La senadora Rus “el reclamo de Macho y ATE es válido pero sus medios de expresión no empatizan con la vigencia de los derechos básicos del resto de la sociedad”

Actualidad Mendoza

Roberto Macho fue arrestado por violar el artículo 194 del Código Penal, así lo determinó la justicia, ya que cortó 5 rutas en un poco más de una semana y le impidió a miles de ciudadanos la libre circulación. Su justificación es que el gobierno está criminalizando la huelga de (ATE), cuando en realidad es él quién no empatiza con el común de la sociedad que no está representada en un gremio y debe cumplir con sus actividades y responsabilidades. La Senadora y abogada, Mercedes Rus lo explica en términos legales.

Roberto Macho advierte que «donde hay una necesidad hay un derecho», utiliza este recurso, para tratar de justificar el delito que se le atribuye de cortes de rutas o vías de tránsito.

“Lo cierto es que el derecho de huelga, cuando en su manifestación implica medidas de acción directa que suponen delito, no constituye justificación de los ilícitos cometidos, en este caso el previsto en el artículo 194 del Código Penal, el cual: “penaliza a quien sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes o los servicios públicos…,” es decir no solo se penaliza a quien imposibilita o suspenda el transporte sino a quien ponga trabas, lo moleste o incomode.

“Por lo cual la acción que se le imputa por haber cortado el tránsito, es atribuible legalmente y no puede poner como excusa la huelga o la protesta en generar, aludiendo a la legitimidad que esta tiene en sí misma”, explica Rus.

Es válido aclarar que el derecho a huelga contemplado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, es un derecho, que además, cuenta con la protección a la libertad sindical consagrada en el ámbito de los convenios internacionales.

“Sin embargo, los cortes realizados por el secretario general de ATE, repercuten en el derecho de cualquier persona de transitar libremente por cualquier medio de transporte por la vía pública, el derecho de tener a disposición, con normalidad y eficiencia los servicios públicos, y con ello poder satisfacer otros derechos;  sea el derecho de trabajar, ir a estudiar, procurarse una atención de salud, etc.”

La legisladora advierte que “el reclamo de Macho y ATE es válido pero sus medios de expresión no empatizan con la vigencia de los derechos básicos del resto de la sociedad”.

Y pone como ejemplo: “si en el marco de una protesta, si producto de la acción de unas pocas personas se ocasionan daños a bienes, o lesiones físicas a personas, esto no puede quedar impune, por el marco de huelga en que se produce, lo mismo cuando el delito involucrado es el contempla el art. 194 del Código Penal. Lo cierto es que frente a una persona lesionada, por ejemplo, por una piedra arrojada en una protesta, lo que es visible y de impacto, el corte o entorpecimiento de las vías públicas parece no tener la misma visibilidad, al menos para la parte de la sociedad que no se vio afectada por ello”.

“Por eso, se debe proteger el derecho consagrado de estas personas y sin distinciones odiosas, y no se puede no imputar o no proceder conforme las normas establecidas para la valoración penal en orden a las detenciones, analizando antecedentes penales, incomparecencias etc., porque ello habilitaría discriminación y diferencias no adecuadas al principio de igualdad ante la ley y a un estado de derecho”.

Rus advierte, que “si no se aplicara la ley, se entendería que esto es acto de presión del Estado como moneda de cambio para la obtener un acuerdo paritario determinado, lo que iría en contra de los derechos de los trabajadores representados por el sindicato, desobedeciendo el mandato sindical”.

“Considerando el accionar de Roberto Macho y la respuesta que tuvo la Justicia frente a los cortes realizados por él y su gremio, considero que no existe ilegalidad, ni proceder arbitrario, sobre todo teniendo en cuenta que la protesta en sí no se está criminalizando, sino que pudo tener voz y desarrollarse sin interferencia judicial alguna”.

«Frente a esto es que vemos que la victimización que está utilizando la conducción de ATE,  con el apoyo de algunos sectores políticos opositores, es el escenario mediático para justificar su delito pretendiendo apoyo social» advierte el Bloque de Senadores de la UCR.