En la sesión de Diputados de la provincia de Mendoza de hoy, el bloque del PJ insistió en declarar la «Emergencia en Violencia de Género». Desde el Partido Obrero-FIT, Héctor Fresina manifestó que «se trata de un intento de tapar su responsabilidad como partido que gobernó ocho años la provincia sin mover dedo, y cajoneó junto a la UCR nuestro proyecto de abordaje integral de la problemática, que presentamos en octubre de 2014».
El diputado Fresina cuestionó a todos los partidos «que defienden este régimen capitalista de doble opresión contra la mujer, por ser trabajadora y por ser mujer, y se acuerdan del problema recién cuando miles se movilizan contra los femicidios».
Frente al anuncio de medidas que anunciaron funcionarios del gobierno, dijo «la funcionaria Anfuso, de Libres del Sur, dejó en claro solo una cosa: que no piensa darle a las mujeres víctimas de violencia de género ni trabajo ni vivienda». Ante lo cual marcó diferencias con la posición de Cecilia Soria, del PTS, que definió las medidas del gobierno como «positivas pero insuficientes». Para el Diputado del PO, «nada bueno para la mujer trabajadora podemos esperar de este gobierno que ajusta y reprime, incluso la creación de una fiscalía, que ni siquiera tiene presupuesto, es una farsa, ¿quién va a poner al fiscal a cargo?: Gullé, es decir, Cornejo». Fresina recordó que «en la provincia de Salta se declaró hace dos años una emergencia similar a la que ahora propone el PJ, sin presupuesto y sin alterar las condiciones de explotación y opresión social, y el balance es de 30 nuevos femicidios».
Finalmente expresó que el Partido Obrero «pone su energía en la organización independiente de las mujeres en los barrios y asentamientos, en los lugares de trabajo y estudio, para luchar por todas sus reivindicaciones, y en este sentido reivindicó el proyecto de ley presentado por el PO-FIT, que plantea fiscalías especializadas en todos los departamentos con fiscales electos y revocables por el padrón femenino, casas refugios transitorias con equipos interdisciplinarios cada 20 mil habitantes, salida laboral estable y vivienda para las mujeres víctimas, cobertura social, transporte gratuito, entre otra medidas urgentes».
