Cuando el año pasado el Gobierno Nacional anunciaba el lanzamiento de nuevos créditos hipotecarios UVA, indexados por las variables de la inflación, y con cuotas iniciales mucho más accesibles para la clase media que las líneas de préstamos tradicionales, enseguida los expertos en economía comenzaron a hablar de las ventajas y desventajas de este sistema que, para arrancar a pagar una propiedad a largo plazo, parece conveniente. Sin embargo, quienes tomaron este tipo de crédito ya sienten el impacto inflacionario: por la suba de la tasa de interés dispuesta por el BCRA, el valor de las cuotas empiezan a subir y empiezan los problemas para las familias que sueñan con la casa propia.
Los créditos UVA son préstamos que se ajustan por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), una unidad de medida creada por el Banco Central para -según afirma la propia entidad- fomentar el crédito hipotecario “y protegerte de la inflación”. De esta manera, la deuda queda fijada en UVAs que fluctúan de acuerdo al índice de precios, es decir a la inflación.
Según un reciente informe del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV, por la subida imparable del dólar que alcanzó un 25% y una inflación acumulada en el primer cuatrimestre de 9,6%; los tomadores de créditos de UVA perdieron hasta un 12% de poder de compra.
Para amortiguar el desbarajuste inflacionario de la Argentina de hoy, el diputado provincial Jorge Tanús, acompañado por el resto del Bloque Podemos, presentó un proyecto de ley tiene por objeto fijar el índice de variación salarial como tope para el ajuste en el precio de las viviendas construidas y/o financiadas por el Instituto Provincial de la Vivienda.
“Consideramos que en el actual contexto inflacionario y de pérdida del valor adquisitivo de los salarios, pretender encuadrar la vivienda social en las variables del sistema financiero significa condenar a la imposibilidad de pago a los asalariados adjudicatarios de viviendas del IPV.
El «economicismo» despiadado del Gobierno, modelo «planilla excel» utilizado para los aumentos en las tarifas, ha sido trasladado por el Instituto Provincial de la Vivienda a las viviendas sociales al aplicarles el método indexatorio desarrollado por el Banco Central de la República Argentina para préstamos bancarios a valor UVA”, señaló Tanús.
Agregó que esta a favor “que el Instituto Provincial de la Vivienda aumente sus niveles de recupero, pero consideramos que no lo va a lograr ahogando a los adjudicatarios o sometiéndolos a condiciones inalcanzables de pago. Por el contrario de seguir el IPV por el camino abordado, el efecto será el contrario, el adjudicatario no podrá pagar su casa y los niveles de recupero caerán sin posibilidades de mejora.
Creemos que el mejor índice para el ajuste del precio de la vivienda es el coeficiente de variación salarial que informa el INDEC y que representa el porcentaje de aumento promedio de salarios”.
“Entendemos que las viviendas del IPV deben reembolsarse por parte de los adjudicatarios y de esa forma devolver al Estado el apoyo que les permitió alcanzar la casa propia, pero no podemos desatender el carácter social de dicha institución y la necesidad de adaptar sus estándares de cobro al asalariado medio, esa es la única forma de garantizar un recupero estable y sostenido en el tiempo”, concluyó el legislador.
