De cara a lo que viene para un país diferente a nivel nacional y provincial, a la hora de reformas laborales regresivas, contrarias a los derechos e intereses de los trabajadores, es vital destacar la industria del Juicio, otra olla a presión, negocios para algunos pocos, que ven expectantes a los que anhelan un cambio inmediato en materia de reforma laboral, que va necesita músculo en los recintos, para hacer un cambio con agendas en común, con una oposición golpeada y sin ánimo de cambio.
En el foco de eso, Mendoza ocupa el tercer lugar en el ránking nacional (después de PBA y CABA), al acumular + de 9.457 nuevas demandas en el segundo semestre del 2023 +del 38.02% más que en el año precedente y representando algo más del 11% del total país, con + de 10 millones los trabajadores cubiertos por el sistema de seguros de accidentes del trabajo.
Según la CN, en sus arts. 41 y 42, la seguridad debe ser un valor innegociable, indelegable patrimonio exclusivo, inalienable e imprescriptible del ciudadano.
Según datos de la Superintendencia de Trabajo, 27% de los trabajadores cubiertos se desempeñaban en la Administración Pública / Defensa / Seguridad Social Obligatoria; 12,5% en Comercio; 12,4% en Industria; 7,4% en Enseñanza; 5,3% en Transporte; 5,1% en Actividades Administrativas y 30%, el resto, en otras actividades.
El 95% de los trabajadores que tiene derecho a iniciar un juicio y no lo inicia por temor a perder el empleo o por desconocimiento de su derecho, las medianas empresas enfrentan + de 2 demanda cada 20 ocupados, mientras que las pymes una cada 10.
«En las empresas pymes y medianas de golpe deben afrontar un juicio laboral y te parte al medio para continuar con tu actividad. Las empresas grandes tienen otra espalda para lidiar con la incertidumbre que genera un juicio laboral»
Con esa premisa todo acto en reducción del cálculo de indemnizaciones por invalidez o muerte en los pagos por accidentes de trabajo, es inconstitucional, por ser regresivo, violando la progresividad de los derechos, tratados internacionales están por encima de las leyes y de los DNU, materia pendiente la desregulación, eliminación de impuestos y carga extra tributaria y eliminación de la industria del juicio, como paso previo a toda reforma, motivando la contratación de la mano de obra con la libertad y confianza en el mercado laboral con más del 50% de desempleo, informalidad y pobreza.
El Estado es socio solidario por acción u omisión, de cada accidente laboral el cual debe promover la disminución de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, además de cumplir y hacer cumplir con los deberes y obligaciones en materia preventiva que emergen de las leyes Nº 24.557, 27.348 y 19.587, que permita trabajar de forma conjunta en materia de prevención de riesgos del trabajo, fortaleciendo la cultura preventiva, y generando mejores condiciones para los trabajadores.
Fuente:
Fundación Observatorio PyME (FOP)
Ministerio de Trabajo
Lic. Matias Aciar – Mat.A9335 – A600 SST
