El presidente está sumamente preocupado porque, al ser economista, conoce perfectamente cuáles son las variables que el gobierno necesita para poder cumplir con la meta central del acuerdo con el FMI, que es un superávit del 2% al cierre de 2024.
Para alcanzar esa meta, el Gobierno necesita, de alguna manera u otra, recaudar más dinero. Y hay cuestiones de la Ley de Bases que son fundamentales para eso. Por ejemplo, la subida de retenciones, que es el tema central de debate con los bloques opositores racionales, sobre todo con la UCR, con el PRO y con Hacemos Coalición Federal.
En medio, la política argentina se enfrenta en un momento de tensión total por el debate de la ley ómnibus y el mega DNU de Javier Milei. En ese contexto, el Presidente redobló la apuesta de su ministro de Economía y reiteró una amenaza a los gobernadores provinciales: «Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos».
El presidente Milei repasó este jueves, junto a sus principales colaboradores del gabinete nacional, el dictamen de la ley ómnibus, que se tratará en la Cámara de Diputados la semana próxima y que contiene una variedad de proyectos para desregular aspectos de la economía. En la reunión avanzó en delimitar las estrategias para obtener la aprobación de la ley y trascendió una posición muy dura con los gobernadores.
«Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos», le dijo a sus ministros el Presidente según reveló el diario Clarín y, según supo la agencia Noticias Argentinas, Milei definió ir a fondo y les trasladó a sus colaboradores que deben dejar en claro que «si la ley no se aprueba, las más perjudicadas van a ser las provincias».
El gobierno de Milei entiende que si las modificaciones que esos bloques proponen sobre la ley finalmente se llevan a cabo en la votación en particular, se pondría en riesgo el cumplimiento del acuerdo con el Fondo. Las retenciones son una herramienta recaudatoria muy importante para el Estado, por lo cual las necesita al menos durante un tiempo para poder cumplir con el Fondo Monetario.
Algo similar ocurre con el tema de las jubilaciones. El aumento correspondiente al mes de marzo se hará con la fórmula que deja el gobierno de Alberto Fernández y el gobierno propone, a partir de abril, un sistema indexado con la inflación. La transición de un sistema al otro, con el vacío que conlleva la unificación de una modalidad a la otra, termina beneficiando al gobierno, que no tiene que desembolsar una suma de dinero en marzo y le permite tener más capacidad de ahorro al menos durante el primer trimestre.
La estrategia de Milei y Caputo no cambiaría con respecto a la de las últimas semanas: seguir presionando a gobernadores -como lo hicieron con el tucumano Osvaldo Jaldo- que necesitan fondos frescos para cubrir el rojo fiscal de sus provincias, y a los diputados y senadores, para votar el proyecto «Bases». Planteará un esquema de «transferencias cero» a las provincias.
Este embate era esperado por los gobernadores de UxP pero no por los de Juntos por el Cambio. Caputo amenazó por Twitter que reunió a su tropa «para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado». «No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico», disparó.
Ante lo cual Miguel Pichetto, presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, le respondió: «Tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos». Y recordó que «no tuvo la valentía» de presentarse en el Congreso a defender el proyecto.
«Si esta ley no llega a buen puerto se va a seguir ajustando el gasto público de todas las maneras alternativas que haya, incluyendo las partidas que se asignan a las provincias», retrucó Caputo, en referencia a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), las obras, los programas para distintas áreas acordados con cada gobernador y otras partidas discrecionales, que en 2023 oscilaron en total en torno a los 2 billones de pesos.
Milei dijo que en el contexto del «costo de la ley», las «más perjudicadas van a ser las provincias si esta ley no se aprueba».
