Fue una sesión alterada por los incidentes, los cruces y la polémica, el oficialismo de la Cámara de Diputados, con el apoyo de varios diputados referenciados en gobernadores peronistas, aprobó en particular poco antes de las 6 de la mañana el proyecto de Presupuesto 2019 y la envió al Senado, en una votación acotada como consecuencia de los acuerdos previos. La votación de la «Ley de Leyes» fue por 138 a favor y 103 en contra, con 8 abstenciones y 7 ausentes.
Junto a la «ley de leyes», también consiguió media sanción el Consenso Fiscal 2018 y el aumento a los Bienes Personales, que fueron claves en la negociación con los gobernadores para que saliera el Presupuesto.
De esta manera, Cambiemos se anotó así una victoria y logró su objetivo de tener la media sanción antes de este viernes, cuando el Fondo Monetario Internacional dará la aprobación final al nuevo acuerdo firmado con la Argentina. La otra meta del Ejecutivo es obtener la sanción final antes del 30 de noviembre, cuando comenzará el G20. Son optimistas, ya que consideran que vienen negociando en tándem con el Senado y el apoyo de Miguel Ángel Pichetto es clave para que el bloque de peronistas que responden a los gobernadores acompañen.
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El debate tuvo varios discursos encendidos, aunque muchos de ellos con un contenido similar, sobre todo los de la oposición, que definieron al Presupuesto como «del ajuste» y hecho «a medida del mercados y del FMI».
De hecho, en un momento la oposición se levantó y tendió una bandera de los Estados Unidos en la mesa central del recinto y le repartió banderitas del mismo país a los diputados de Cambiemos. También «sentaron» a una Christine Lagarde, titular del FMI, que había traído Victoria Donda.
Por el lado del oficialismo, Luciano Laspina fue el primero en hablar. Defendió las cuestiones técnicas del texto, pero también se detuvo para remarcar «la fiesta populista» y el «descontrol fiscal» que dejó el kirchnerismo: «Nos dejó casi cuatro puntos de déficit, un legado inédito. El gasto público pasó del 26% del PBI al 46%, y al final del camino no reportó un solo indicador de mejora en los datos de pobreza, infraestructura, salud, educación y mucho menos seguridad y lucha contra el narcotráfico».
«Para explicar el presente hay que explicar el pasado, y después mirar al futuro», completó.
La respuesta fue inmediata por parte de Axel Kicillof: «Estamos ante un Presupuesto vergonzoso. Es absolutamente invotable, es un Presupuesto de ajuste, de endeudamiento, de exclusión social, antifederal y antinacional. Las tiene todas, es un desastre».
Y, como varios de sus colegas, se refirió al FMI: «Se van a reír de los argentinos. Tienen que traerlo acá (al acuerdo), por eso no se puede aprobar el Presupuesto. No puede ser que lo que hace este Parlamento se decida allá en Washington, con el Fondo Monetario Internacional».
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Por el Frente Renovador, el economista Marco Lavagna advirtió que lo generado por el Gobierno es «una fiesta populista financiera» que se va a pagar «en algún momento» y criticó que el Presupuesto «tiene una impronta cada vez más financiera».
«Más que la ‘ley de leyes’, parece ser un trámite administrativo y una señal política de si hay consenso o no en el déficit cero», sentenció el diputado, que también criticó que el año que viene lo votado «va a cambiar, va a sufrir modificaciones a lo largo del año».
Por último, le espetó al Ejecutivo que «después de tres años de gobierno, no aplica más lo de la herencia recibida».
La ley
Para conseguir la media sanción y futura aprobación, la Casa Rosada debió trabajar arduamente negociando con los gobernadores, que tuvieron varias exigencias para acompañar el objetivo del «déficit cero», lo que significará un recorte de cerca de 300 mil millones de pesos, de los cuales 200 mil los hará la Nación y los 100 mil restantes las provincias.
Uno de los puntos salientes de la norma es que proyectaron un dólar promedio a USD 40,10, un crecimiento económico (PBI) negativo de -0,5% y una inflación del 23%. Además, el gasto primario insumirá $3.431.746 millones para atender las necesidades del Estado. De ese total, la administración gubernamental se lleva el 4,9%, los servicios de defensa y seguridad, el 5,5%; los servicios sociales, el 77%; los servicios económicos, el 12,5% y los servicios de la deuda pública, el 0,2%. La asignación para las prestaciones previsionales (ANSES) es de $1.437.859 millones e incluye la liquidación de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.
Las metas fiscales, en tanto, prevén un déficit fiscal primario de 2,7% del PBI en 2018 y de ahí en adelante una reducción del déficit primario que alcance el equilibrio fiscal (0% del PBI en 2019), hasta llegar a un superávit fiscal de 1,0% del PBI en 2020.
El tema de la transferencia de los subsidios al transporte urbano de la Nación a las provincias fue muy discutido y se terminó de resolver el martes en el dictamen. Se creará un fondo de $6.500 millones «destinado a asistir en la transición» y «evitar saltos» en las tarifas. La distribución estará a cargo del Ministerio de Transporte: 5 mil millones será de forma automática y los restantes 1500 millones será teniendo en cuenta los desajustes que presenten ciertos municipios.
Se destinaron refuerzos presupuestarios para el Conicet ($500 millones), INTA ($500 millones), Secretaría de Cultura ($500 millones), Sedronar ($100 millones), y Plan de Lucha contra la Violencia de Género ($30 millones adicionales).
En las retenciones, se reduce del 33% al 30% del tope de derechos de exportación a la soja; se mantiene el 12% para el resto de los productos. El plazo se mantiene hasta el 31 de diciembre del 2020.
