Piden al Gobierno de San Luis que transparente los criterios y el proceso de selección de adjudicatarios de viviendas

Actualidad San Luis

El interbloque de Diputados de San Luis Unido presentó hoy una solicitud de informe para que el Gobierno transparente el criterio y proceso de selección que rigió en la adjudicación de 365 casas en Villa Mercedes y las 608 en la ciudad de San Luis.

En ambas ciudades inscriptos de planes de 2011 insisten con los reclamos porque fueron relegados por el Gobierno, aún cuando cumplen con los requisitos y había un compromiso de darles prioridad por parte de la secretaría de Vivienda.

A raíz de las protestas la gestión de Alberto Rodríguez Saá organizó entregas sorpresivas notificando a las familias a último momento y no se permitió el acceso a la prensa.

Hasta ahora los listados no ha sido difundidos a diferencia de lo que hacían gestiones gubernamentales anteriores que publicaban los nombres de las familias.

Por esa razón quieren que el Gobierno de a conocer la nómina de beneficiarios.

En interbloque San Luis Unido promueve que el Gobierno informe a la Cámara de Diputados si se le dio prioridad a las familias inscriptas en 2011 que se “encontraban al día con la cuota a diciembre de 2015 y continuaron pagando llegando a las 70 cuotas”.

Al mismo tiempo requirió que responda cuál fue motivo para cerrar de “manera unilateral” las cuentas habilitadas para el pago.

Otros de los puntos que el Gobierno deberá responder es la cantidad las familias que siguen en lista de espera y la cantidad de cuotas pagas que tiene cada una de ellas.

“Resulta necesario conocer los criterios que se utilizan en la preadjudicación y adjudicación de viviendas, puntos que hacen a la transparencia que necesariamente debe existir en estos tipos de procesos”, señalaron los copresidentes de la bancada, Gastón Hissa y Luis Lucero Guillet, y sus pares Fabiana Zárate y Mónica Becerra.

Los legisladores argumentaron que la política habitacional es uno de “los principales pilares que deberían impulsarse, no solo por la importancia que reviste el hecho del acceso a un techo digno sino porque activa la obra pública y con ello una gran cadena laboral y de manufactura para todos los sanluiseños”.

En los fundamentos citaron que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional “incorpora a la vivienda dentro del concepto integral de seguridad social” y el artículo 53 de la Constitución Provincial “consagra que se deberá facilitar acceso a los sectores de menores ingresos a un hogar digno”.

También señalaron que el concepto de “piso de protección social”, definido por distintas organizaciones como la ONU, la OIT y la OMS “refleja una extensión de los sistemas de seguridad social orientada a que diversos organismos públicos actúen en forma coordinada para garantizar todos los derechos sociales”.

“Es importante conocer la información solicitada ya que el sector al cual están destinadas las casas es el más vulnerable de la sociedad. Es menester por ello mantener la vigencia e implementación de la política habitacional que ha venido llevando a cabo el Gobierno provincial durante los últimos años”, sostuvieron.

Esta propuesta surge luego de que, en medio de la entrega de casas, muchos inscriptos de 2011 pusieran en duda el cumplimiento de los requisitos y si realmente se priorizó la vulnerabilidad de los sanluiseños.

Fuente: El Chorrillero