Legisladores del FIT solicitan que los Ministros de Hacienda y Economía de Cornejo expliquen cómo afrontará Mendoza la disparada de la deuda en dólares

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Los legisladores del FIT pedirán que los Ministros de Hacienda y Economía concurran a la legislatura provincial para explicar las consecuencias que tiene la crisis del dólar en la economía provincial. El Senador Lautaro Jimenez y las diputadas Macarena Escudero y Mailé Rodríguez del PTS-Frente de Izquierda presentaron un proyecto para que un plenario de comisiones bicameral pueda interpelar a las autoridades provinciales.

Al respecto Lautaro Jimenez explicó que “el alto nivel de endeudamiento provincial puede llevarnos a una crisis de la deuda frente a una escalada del dólar y la restricción de las refinanciaciones a las que viene apelando el gobierno provincial. Mendoza está entre las provincias más endeudadas del país y los últimos días hemos visto una abrupta devaluación del peso y una corrida cambiaria impulsada por los grandes empresarios y fugadores de capitales que se desprenden de los bonos con los que hicieron millones estos años. La apreciación del 10% del dólar tiene un impacto directo sobre la deuda provincial, cuyo 60% se encuentra en 60% en dólares. Esto produjo desde el 31 de diciembre al 31 de marzo –antes de la última escalada de dólar- un aumento de $2.000 millones de pesos, pasando de $33mil millones a más de $35mil millones. Y esta nueva devaluación tiene el mismo impacto o superior, llegando a equiparar la deuda al menos a un 35% del total del presupuesto provincial. Además queremos que los ministros expliquen en qué condiciones y a qué tasas quieren tomar o refinanciar la deuda que el Partido Justicialista y el kirchnerismo ya les autorizó irresponsablemente a tomar en el mercado internacional, con sus votos en la Legislatura. La economía nacional está una encrucijada, que puede poner en jaque a la economía provincial”.

En el mismo sentido, la diputada Macarena Escudero señaló: “Mauricio Macri y Alfredo Cornejo ratifican el rumbo del ajuste, y anuncian un día después un acuerdo con el FMI. Estas medidas y las recetas propias de Domingo Cavallo, ya las conocemos, son las que llevaron a Mendoza a la crisis de la deuda de 1997 y la ruinosa emisión del Bono Aconcagua, implican nuevos ajustes y tarifazos contra el pueblo trabajador. Vamos a pedir un informe detallado a los Ministros para que digan a ciencia cierta en qué situación se encuentra la deuda y las finanzas de la provincia frente a esta crisis del dólar y el endeudamiento. Llamamos al pueblo trabajador de Mendoza a movilizarse contra los tarifazos y los planes de ajuste, las centrales deben convocar a un paro nacional”.

Cabe recordar que el Bono Aconcagua fue reestructurado por Mendoza tras la crisis económica de 2001: en 2004, durante la gestión del radical Julio Cobos, comenzó un proceso de canje por nuevos títulos denominados Bono Mendoza 2018. El canje se realizó en varias etapas a partir de octubre de 2004 y culminó en agosto de 2008, con un remanente de títulos a canjear de u$s10 millones.

 

El Decreto 332

La norma salió publicada en el Boletín Oficial el mes de marzo y dice que se llama a licitación para “contratación de instrumentos financieros”, la frase significa que Mendoza licitará para tomar deuda, en pesos o dólares, al mejor postor. El monto total serán más de 6.500 millones de pesos y 17 millones de dólares.

Esa licitación es para pedir plata en los varios renglones previstos por el Presupuesto 2018 autorizado por la Legislatura.

Allí se cuentan los 1.918 millones de pesos para obra pública, los 15 millones de dólares para el alumbrado público en los municipios, así como también 2 millones de dólares para alumbrado en las rutas administradas por Vialidad Provincial.

También están incluidos 600 millones de pesos para relocalización de familias cuyas viviendas estén sobre la traza de caminos o vías: el dato es que son 35 familias de Las Heras que vivían en terrenos por los que pasará el metrotranvía (hoy viven en casa alquiladas), 120 que viven sobre la nueva trocha de la doble vía a San Juan y 14 que viven en Palmira, sobre lo que será la variante Palmira, que unirá la ruta nacional 7 desde esa localidad hasta la intersección del Acceso Sur con la Ruta Internacional 7, en Agrelo.

