Por Alicia C. Barrionuevo (Mg en Asesoramiento Jurídico de Empresas)
Aseguraba Hannah Arendt, en un contexto muy distinto del actual, que «quien quiera hoy hablar acerca de la política ha de comenzar con todos los prejuicios que se tienen contra ella» (Arendt 1993, 13)
En esta oportunidad quiero referirme a la responsabilidad que tienen los partidos políticos en la preservación y calidad de la democracia, sobre todo, en nuestro país y, obviamente, en nuestra querida Mendoza.
Así como el golpe de Estado típico adopta la forma de dictadura militar, un autoritario típico suele ser un outsider, alguien que viene por fuera de la actividad política, un claro ejemplo de esto es Javier Milei.

En los últimos años, investigadores de todas partes del mundo indagaron sobre una preocupación latente: la crisis de las instituciones democráticas y el futuro de la democracia. Falta de interés en la política, decrecimiento del apoyo a la democracia como el mejor sistema de gobierno, caída de la confianza en instituciones democráticas y en políticos, son algunos de los signos que reflejan la insatisfacción política de los ciudadanos.
Esta tendencia pareciera estar confirmada por estudios como el de The Economist Intelligence Unit (2018), y el de Freedom in the World (2018) que documentan una disminución de la salud de la democracia. Hasta hace algunas décadas estábamos acostumbrados a que un golpe de Estado violento fuera el comienzo de la muerte —en algunos casos agónica y en otros más rápida— de la democracia. Sin embargo, no existe una única forma de destruir una democracia.
Lo cierto es que no hay confianza en la política: no se la ve capaz de controlar los excesos del dinero. Al mismo tiempo, el gobernante ya no tiene poder absoluto sobre un territorio, la interdependencia crece y sus decisiones dependen de otros. Y, en su propia inseguridad, busca protección en la autoridad de los expertos, al tiempo que cede a la presión de los poderes mayoritarios, reconociendo poder y capacidad de decisión a instituciones sin ninguna legitimidad democrática.

La impunidad con la que el Fondo Monetario Internacional (FMI) da órdenes a poderes democráticamente constituidos es una humillación a los países y una pérdida de credibilidad insuperable para los gobernantes. La incertidumbre es connatural a la política, pero crece por varios factores: porque cada vez controla menos; porque la aceleración del mundo, por el poder de las nuevas tecnologías, contrasta con la lentitud de la toma de decisiones en política; porque por mucho sentido de la oportunidad –saber elegir el momento adecuado, conforme a las relaciones de fuerzas, para dar un paso adelante, interpretar la ocasión, para decirlo como Maquiavelo– no existe la garantía del éxito; y porque forma parte de la condición de político saber que no hay final feliz.
Los partidos políticos no están cumpliendo con tres de sus funciones principales: la representación, la selección de cuadros competentes para gobernar, y el reconocimiento de los ciudadanos como sujetos políticos. Es una forma antigua que requiere una reformulación. Es decir que están dadas TODAS las condiciones para que “personajes que se creen distintos” puedan llegar a hacer cosas nefastas para la sociedad, tal como podría ocurrir si este personaje que se dice “libertario” llegara al poder.
Al final, lo que tenemos es lo de siempre pero camuflado: personas que ejercen el poder, pero que actúan como si no lo tuvieran, asegurando que no son políticos. Hay quien debe su fuerza política al rechazo de la política. En 1958 muchos franceses apoyaban a De Gaulle porque estaban convencidos de que libraría a Francia de los políticos; el poder de Silvio Berlusconi se debió en buena medida a que supo atraer a quienes detestaban a los políticos; los ejemplos de esta singular operación seguirán aumentando en la medida en que haya gente dispuesta a ceder a los encantos de la antipolítica.

Estoy convencida que el voto en estas PASO ha sido un voto por enojo, por hartazgo, en otros casos por desconocimiento e ignorancia de lo que éste quiere hacer; lo único que deseo transmitir es mi profunda preocupación porque un Señor quiere terminar con los derechos conquistados que tanto nos costó conseguir, porque considera absurda a la justicia social desconociendo que el art 75 inc 19 CN la menciona, pero su odio e ignorancia lo llevan a decir cualquier barbaridad, conociendo bien qué palabras utilizar para que el mensaje pegue donde debe hacerlo.
De hecho, Nuestra Constitución Nacional en el inciso 19 del artículo 75 establece como finalidad del contenido de las leyes que debe dictar el Congreso lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, etc. Por ello, desearía contribuir a que este enojo no se quede en un desahogo improductivo, sino que se convierta en una fuerza que impulse la política y mejore nuestra democracia.