Zamarbide: “La reforma judicial no está pensada para los ciudadanos, si no para el poder político y la corporación judicial”

Actualidad Mendoza

Semanas atrás, en medio de un contexto pandémico en el que la Argentina aún transita la cuarentena más larga de todos los países del mundo, el presidente Alberto Fernández presentó un proyecto para reformar la justicia. Desde Juntos por el Cambio se oponen a tal modificación y explican los motivos por los cuales no dejarán que la iniciativa enviada por el Ejecutivo avance en el Congreso.

El diputado nacional por Mendoza, Federico Zamarbide, brindó detalles de los fundamentos que lo llevan a sostener que no es una reforma que sirva a los ciudadanos ni mejore el servicio de justicia. “No cambia la justicia laboral, civil ni penal. Está pensada para favorecer al poder político en causas de corrupción y para beneficiar a la corporación judicial”, remarcó Zamarbide.

El legislador de la Unión Cívica Radical, apuntó además que mientras que en Mendoza se propone una reforma constitucional para justamente bajar el gasto político, a nivel nacional la implementación de esta reforma implicaría la creación de casi 300 cargos y costarían al Estado argentino $ 5.000 millones de pesos anuales.

“Hay una falta de correlación entre los objetivos de la reforma y el contenido de la misma. Primero porque plantean pasar a un sistema acusatorio pero lo que están proponiendo son nuevos juzgados en lugar de nuevas fiscalías. Esos nuevos juzgados implican secretarías, mesas de entrada, relatores pero la parte de la fiscalía no la vemos. Además, esto implica una enorme cantidad de recursos”, subrayó el diputado.

Asimismo, el legislador de JxC enfatizó en que el kirchnerismo continúa sosteniendo una postura abolicionista del derecho penal. “Es una postura blanda la que tienen frente a delitos como el narcotráfico; la famosa doctrina Zaffaroni, esta reforma es parte de eso”, explicó el diputado nacional en relación a la postura garantista del juez que considera “que el delincuente es una víctima de la sociedad, que el delito es una creación política, que el proceso penal es una farsa de los poderosos y que el Estado no está legitimado para imponer penas”.

Por todo lo mencionado, adelantó Zamarbide, es que desde Juntos por el Cambio tienen decidido “no dar quorum y vamos a hacer todo lo posible por frenarla en el Congreso. Por supuesto que sí es necesario modificar aspectos de la justicia federal pero este no es el proyecto ni mucho menos es el momento. Con lo cual nuestra postura es clara frente a lo que hay que hacer”, cerró el legislador sureño.