En realidad la licitación no es estrictamente para tomar deuda. Sino que es para contratar un agente financiero (pueden ser varias entidades financieras en sociedad) que se encargarán de buscar las mejores opciones para tomar deuda, tanto en tasas como en plazos.

Además, el Presupuesto 2018 autoriza a la provincia a cubrir con créditos los vencimientos de amortización de la deuda por 4.029 millones de pesos. Esta amortización implica que con lo obtenido se cancelarán vencimientos de capital de deuda vieja, es decir: no se incrementa el stock de las acreencias.

De este modo, la deuda pública provincial sólo se incrementará 2.870 millones de pesos: los $1.918 millones, más los $600 millones, más los 17 millones de dólares, que a cotización de hoy rondan los $350 millones.

Hay otro renglón en el decreto que no tiene un monto establecido de deuda: es endeudamiento para la red de aguas y cloacas que administra Aysam, endeudamiento que incluye la instalación de medidores de caudal en la red y también en los domicilios.

El incremento de la deuda del estado mendocino y las tarifas fueron los dos flancos de crítica del arco opositor luego del discurso del Gobernador Alfredo Cornejo sobre el «Nuevo Estado» declarado en la apertura de sesiones ordinarias 2018.

 

Por otro lado el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Nacional emitió un comunicado y convoca a la movilización, a continuación lo reproducimos:

DECLARACIÓN DEL FRENTE DE IZQUIERDA

Abajo el acuerdo con el FMI. Paro activo nacional y plan de lucha contra los tarifazos, el techo salarial, los despidos y la reforma laboral

 

En las últimas semanas asistimos a un nuevo salto en la crisis económica y política en las que nos sumió el gobierno de Macri, crisis que pretenden que sea pagada por los trabajadores y los sectores populares con un nuevo ajuste y saqueo.

La decisión de buscar un salvataje del FMI es la confesión de que todas las medidas anunciadas hasta el momento para enfrentar la crisis han fracasado. En estas últimas semanas el Banco Central financió la fuga de casi 7.000 millones de dólares al servicio de la timba financiera y sigue pagando la fraudulenta deuda externa. Las tasas exorbitantes que le ofrecieron a los especuladores no detuvieron la corrida contra el peso, pero sí agravaron el pasivo del Banco Central y las fuertes tendencias recesivas que redundarán en miles de nuevos despidos.

Asimismo, el pacto con el FMI representa la confesión de que el ajuste anunciado la semana pasada no era suficiente para los especuladores internacionales. En el informe elaborado por el Fondo se “recomienda” bajar los salarios, subir la edad para jubilarse a los 70 años, reducir las partidas de gasto social e imponer una dura reforma laboral.

En pocas semanas la devaluación del peso superó el 7%, lo que incrementará aún más una inflación que ya se estima superará el 25% anual, mientras el gobierno ratificó, en complicidad con la burocracia sindical de la CGT y las CTA, el techo salarial del 15% y encima mandó la reforma laboral antiobrera al Congreso, la cual rechazamos de plano.

La respuesta del gobierno de Macri a la bronca popular contra los tarifazos a los servicios públicos fue el pago en cuotas del gas, con intereses. Una provocación contra las mayorías populares que ya sufre los despidos y el robo salarial.

Ante esto, el peronismo que le había dado los votos al gobierno para sancionar todas las leyes de ajuste y entrega, mientras aplicaban las mismas políticas en las provincias que gobiernan, ahora posa de opositor y presentó un proyecto de ley en el Congreso que le pone límites a los ajustes de las tarifas a futuro, pero que convalida los aumentos hasta noviembre del año pasado. O sea, en complicidad con el gobierno, pensando en las elecciones de 2019 y no en los millones que sufren los tarifazos. En estos momentos siguen negociando con el gobierno nacional y los gobernadores para intentar llegar a un acuerdo. Pero Macri y su camarilla ya decidió no dar el brazo a torcer, ni siquiera ante un proyecto de estas características. Por eso asistiremos a todo tipo de maniobras para dilatar cualquier ley que cuestione el actual esquema tarifario, y ya Marcos Peña adelantó un veto de Macri en caso de aprobarse en el Congreso.

