El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó contra los municipios por las subas de las tasas que se aplican a comercios en diferentes distritos bonaerenses y aseguró que «la baja de la inflación es innegociable».
- Al citar la opinión del economista Gustavo Lazzari, que en un medio televisivo cuestionó duramente el incremento de los impuestos municipales asegurando que detrás esa decisión se esconde una intencionalidad política, Caputo coincidió con el análisis mediante su cuenta de X.
Lazzari había expresado que la suba de tasas de algunas intendencias bonaerenses «es una crueldad violenta que tiene dos objetivos: uno es el clásico recaudatorio y otro es estropear las reformas a nivel nacional», denunciando que se trata de una «cartelización de municipios para que la reforma no tenga utilidad».
En la misma línea, el titular de la cartera económica sostuvo que «los Municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas y lo hacen no solamente con fines recaudatorios sino también políticos: obstaculizan el programa económico que lleva adelante este gobierno para bajar la inflación y, como siempre, los grandes perdedores son los ciudadanos».
En busca de aportar claridad respecto a la potestad de los intendentes de aplicar subas en sus gravámenes, el ministro manifestó «para que la gente lo entienda» que «las tasas tienen que tener, según la Corte, una relación directa con un servicio efectivamente prestado; y el monto, como es obvio, tiene que guardar razonable proporción con el costo de ese servicio que retribuye».
Al respecto, sostuvo que «las tasas en aumento no solamente carecen (en muchos casos) de una prestación efectiva y directa, sino que, además, su monto es completamente exorbitante e irrazonable», por lo que «se traduce en un evidente incremento de los precios que pagan los consumidores».
De esta manera, el titular del Palacio de Hacienda expresó su preocupación por la injerencia que tendrá en la inflación las subas de estas tasas en distintos comercios y aseguró que «lo peor» de la política recaudatoria municipal es que «cobardemente las Municipalidades esconden sus aumentos en facturas de otros bienes o servicios, ajenas a ellas».
En ese contexto, quién salió al cruce fue el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, que dijo «El camino es el orden fiscal, los incentivos a la inversión privada y la mejora continua de los servicios. Es eximiendo de tasas y aforos a las inversiones, no creando nuevas. Así gestionamos en la Ciudad de Mendoza».
Esta polémica que pone en el centro de la escena a los intendentes llega luego de discusiones similares con tasas viales, a los combustibles y hasta la llamada Tasa Milei. En resumidas cuentas, se trata de jefes comunales que buscan aumentar los fondos propios para esquivar el ajuste fiscal de Nación, pero deben justificar aumentos de impuestos.
Es que en medio de un brutal ajuste fiscal que desfinanció a las provincias y los municipios, la recaudación propia fue la alternativa que encontraron algunas administraciones para seguir funcionando.
Sturzenegger advirtió «la obra pública no vuelve más»
El ministro de Desregulación del Estado Federico Sturzenegger aseguró que “la obra pública no vuelve más” ante un auditorio repleto de empresarios. Lo hizo en medio de pedidos de las provincias y los municipios, quienes reclaman que se reactive para impulsar la economía. Además, brindó su apoyo al veto de Javier Milei al aumento de jubilados.
«Había un grupo de funcionarios que iban vendiendo las obras por los municipios y las provincias. Así, la obra pública era un mecanismo de corrupción y sometimiento político. Hacía falta decisión para eliminar todo eso de un saque. Y Javier Milei lo hizo”, afirmó Sturzenegger en un almuerzo organizado por Fundación Mediterránea.
Para justificar sus dichos, ejemplificó que había un préstamo de organismos multilaterales por u$s1.000 millones para hacer alcantarillas y se preguntó: «¿El Estado necesitaba eso?». Las expresiones de ministro llegan en un contexto de reclamos de provincias y municipios por obras estancadas, algunas con alto grado de avance, que el Gobierno Nacional no transfiere pero tampoco retoma, en lo que termina siendo un mayor desperdicio de recursos estatales.
En junio, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, había hablado sobre el impacto de la suspensión de obra pública a nivel nacional y aseguró que «es un golpe muy fuerte a la industria» y que se perdieron 100 mil puestos de trabajo en el sector.
Además, se refirió a una de las ideas del Gobierno: “Se está hablando de recomenzar obras que ya están por ser terminadas. En definitiva, no hay ninguna novedad. Hay muchas obras, no tengo estadísticas exactas, pero hay obras que están en el 80%, hay obras que están en el 95%, 98% y le faltan dos o tres meses para ser terminadas. Está frenada la obra pública, excepto alguna excepción”.
