La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Jorge Difonso (UP), retomó el análisis del proyecto que plantea la creación del Colegio de Profesionales en Higiene y Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente, remitido por el Senado en segunda revisión.
Este proyecto, que fuera impulsado por Carlos Bianchinelli (MC), propone la creación del Colegio con carácter de Persona Jurídica de Derecho Público no Estatal y con domicilio legal en la Ciudad de Mendoza, sin perjuicio de la creación de Delegaciones Regionales o Locales.
Se incluyen en él “automática y obligatoriamente”, los licenciados en Higiene y Seguridad en el Trabajo y/o Medio Ambiente; auxiliares Universitarios en Higiene y Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente; licenciados en Gestión Ambiental; los licenciados en Calidad, Medio Ambiente e Higiene y Seguridad en el Trabajo, así como los Títulos Universitarios de carreras de grado de la especialidad, con denominaciones similares o análogas a las de Licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo.
“También podrán colegiarse los profesionales con cualquier título de grado universitario o terciario, que cuenten con posgrado, ya sea maestría o doctorado o denominaciones análogas, existentes o que en el futuro se creen, que los habilite para desempeñarse profesionalmente dentro del ámbito de incumbencia de cualquiera de las materias dentro de Higiene, Seguridad, Calidad y Medio Ambiente en el Trabajo; los Técnicos en Seguridad Industrial; en Seguridad e Higiene Industrial; en Higiene y Seguridad en el Trabajo; en Saneamiento y Seguridad Industrial; en Seguridad y Salud Ocupacional; en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Laboral, con o sin los vocablos Superior o Universitario y los Técnicos Superiores en Gestión Ambiental. En estos casos la colegiación es facultativa, no siendo obstáculo estar colegiado en otra institución”, señala el articulado.
La reunión de la comisión fue presenciada por representantes del Consejo de Ingenieros, quienes se pronunciaron contra la iniciativa legislativa, así como por Matías Aciar, quien representa a otro grupo de profesionales que promueven su sanción.
Los primeros indicaron que los profesionales de higiene y seguridad tienen representación como consejeros, y que de sancionarse esta Ley, “habrá conflictos porque hay una Ley de Educación Superior que plantea que por ejemplo un ingeniero civil, puede hacer higiene y seguridad dentro de lo que es su materia. Un ingeniero en petróleo puede hacer dentro de su especialidad higiene y seguridad. De crearse esta nueva colegiatura, se duplicarán las instituciones, se creará un conflicto en la sociedad”.
Desde el Consejo indicaron que “se alega falta de representación en el Consejo, pero la hay, e incluso hay actividades que se organizan”, y agregó que en el organismo se está tratando una modificación “de esta estructura diseñada con consejeros, para liberar el número de 11 consejeros totales, y así, en un principio democrático, que toda profesión que alcance un determinado número de matriculados automáticamente le daría una representación propia en el Consejo. También se agrega la representación territorial de las circunscripciones. De esta manera, será un Consejo más abierto y democrático al interés de sus matriculados”.
Por su parte, Aciar reiteró que “proponemos crear un Colegio para licenciados, opcional para ingenieros y técnicos, salirnos del Colegio actual. En 18 provincias se ha logrado el Colegio y en la provincia, contamos con adhesiones y acompañamiento de gremios”, asociaciones y otros colegios de profesionales.
Según señaló, la colegiatura les permita ordenar el ejercicio profesional y mejorar la matriculación que hoy alcanza a unos 1100 en la provincia de un total de más de 9000 profesionales egresados.
“Hay una dicotomía muy grande en la actualidad. Hoy no tenemos un espacio de reclamo”, por eso “hace mucho tiempo que estamos pidiendo nuestro propio Colegio”, subrayó.
El tema continuará en análisis en el seno de la comisión.
Un proyecto frizado
En la provincia de Mendoza se habla mucho, pero los proyectos quedan estancados. Entre idas y vueltas, desde el 2011 se habla de la creación del Colegio Único de Profesionales de Higiene, Seguridad y Ambiente que permita ordenar al sector profesional en la provincia para el desarrollo de la matriz productiva, pero ante la falta de voluntad política el proyecto queda sumido en el Triángulo de las Bermudas de la Legislatura mendocina hasta estos días, lo cual deja a la actividad desamparado y en total informalidad.
Actualmente los honorarios en la actividad en Mendoza están regulados orientativamente y no hay forma de competir ya que no se pueden fijar legalmente gracias a los miles de egresados que nadie controla. Por eso ese colegiado servirá para poner un poco de orden a una situación hoy descontrolada.
Donde según la SSPEyE, DGEyEL, el MTEySS, y SIPA, exhiben datos que mata cualquier relato, donde el 50% es trabajo no registrado, con un 49% de desempleo, donde una familia de cuatro miembros necesitó en Febrero un ingreso mensual de superior a los $80 mil pesos, para no ser considerada pobre ante el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que subió en ese mes 3,3%, donde el mismo grupo familiar necesitó más de $35 mil pesos para no ser considerado indigente, según informó el INDEC.
Este sector que denuncia esta situación, son quienes vienen trabajando hace varios años por la creación del colegio de Profesionales e Higiene, Seguridad y Ambiente de Mendoza, a fin de ordenar el ejercicio profesional, mejorar desde lo Ético la matriculación, ya que de 9000 egresados, solo 900 son lo matriculados en el COPIG, y un número menor el Colegio de Técnicos de la Construcción de forma ilegal, el restante 90% trabaja de forma ilícita, para no tener deuda con la Caja Previsional.
A la hora de ejecutar las tareas involucradas en los procesos productivos, es fundamental generar buenas condiciones de esa masa laboral que serán el motor del progreso de una provincia. Resulta esencial pensar en la aplicación de medidas, normas establecidas y desarrollo de actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.