con los valores democráticos, la justicia y la vigencia plena de los derechos humanos en todo el país.