El nuevo DNU del Gobierno Nacional publicado el último jueves estableció el cierre de aulas en todo AMBA por 15 días a partir del 19 de abril, como parte del paquete de medidas para controlar el avance del coronavirus. La ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas, que nuclean a un pequeño grupo de padres y docentes, interpusieron la semana pasada dos amparos para solicitar la nulidad de los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°241, al considerar que era «fundamental» priorizar el dictado de clases de forma presencial.
Mendoza se encolumna con las provincias que decidieron apartarse de los lineamientos de la Casa Rosada. “En concordancia con la estrategia mendocina, continuaremos con el mismo orden de restricciones que tenemos en la actualidad, observando atentamente la evolución durante los próximos días”, indicó esta semana el gobernador Rodolfo Suarez, luego de comandar una reunión de gabinete. El gobernador defendió su esquema de “on-off”, de aperturas y cierres para “proteger la salud y el empleo de los mendocinos”.
Además, la administración de Suarez aseguró que las escuelas están bajo control y pidió “contar con el apoyo de los mendocinos para poder continuar manteniendo la economía y las instituciones educativas abiertas”. De los 2915 colegios de la provincia, el 1% ha reportado casos de Covid-19 positivos, lo que significa que solo 15 instituciones permanecen cerradas, indicaron.
Por su parte y reafirmando la importancia de las clases presenciales en las escuelas de Mendoza, la vicepresidenta de UCR Mendoza y diputada provincial, María José Sanz, desarrolló una fuerte columna de opinión con una respuesta directa al PJ provincial que intenta adherir al DNU venido desde Casa Rosada.
¡Es la educación, estúpidos!
Recientemente, un diputado de la oposición, presentó un proyecto en la Legislatura solicitando que el gobierno de la provincia, en consonancia con el gobierno nacional, suspenda la presencialidad en escuelas primarias y secundarias.
Expone argumentos relacionados con el crecimiento de casos que venimos padeciendo los mendocinos por la segunda ola, la falta de vacunación de docentes y que el gobierno provincial debiera encuadrarse respecto del gobierno nacional.
Es cierto que los casos siguen creciendo, y es cierto que no todos los docentes están vacunados. Sin embargo, la tasa de contagios en el ámbito educativo es menor que el 1% y la aplicación de vacunas a docentes tiene demora, pero no por una decisión provincial precisamente, por lo que sería interesante que, en vez de proponer cerrar las escuelas, la oposición nos hablara de qué piensa del 99% restante (es fácil agarrársela con los chicos).
Está comprobado en todo el mundo que la incidencia de las escuelas en las tasas de contagio es muy baja y menor que al resto de las actividades. En ningún lugar del planeta, salvo en la Argentina del kirchnerismo, se optó por una cuarentena de 7 meses como primera opción ni tampoco por cerrar las escuelas durante un año como se decidió durante el 2020.
“Las escuelas son lo último que hay que cerrar”, señalaron hace unas semanas UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría, alertando sobre los riesgos de la no presencialidad en las aulas y destacando lo indispensable de ésta para el desarrollo y bienestar de los más chicos.
Y es que, en situaciones normales y de emergencia, las escuelas son un lugar fundamental para el apoyo emocional, el monitoreo de riesgos, la continuidad de los aprendizajes y el apoyo social y material para las niñas, niños y las familias. Lo destacaron durante varios meses UNESCO, el Banco Mundial, trabajadores del ámbito educativo, docentes y especialistas…
Sin embargo, lo más “enigmático” para el peronismo, debe ser el consenso internacional que existe y que se ha fortalecido en el último tiempo, de que aún en estados de pandemia, crisis o catástrofes, el marco legal está dado por los derechos humanos, y que la educación es un derecho humano fundamental. ¡Ups!
El aumento de casos es real, como también lo es que en Mendoza se ha podido combinar la cuestión económica con los cuidados sanitarios. Aunque no lo crean algunos, hay alternativas y opciones que no implican la afectación de los vínculos sociales ni tampoco el deterioro de las relaciones económicas. Está claro que los equilibrios que la cuarentena exige no son sencillos, y, fundamentalmente, no pueden pensarse siempre desde la mentalidad del sector que puede tener su sueldo todos los fines de mes.
Desde el oficialismo no sólo tenemos en cuenta al sector público, sino también a las empresas y a las fuentes de trabajo que genera todo el sector productivo. Para nosotros, los empresarios no son enemigos, por el contrario, entendemos que son nuestros aliados y nos preocupa profundamente cómo el cierre acrítico y feroz del año pasado generó el derrumbe de cientos de empresas, de miles de negocios y la obvia pérdida de fuentes de trabajo.
