Najul solicita controlar y supervisar inmediatamente las compras y contrataciones en el marco de la pandemia

Actualidad Mendoza

Con el fin de garantizar la transparencia de la administración, la diputada nacional por Mendoza, Claudia Najul, presentó un proyecto de resolución pidiendo la intervención de la Auditoría General de la Nación para que realice un control paralelo a los gastos que se están realizando dentro de la facultad discrecional que tiene el Ejecutivo Nacional para manejar el presupuesto.

Al respecto, la diputada por el radicalismo manifestó que “es muy preocupante que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, dependiente de la Procuración General de la Nación, haya oficiado por segunda vez a la Agencia de Acceso a la Información Pública de la Nación, para que vele por el cumplimiento de la publicidad de las contrataciones hechas por el Poder Ejecutivo Nacional durante la emergencia sanitaria, denunciando que el 30% de las compras realizadas desde el comienzo de la pandemia no fueron informadas ni publicadas por ningún canal. La agilidad de los procesos que contempla las facultades especiales otorgadas al Ejecutivo no puede significar, de ninguna manera, terreno fértil para la falta de transparencia”.

La propuesta de Najul se suma a otras iniciativas de la oposición, cuyo objetivo es involucrar a la AGN en el control y supervisión de las compras y contrataciones de los organismos públicos inmediatamente, en lugar del año que viene, como prevé la ley.

“Circunstancias excepcionales exigen también medidas excepcionales. Las amplias facultades con las que cuenta hoy el Gobierno Nacional para manejar los recursos del Estado, no significa dejar sin vigencia el control republicano. En este contexto debemos maximizar los mecanismos de fiscalización, en proporción a los niveles de discrecionalidad del Ejecutivo. La falta de publicidad en la administración de los recursos públicos lesiona a la democracia, precisamente en un momento donde es de vital importancia el funcionamiento aceitado de las instituciones”, subrayó la legisladora mendocina.

Cabe resaltar que la Auditoría General de la Nación es un organismo que asiste técnicamente al Congreso en sus facultades constitucionales de control cruzado del Poder Ejecutivo.

La adquisición de insumos, bienes y alimentos para hacer frente al avance del COVID-19 arroja sospechas de irregularidades desde el comienzo del aislamiento. A principios de abril, catorce funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social presentaron la renuncia luego de que la cartera comprara fideos a un precio tres veces superior al del comercio minorista.

“En contextos de emergencia como el que vivimos, se hace indispensable garantizar la transparencia de la administración para fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes”, cerró Najul.