El Senado de Mendoza aprobó un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que autoriza la transferencia de las acciones «Clase C» de IMPSA, actualmente en manos del Estado provincial. Este paso marca un hito en el proceso de desvinculación del Estado en la empresa, abriendo la puerta a inversores nacionales e internacionales interesados en adquirir dichas acciones.
Con este paso, el gobierno de Milei, que cuenta con una participación del 63.7%, queda en condiciones de adquirir el paquete accionario de Mendoza, cedido gentilmente por el gobernador radical Cornejo, para obtener una mejor posición en la privatización de la empresa.
La senadora Ángela Floridia, presidenta de la comisión de Hacienda y Presupuesto, brindó detalles sobre el proyecto de ley, que autoriza al Gobierno de Mendoza a transferir las acciones que posee en la empresa IMPSA, Sociedad Anónima. Actualmente, la provincia tiene un 21.4% del paquete accionario de la compañía, que cuenta con 720 empleados altamente capacitados y especializados en la industria energética.
Luego, la legisladora recordó que en 2020 la empresa enfrentó serios problemas financieros debido a contratos fallidos con Brasil, Venezuela y Santa Cruz, lo que puso en riesgo tanto la estabilidad laboral como la continuidad operativa de IMPSA. Ante esta situación, el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial intervinieron con un plan de recomposición de la estructura de capital, con el fin de garantizar la preservación de los puestos de trabajo y la relación de la empresa con más de 100 pymes locales.
La legisladora explicó que el objetivo de la intervención estatal fue temporal y, tras haber cumplido con su propósito, el gobierno ahora busca vender las acciones a través de un proceso competitivo y transparente. La intención es asegurar que los compradores interesados cuenten con un plan de negocios sólido y la experiencia necesaria para llevar adelante el futuro de IMPSA, conservando tanto los puestos de trabajo como su rol como motor de desarrollo económico en Mendoza.
Por esta razón, Floridia solicitó el acompañamiento del resto del cuerpo legislativo para avanzar con la transferencia de las acciones, resaltando la importancia de preservar la relevancia de IMPSA en el ámbito industrial y energético.
Posteriormente, tanto el senador Valentín González como su par Germán Vicchi, además de expresar su parecer sobre el proyecto en tratamiento, informaron que desde su espacio acompañarían el despacho en minoría presentado por el bloque Unión Mendocina. A continuación, el legislador Dugar Chappel, del Partido Verde, indicó que votaría en contra del proyecto, al igual que sus compañeros de bancada en Diputados.
Otro de los legisladores que se refirió al proyecto fue el senador Armando Magistretti, del bloque Demócrata, quien comunicó que acompañarían el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. También se pronunciaron al respecto el senador Félix González, del bloque justicialista, y la senadora Natacha Eisenchlas, del oficialismo, quien resaltó la importancia de IMPSA para la provincia de Mendoza, tanto en su presente como en su futuro.
Luego de las intervenciones de los distintos legisladores, el proyecto fue sometido a votación y resultó aprobado por 19 votos afirmativos y 16 negativos, siendo remitido al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.
Alcances del proyecto
La participación del Estado mendocino en IMPSA comenzó en 2020, cuando la empresa solicitó la intervención de los gobiernos nacional y provincial como parte de su Plan Integral de Recomposición de Estructura de Capital. En ese momento, la compañía atravesaba una crisis financiera que comprometía su continuidad, afectando su capacidad para pagar salarios, cumplir con impuestos y contribuciones, y mantener relaciones comerciales con más de 100 PYMES.
El plan de salvataje contempló tres etapas: la reestructuración de la deuda mediante un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), la capitalización a través de la emisión de acciones «Clase C», y la venta posterior de las acciones «Clase A» y «B». La participación del Estado provincial fue clave para garantizar la continuidad operativa de la empresa, preservando más de 720 empleos directos y los trabajos indirectos de las PYMES asociadas.
El gobierno de Mendoza suscribió parte de las acciones «Clase C» bajo la condición de que el Estado Nacional aportara la mayor parte del capital. Este compromiso fue cumplido a través de un Aporte del Tesoro Nacional, lo que permitió que ambos gobiernos aportaran los fondos necesarios para mantener a la empresa en funcionamiento.
Con la estabilización de IMPSA y el interés de compradores tanto nacionales como internacionales, el proyecto de ley aprobado autoriza la transferencia de las 454.300.000 acciones «Clase C» en poder de la provincia. Este proceso se llevará a cabo bajo los principios de transparencia, igualdad, publicidad y concurrencia.
Según se explica en los fundamentos de la ley, “el objetivo fundamental de la solicitud cursada por IMPSA al Estado Nacional y Provincial fue aumentar el capital social de la compañía mediante la emisión de acciones correspondientes a una nueva clase ‘C’ de acciones ordinarias nominativas no endosables, que la Provincia de Mendoza acordó suscribir parcialmente».
Además, se aclara que la Provincia aceptó participar bajo la condición de que el Gobierno Nacional aportara la totalidad del monto comprometido, razón por la cual se realizó el Aporte del Tesoro Nacional. “Los fondos que integró la Provincia fueron destinados a cubrir los costos operativos, el pago de salarios, impuestos y contribuciones, y los proyectos en marcha. Sin esta asistencia, no hubiera sido posible mantener los más de 720 empleos directos”, subraya la fundamentación.
En virtud de este proceso, la Legislatura de Mendoza sancionó la Ley 9.319, que autorizó al Ejecutivo provincial a suscribir e integrar hasta 454.300.000 acciones ordinarias nominativas «Clase C» de IMPSA. Sin embargo, «habiéndose cumplido el objetivo» y ante la existencia de posibles compradores interesados en las acciones «Clase C», se considera necesario desvincular la participación del Estado provincial en el paquete accionario de la compañía.