Desde luego, con esto no estamos diciendo que nos resulte indiferente la curva de contagios, lo que sí estamos expresando es que la primer medida no puede seguir siendo el cierre total. Seguir reproduciendo esa dinámica es sancionar de manera definitiva que no aprendimos nada en este año de convivencia con el virus. No podemos empezar a transitar una crisis agotando al principio las herramientas más potentes para combatirla.
Necesitamos sostener todo lo que se pueda la circulación libre de los adultos para que puedan trabajar y producir; y de las niñas, niños y adolescentes para que puedan aprender, pero fundamentalmente para que puedan vivir.
Solía decir Hipólito Yrigoyen que la política le debe a la ciudadanía al menos la preocupación por hacerla más feliz, “un mínimun de felicidad”. El estrés social también ha ido en aumento, y el agotamiento psicológico y existencial de la ciudadanía mendocina no es un dato menor, ni tampoco algo que no tengamos que poner en la mesa de los análisis y en la proyección de las soluciones.
El Estado no puede funcionar solamente bajo una metáfora médico-policial que el kirchnerismo intenta imponer bajo el concepto del cuidado, de la frase harto repetida de “el Estado te cuida”. El Estado lo que tiene que hacer es generar las condiciones para que cada persona pueda decidir libremente acerca de sus propias opciones de vida, siendo muy finito y complejo el límite de hasta dónde puede y hasta dónde no puede meterse el Estado en la vida de las personas. La humanidad no entiende la vida si no es a través de la libertad, por lo tanto, las decisiones que impliquen afectar este principio de nuestra cultura y este derecho humano fundamental no se pueden tomar a la ligera.
El cierre irresponsable de la economía destruye proyectos de vida, arruina familias, coarta la posibilidad de progreso de amplios sectores de la sociedad. Por lo tanto, la discusión no empieza por ahí, empieza por la otra punta, empieza por sentarnos a discutir y planificar cómo hacemos que esa decisión que parece inevitable, sea finalmente la última y no la primera. El Estado no te saca de la pobreza, de la pobreza te saca el trabajo. Y la educación. Por lo que necesitamos combinar en un equilibrio amplio una ecuación que nos dé en los niveles máximos tres cosas: salud biológica, mantenimiento y expansión de las relaciones económicas y bienestar psicológico y espiritual.
El coronavirus ya hace mucho tiempo que dejó de ser una pandemia, tenemos que adoptar el eje de la sindemia. Una sindemia es la combinación múltiple de pandemias y dimensiones de afectación sobre una población. Hay que atender a la multiplicidad y sacarse las anteojeras monocromáticas del encierro bobo.
Hay que agregar que nosotros no tomamos decisiones ni hacemos propuestas por sentido corporativo ni partidario. Evaluamos con datos y analizando la realidad cotidiana que viven todos los mendocinos. Es en ese sentido también que nos preocupa el reduccionismo del Estado que el peronismo realiza, que hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expresa en una violación obscena del federalismo y la autonomía que ese distrito tiene para decidir, pero también en una decisión autoritaria que incluye una hipótesis disuasiva de corte represivo a través de desplegar a la Gendarmería en el territorio porteño para “controlar” que se cumpla el decretazo del presidente.
Bien solía decir Deodoro Roca que “La autoridad en un hogar de estudiantes, no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando: enseñando. Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda”. Educar es un valor, una convicción, un derecho, un principio irrenunciable para nuestro gobierno. No estamos dispuestos a renunciar ni al futuro ni al presente que la educación expresa en una sociedad, en nuestra sociedad.
Si ha de tomarse semejante decisión, será la última, no la primera. Les recordamos también a quienes defienden este tipo de propuestas, que el año pasado el cierre, según el gobierno nacional, era supuestamente por dos semanas, pero en la mayoría de las provincias y en particular las kirchneristas ¡duró un año! Otras, como Mendoza, volvieron en noviembre y arrancaron nuevamente en febrero de este año.
Por lo tanto, la discusión no se trata de cerrar o no cerrar, ésa no es la cuestión. El debate se trata de cómo seguimos educando, de cómo seguimos trabajando y de cómo seguimos viviendo de la mejor forma posible, sin renunciar al sueño de una nueva normalidad en base a consensos y acuerdos cooperativos para un futuro mejor.
Por María José Sanz
