El legislador mendocino de Fuerza Política Protectora, José Luis Ramón, se refirió a la problemática que atraviesan las familias que tomaron un crédito hipotecario UVA —crédito que definió como “una estafa pergeñada a través del Banco Central durante el Gobierno de Macri”— y aseguró que hay dos salidas posibles para este conflicto: la determinación política, que está en manos del Presidente; o la vía judicial, que depende de la Corte Suprema.
Mientras que, por un lado, le pidió a Alberto Fernández “hacer un giro en donde el peso de la balanza no siga estando a favor de las entidades financieras y se equilibre la balanza”, por otro, advirtió que la Corte Suprema tiene en sus oficinas una causa que, de fallar a favor de las familias endeudadas, podría significar la luz al final del túnel.
La solución política
El diputado provincial Ramón explicó por AM750 que “el Estado argentino, después del sobreendeudamiento, tuvo que recurrir al acuerdo internacional con entidades financieras que protegen la seguridad jurídica”. Esto, dijo, “les permite que cuando entregan una determinada suma de dinero, la devolución se cumpla hasta el final”.
“Eso es lo que ocurre con los créditos UVA. Eso necesita una decisión política o de la justicia. La política tiene que ver con negociar con las entidades financieras. El Presidente Fernández está buscando el momento para imponer su decisión. Hasta ahora ha llevado adelante el barco del sobreendeudamiento. Yo espero que tome la decisión y les diga que hay más de 94 mil familias que han hipotecado”, añadió el ex diputado nacional por Mendoza.
Finalmente, apuntó: “Yo hago todos mis votos para que Alberto encuentre el momento de tomar la decisión de que las entidades financieras ahuequen el ala.El esfuerzo compartido es central en esto y es posible. Esta es una oportunidad única de hacer un giro en donde el peso de la balanza no siga estando a favor de las entidades financieras y se equilibre”.
La salida judicial
Por otro lado, sobre la vía judicial, Ramón señaló: “Todavía está vivo el juicio que venimos llevando adelante con una acción colectiva contra las 12 entidades que dieron esta línea de crédito, ahora se encuentra en la Corte Suprema”.
Sobre el tema, explicó: “Si la Corte resuelve que esto es un problema que se tiene que cerrar, va a ocurrir como fue con la Ley 1.050, que fue una línea de crédito muy parecida y que el proceso inflacionario llevó a que se remataran muchas casas, y por el que se falló que había que hacer un esfuerzo compartido”.
