El proyecto de ley sobre la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta y sus derivados obtuvo dictamen en un plenario de comisiones en la Cámara de Senadores y podría ser puesta a consideración, sobre tablas, durante la sesión ordinaria prevista para este miércoles.
La iniciativa, que cuenta con aprobación de la Cámara de Diputados, fue defendida en el Salón de las Provincias por especialistas y familiares de pacientes que requieren el aceite cannábico, y sería tratada sobre tablas en la sesión de este miércoles.
La iniciativa autoriza al Estado a proveer el aceite cannábico a los pacientes con ciertas patologías –la más citada en este caso es la epilepsia refractaria-, y habilita la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta y sus derivados.
“El proyecto garantiza acceso gratuito del aceite a quienes se incorporen al programa y hace que el Estado se haga cargo de algo que estaba pendiente”, remarcó Silvia Elías de Pérez (UCR), presidenta de la Comisión de Salud.
Los senadores Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV), Jaime Linares (GEN) y Julio Cobos (UCR) coincidieron en la urgencia de la sanción de la ley, mientras que la camporista Anabel Fernádez Sagasti, si bien acompañó el proyecto, consideró que “deja un agujero negro” y coloca “a un montón de argentinos al desamparo” por no permitir el autocultivo.
La diputada nacional del Partido Obrero, Soledad Sosa, que integra el bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores, presenció la misma y al concluir declaró: “La despenalización del cannabis medicinal y el fin de la criminalización es un reclamo por el que hace más de una década vienen luchando las organizaciones de pacientes y familiares. Por eso, de darse la sanción definitiva de esta ley será un paso adelante en esta ardua pelea».
«Sin embargo, el proyecto que se aprobará no garantiza el acceso gratuito. Tampoco el auto cultivo ni el cultivo solidario, que fue la garantía en todo este tiempo de acceso a esta medicina complementaria, y es el motivo por el que actualmente los familiares sufren persecución y detenciones, como el caso de Adriana Funaro». Sosa agregó: «Precisamente estos puntos estaban contemplados en nuestro Proyecto de Ley que fue presentado en una Audiencia Pública con más de cien familiares de pacientes y organizaciones sociales».
Además, «el texto de la ley condiciona a la reglamentación del Poder Ejecutivo varios aspectos, pone en un mismo plano la consideración de las patologías a la reglamentación y el hospital, cuando debiera ser única atribución del médico», señaló la diputada mendocina.
«Esta lucha forma parte inevitablemente de una más general, que es frenar el ajuste de Macri y los gobernadores sobre la salud pública. De la misma manera, la investigación científica del cannabis que plantea la ley deberá enfrentar el recorte del Conicet, donde los investigadores y becarios luchan por la reincorporación plena de los 500 trabajadores», reflexionó Sosa. “Por otro lado, la legislación penal sigue intacta y el trato sobre cultivadores solidarios o el autocultivo medicinal de usuarios seguirá a expensas del Ministerio de Seguridad».
Al abrir el debate, la directora del Laboratorio de Neurociencia Cannabis Medicinal Argentina (CAMEDA), Silvia Kochen, precisó que “el 45, 50% de los pacientes que están usando el Cannabis, responden” al mismo, y “los efectos adversos que existen son mínimos”.
Kochen, quien se desempeña en el Hospital Ramos Mejía y en El Cruce-Néstor Kirchner, advirtió que las familias que acuden a esta sustancia “sufren una situación de ilegalidad” y enfatizó: “No dar respuesta a la salud es violar un derecho humano”.
A su turno el doctor Martín Sívori, del Hospital Ramos Mejía -quien además es padre de un chico con epilepsia- destacó que “este marco regulatorio es un excelente primer paso” y aclaró que “hay muy pocas evidencias” de la efectividad del Cannabis porque “nadie investiga en el mundo” ya que el uso de esta sustancia se encuentra “en un marco de ilegalidad”.
La fundadora de CAMEDA y directora médica de LALCEC (Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer) Morón, Ana García Nicora, relató que se empezó a trabajar en el tema a partir del “vacío académico, jurídico y político” sobre el uso medicinal del Cannabis, en un contexto de “desolación e indiferencia”.
“Hace un año que recorremos los pasillos del Congreso”, comentó Nicora, quien marcó como “misión” lograr el acceso legal a esta sustancia bajo normas de seguridad y calidad y bajo la supervisión del Estado.
Desireé Macrini, referente del Frente de Organizaciones Cannábicas Argentina e integrante de la Campaña por la Despenalización del Cannabis Medicinal (CADECAM), reclamó por la legalización del autocultivo y recordó el caso de Adriana Funaro, una madre cultivadora que fue detenida por la Policía bonaerense y hoy se encuentra bajo prisión domiciliaria.
A su vez Valeria Salech, presidenta de la Asociación Civil “Mamá Cultiva”, fundación sin fines de lucro que tiene por objeto agrupar a madres, aseguró que la investigación en el marco de la legalidad es fundamental y que “la comunidad científica está esperando el sí del Congreso» para poder ayudarlas.