El kirchnerismo que tildaba a los gobernadores y sus legisladores como «traidores», van a la saga de éstos. No tienen ningún programa alternativo. Durante su gobierno sostuvieron el esquema privatizador del menemismo y beneficiaron con subsidios multimillonarios a las petroleras vaciadoras como Repsol y, entre otros, subsidiaron a los Cirigliano-TBA que llevaron a la masacre de Once.

La burocracia sindical en todas sus expresiones no sale de su pasividad. Después de haber dejado pasar todos los despidos en el Estado en los últimos meses y firmar los aumentos paritarios a un 15%, ahora dicen estar en contra de los tarifazos “desproporcionados”, pero no se plantean ninguna medida de acción contundente que pueda derrotar la voluntad de este gobierno del gran capital, sus tarifazos y sus salarios de hambre. La CGT peronista sigue en el pacto con Macri y está dispuesta a negociar la reforma laboral en el parlamento de la mano del conjunto del peronismo. El sector que convocó al 21F llama a movilizarse el miércoles 9 contra los tarifazos, pero sin paro alguno, y a la par hablan de la realización de un paro sin movilización: una medida no para derrotar los planes de ajuste, sino para «descomprimir» el creciente odio obrero y popular.

Todas las fracciones políticas de la burguesía tienen programas que atentan contra los intereses de las mayorías laboriosas de la Argentina. Unos sosteniendo un ajuste y «enfriamiento» de la economía. Otros alentando a una mega devaluación que golpeará aún más a los bolsillos del pueblo trabajador. Son viejas recetas capitalistas con las cuales perdieron los trabajadores y se beneficiaron los grandes empresarios, las multinacionales, los bancos y el imperialismo.

 

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores sostiene un programa alternativo al de los ajustadores y devaluadores: no al pacto con el FMI, que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.

En la Argentina todo aumentó, menos el salario de los trabajadores. Abajo el techo salarial del 15% y en cuotas. Reapertura de las paritarias con cláusulas gatillo. Aumento de emergencia para los jubilados. Anulación del robo jubilatorio votado en diciembre. Que nadie gane menos de lo que cuesta una canasta familiar.

No convalidamos ningún aumento de tarifas, sostenemos la anulación de todos los tarifazos. Exigimos la apertura de los libros de contabilidad de las empresas prestatarias de servicios públicos y de transporte y de las petroleras y gasíferas, para investigar qué hicieron con los multimillonarios subsidios recibidos en «la década ganada» kirchnerista.

Nuestra salida es de fondo. Planteamos la nacionalización y estatización integral de los hidrocarburos y de las empresas privatizadas de servicios públicos y de transporte, sin pago, para ponerlas a funcionar bajo control y gestión de trabajadores y organizaciones de usuarios.

Ante las corridas cambiarias y la descomunal fuga de capitales sostenemos la necesidad de nacionalizar la banca y crear un banco estatal único que concentre el ahorro nacional y otorgue créditos baratos a los sectores populares y pequeños comerciantes. Asimismo, sostenemos la necesidad del monopolio estatal del comercio exterior.

Planteamos que se deje de pagar ya la deuda externa para destinar esos fondos a salario, trabajo, salud, educación y vivienda, no para los usureros internacionales.

Estas son medidas elementales de soberanía nacional, en función de un plan económico dirigido por los trabajadores, para frenar la sangría que se está produciendo con la fuga de capitales. Con esos fondos e impuestos progresivos a la banca y a los grandes grupos económicos se podrá financiar un plan de obras públicas para generar trabajo genuino, combatir la pobreza y desigualdad social y que toda la población pueda acceder a servicios públicos baratos y de calidad.

El gobierno del gran capital no va a ceder en sus pretensiones con paros aislados. El paro activo nacional como parte de un plan de lucha, preparado para garantizar que cientos de miles de trabajadores puedan participar en las calles de una imponente movilización retomando la rebelión de diciembre contra el robo jubilatorio y otras expresiones de lucha, es la herramienta que tenemos para acabar con los planes de ajuste y entrega y comenzar a imponer un programa de los trabajadores para que la crisis la paguen ellos, los ajustadores.

Este miércoles 9, el Frente de Izquierda convoca a movilizarse frente al Congreso desde las 10 hs. por la anulación de los tarifazos, la nacionalización sin pago de las empresas privatizadas y la exigencia a un paro activo nacional.

 

Frente de Izquierda y de los Trabajadores

PTS –  Partido Obrero – Izquierda Socialista