A principios de este mes, el gobernador Rodolfo Suarez envió a la Legislatura un proyecto de ley para reformar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. El objetivo del Ejecutivo es “otorgarle instrumentos al alto tribunal para que pueda desempeñar con mayor celeridad, transparencia y eficacia el servicio de Justicia que los ciudadanos merecen y reclaman”. Para Suarez, esta propuesta se enmarca en el sendero que inició su antecesor, Alfredo Cornejo, que hizo de las reformas judiciales uno de los ejes de su mandato.
Hoy en conferencia de prensa en San Rafael, el gobernador Rodolfo Suarez se refirió sobre el proyecto que regula el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia, donde detalló que la finalidad es “la transparencia. Cuando decimos que las causas se tienen que sortear entre los jueces es para dar transparencia. Hoy, el 70% de las causas van a una sala y, generalmente, se da porque los abogados la eligen porque es más proclive a fallar de determinada manera. Eso tiene que cambiar”.
A grandes rasgos, la iniciativa -que consta de 17 artículos- establece que la Suprema Corte funcione como un “colegio de jueces” y que todos sus miembros -incluso el presidente- cumplan funciones jurisdiccionales.
Para la resolución de cada causa que ingrese al tribunal, se realizará un sorteo entre los siete ministros para definir los tres que dictarán sentencia. De este modo, se modificaría el funcionamiento por salas que rige actualmente y eliminaría el denominado “forum shopping” mediante el cual se puede “elegir” la sala que entenderá en la causa.
Asimismo, regula la figura de los fallos plenarios -cuando votan los siete miembros de la Corte-, que podrán ser convocados “si se considerare necesario unificar criterios de interpretación de la ley o cuando existieren sentencias contradictorias y con el objeto de unificar la jurisprudencia”, según especifica el proyecto. La polémica aquí es que la convocatoria podrán realizarla dos miembros de la sala sorteada, el presidente de la Corte (hoy, Dalmiro Garay) o tres ministros cualquiera del tribunal.
Las voces en contra
Del lado del peronismo se expidió el titular del bloque del Frente de Todos en la cámara alta, Lucas Ilardo, que señaló “Lo que se viene: mayoría automática radical en la justicia de Mendoza”.
El senador linkeó un hilo de Twitter publicado semanas atrás en el que hacía referencia al proyecto de reforma de la Suprema Corte. En ese momento esbozó un análisis en el que sostuvo que “el radicalismo tiene control absoluto de la institucionalidad de nuestra provincia” en relación a las designaciones -con acuerdo prestado por el Senado- de dirigentes vinculados a ese espacio en el Tribunal de Cuentas, Asesoría de Gobierno, Procuración, Contaduría General y la Oficina de Ética Pública. “Solo falta la Suprema Corte, es lo que viene”, escribió Ilardo.
En tanto, el presidente de la tercera fuerza política de Mendoza, Mario Vadillo, también se hizo eco «Cornejo critica a CFK por el intento de reforma Corte Suprema, pero en nuestra provincia ellos hacen lo mismo o peor».
El dirigente del Partido Verde agrega «Lo cierto que en un análisis del proyecto de Ley enviado, surge que lo que se pretende es que el más alto Tribunal funcione con la mayoría simple de los cuatro jueces “radicales” para que ninguna causa que pueda perjudicar al Gobierno, sus funcionarios o los empresarios que hacen negocios con ellos, salga favorable, ni más ni menos».
«Lo trató el Gobernador Alfredo Cornejo hace un par de años con el proyecto de Ley de ampliación de los miembros de la Corte, que gracias al bloque que yo presidía no se dió el quórum para su tratamiento. Existe una corrupción enquistada en el ámbito estatal. Esta obsesión del poder ejecutivo de poner sus ex ministros y ex legisladores en los entes de control, en las sociedades del Estado y en los más altos cargos de la Justicia, es la obsesión de manejar la impunidad de sus acciones políticas» agrega Vadillo.
«Concesionarios y proveedores junto a funcionarios han colonizado las distintas áreas económicas de la provincia donde se pueden ver los nombres repetidos por años. Son intocables a las investigaciones dado que el aparato de control administrativo y judicial está puesto estratégicamente para frenar cualquier denuncia. El poder ejecutivo es un ámbito fértil para las acciones de corrupción Y las empresas privadas que tienen intereses directos en las acciones del Estado (ya sean empresas contratistas, servicios públicos privatizados o tercerizados).. El afán de lograr el poder absoluto de algunos dirigentes políticos, los han llevado a romper, cooptar y asimilar los otros poderes y entes de control republicanos» concluye el presidente de los verdes mendocinos.
Kemelmajer: «Este proyecto afecta la independencia de la Justicia»
La exintegrante de la Suprema Corte de Justicia, Aída Kemelmajer, cuestionó el proyecto de Rodolfo Suarez para modificar el funcionamiento del máximo tribunal al sostener que la eliminación de salas planteadas «no es la solución porque afecta a un gran número de procesos que llegan a la Corte».
Consultada por el medio MDZ, una de las voces más prestigiosas del mundo jurídico de Mendoza, sostuvo «Afectan la independencia del poder Judicial» porque no fue consultada con los mismos jueces. El Poder Ejecutivo da la imagen de tener en la Corte jueces de su confianza a quienes consulta. Esto es muy malo».
