Recorte presupuestario al plan contra violencia de género: La senadora sanjuanina Riofrio pide explicaciones a Nación

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La Senadora Nacional por San Juan, Marina Riofrio, presentó hoy un pedido de informe al Poder Ejecutivo Nacional para que comunique el presupuesto real del Consejo Nacional de las Mujeres y  detalle la decisión administrativa Nº 12/2017, publicada en el Boletín Oficial el pasado 11 de enero,  en la que se evidencia el recorte de 67 millones de pesos de las partidas asignadas al plan contra la violencia de género.

Las organizaciones sociales ELA, ACIJ, CAREF, FEIM, MEI y Siglo 21 presentaron un amparo ante la Justicia para que declare la inconstitucionalidad de la medida adoptada por el jefe de Gabinete, que -según denuncian- redujo en 67 millones de pesos el presupuesto asignado por el Congreso al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA).

Ante ello, tras el amparo presentado ayer por distintas ONG´s para que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la medida adoptada, y luego de que el CNM adjudicara oficialmente a un “error”  la mencionada disposición, la legisladora sanjuanina Marina Riofrio exigió a través del proyecto de comunicación la inmediata explicación al PEN.

“Nos deben aclarar cuál fue el fundamento por el cual se resolvió recortar el presupuesto asignado al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, o de lo contrario en qué consiste el error de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que no refleja el presupuesto real asignado a dicho organismo”, especificó Riofrio

En lo que va del año el promedio de mujeres víctimas de femicidio aumentó de manera aterradora, 60 mujeres ya murieron en manos de su pareja o ex pareja, lo que indicaría que se comete un femicidio cada 18 horas, según datos del Instituto de Políticas de Género “Wanda Taddei”.

“Urge que el Poder Ejecutivo Nacional rectifique la medida adoptada por las vías formales, para dotar a la política nacional de prevención de la violencia contra las mujeres, de previsibilidad y garantía de respeto de los derechos humanos de las mujeres”, sentenció la senadora, al tiempo que aclaró que el presupuesto surgió de un consenso político entre los distintos bloques representados en el Congreso Nacional y fue sancionado con fuerza de Ley.

Cada año, el Congreso Nacional debate el presupuesto y se decide cuántos recursos se destinarán a implementar las diversas políticas públicas. En esa discusión, que se llevó adelante a fines de 2016, las diferentes agrupaciones sociales mencionadas anteriormente remarcaron que los fondos que se planteaban asignar no eran suficientes para poder llevar adelante el PNA.

En el programa se establece que «el primer año de implementación requiere de una partida de 47 millones de pesos (sin contar los fondos que demandará la construcción de los hogares integrales de protección o refugios que el Poder Ejecutivo estimó en 600 millones de pesos)», según se detalla en el amparo presentado por las organizaciones sociales.

Los reclamos fueron contemplados y, en consonancia con ese pedido, en el presupuesto votado en el Congreso -el 3 de noviembre de 2016- se incrementó el presupuesto previsto para el CNM en 20 millones de pesos. Así se pasó de $96.500.250 a $116.500.250. Además, se estableció una partida concreta para la implementación de políticas contra la violencia de género por una suma de 47 millones de pesos.

Sin embargo, esos 67 millones de pesos no figuran en la publicación mencionada anteriormente. «A tan sólo once días de iniciado el ciclo presupuestario 2017, la Decisión Administrativa que impugnamos dejó sin efecto los cambios sancionados por el Congreso, afectando gravemente los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, así como la más elemental concepción que se tenga del principio de división de poderes, convirtiendo la discusión presupuestaria del Congreso en una mera puesta en escena», denuncian las agrupaciones en el escrito presentado ante la justicia.