Teniendo en cuenta que el presupuesto 2022 de la Legislatura mendocina asciende a 2.652.257.294,52 de pesos, donde tanto los senadores y diputados provinciales ganan más de 350 mil pesos mensuales de sus dietas en bruto… el vivir «dentro de un termo», lejos de las preocupaciones de la ciudadanía mendocina, el costo resulta realmente caro.
Más allá que todos sabemos que Mendoza es «la Suiza de Latinoamérica» donde no existe la pobreza, no hay inseguridad, la provincia desborda de trabajo de calidad, la asistencia de la salud pública es de excelencia y muy bien remunerada, al igual que la gran infraestructura e inversión en educación pública, donaciones a entidades con total transparencia… sería bueno que los legisladores dejen de ocupar tanto tiempo en redactar proyectos de «reconocimientos de interés legislativo» de distintas exposiciones y eventos… y lo apliquen a los urgentes problemas de la población.
En esa sintonía, la diputada provincial del Bloque UCR-Cambia Mendoza, Daniela García, dedicó parte de su tiempo en pensar y redactar un proyecto de Ley de declaración en la Legislatura de Mendoza con el fin de «expresar preocupación ante las declaraciones vertidas por el diputado nacional por la Libertad Avanza Javier Milei al descalificar una medida política haciendo uso de un discurso patriarcal».
Este desgaste de tinta y papel se realizó en base a que Milei manifestara semanas atrás en la televisión su deseo de cerrar el Ministerio de la Mujer en el caso de un eventual triunfo en las elecciones presidenciales de 2023.
Lo peor de todo es que la iniciativa entró y gastó tiempo en el recinto, incluso se votó y fue aprobada este martes en la Cámara baja también por la oposición.
Con este antecedente, es muy probable que en las próximas sesiones se avance en otros temas de relevancia en la Legislatura mendocina: el romance de la China Suarez con Mauro Icardi y el caso de la hermana gemela de Carmen Barbieri.
El proyecto, que tiene como coautora a otra radical, Paula Zelaya, también de las filas de Cambia Mendoza, un frente dónde el machismo es un sello distintivo desde hace años donde los hombres gobiernan y las mujeres levantan la mano, indica: «Como funcionario público nacional es necesario que haya realizado el curso que establece obligatoriamente la Ley Micaela N°27.499. De esa esa manera, se asegura que entienda qué es la perspectiva de género y por qué luchamos contra la violencia hacia las mujeres, ya que esta tiene como objetivo la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública y en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación».
«Consideramos que es primordial la defensa efectiva de los derechos de la mujer y garantizar de este modo una situación social más humana y justa. Repudiamos la violencia discursiva en el ámbito político, ya que estos espacios representan un poder de promoción y desarrollo, los cuales se difuminan cuando se utilizan como un instrumento para el usufructo de intereses grupales o particulares», concluye el escrito de las integrantes del oficialismo provincial.
El bochorno legislativo de hoy fue denunciado por el ex concejal Luis Giachino desde sus redes sociales que aseguró que «estas son las cosas que les preocupan a los legisladores de Cambia Mendoza y el Peronismo» en base al acto de cholulismo televisivo de los diputados mendocinos.
Afortunadamente, para poner un manto de coherencia, la diputada demócrata Mechi Llano votó en contra de la superficial iniciativa de la radical Daniela García y retrucó pidiendo mayor transparencia respecto a los contratos de locación de servicios que la presidencia de la Cámara de Diputados dispone y utiliza de manera discrecional. “Cada diputado cuenta con una suma fija anual para destinar a contratos, en cambio, no hay información sobre los fondos asignados a Presidencia, Comisiones, Bloques y Labor Parlamentaria”, remarcó la legisladora.
Por eso, a través de un proyecto de Resolución, solicita que se brinde información sobre cada uno de los contratos de locación de servicios dependientes de la Presidencia de la Cámara de Diputados, desde el 25 de diciembre del 2019 a la fecha.
“Es necesario facilitar el acceso a esta información a los ciudadanos a fin de transparentar el uso de los recursos públicos y las relaciones de los actores políticos con el gobierno de turno. El caso Bonarrico obliga a visibilizar la administración de los fondos administrados por esta Cámara, no solo para prevenir el manejo irregular del dinero público, sino también para no dejar dudas sobre la legitimidad de los consensos legislativos”, argumentó la diputada demócrata Mechi Llano.