En cualquier lugar de Mendoza para conseguir un trabajo todos los contratistas te piden un curriculum. Para trabajar de «maestro pizzero» seguramente contratarán al que al menos sepa cocinar en un horno. Para conducir un taxi siempre se le pide a alguien que sepa manejar un vehículo. Para ser técnico electricista habitualmente contratan al que sepa conocer el polo positivo o negativo de un sistema eléctrico… salvo en «El Planeta Cornejo» donde por tu nivel de obsecuencia al Jefe te dan el primer honor de ser funcionario público de su gobierno y después durante los 4 años vas aprendiendo sobre la marcha…
Cuando en BienCuyano repetimos que en el gobierno actual de Alfredo Cornejo hay «funcionarios que no funcionan» nos referimos a estas cosas… gente amiga que no tienen conocimiento en el lugar donde fueron acomodados y usan «de escuelita» su gestión de funcionarios públicos, del cual obviamente la bancan siempre «con la tuya».
Sin gente idónea aparece por ejemplo un diseñador gráfico como Humberto Mingorance al frente de Aguas Mendocinas del cual ya conocemos «los resultados de su gestión; un licenciado en Ciencias Políticas que algún momento dio como experiencia un cursito privado ante un público y hoy es el superministro de Educación como Tadeo García Zalazar o en el caso de los abogados «administrativos», sin conocimientos previos en derecho minero, como Jeronimo Shantal y Jimena Latorre al frente de Minería, Energía y Ambiente, con preparación en base a cursos que se fueron dando «sobre la marcha» en pleno desarrollo de su administración como funcionarios públicos, perdiendo un tiempo que podría haber sido ganado con profesionales ya formados en las áreas en cuestión.
La pregunta del millón es… si está comprobado que Jimena Latorre no tenía la capacidad técnica para abordar los temas vinculados a Minería, Energía y Medio Ambiente, sino no estaría tomando clases en simultáneo a su gestión y de manera virtual ¿Cómo puede firmar permisos ambientales si no tiene competencias reservadas e ideoneidad en el tema? ¿Tiene validez técnica lo que ha hecho con la Minería y Ambiente en estos casi 4 años de su gestión?
Cabe destacar que las competencias reservadas, otorgadas en la resolución 1254/18-Art 43, son para cumplir, no sortearla por ocupar un cargo manejando la cosa publica.
Durante la noche de este jueves una polémica estalló y sacudió al Gobierno de Mendoza: Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente, quedó en el ojo del huracán luego de que reconociera que había recibido casi U$S11.000 por parte del Estado provincial para financiar un Máster que cursó de manera virtual en una Universidad de Guatemala con sede en España.
Latorre sostiene que la capacitación fortalece la gestión pública. Sin embargo, el diputado peronista Lucas Ilardo cuestionó en un vivo en su cuenta en Instagram el uso de fondos del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas, con el que se financiaron los estudios de la ministra. Para ser más claros… se confunden los beneficios privados con los recursos públicos.
Según consta en la documentación oficial, Latorre recibió un reintegro de $13.643.838 para cubrir el costo de una maestría de diez meses de duración en Economía Ambiental , en la Universidad Francisco Marroquín. La transferencia se realizó el 4 de febrero de 2026.
Poco Serio
Mientras en Mendoza los docentes y profesionales de la salud se pagan ellos mismos de su bolsillo los cursos de capacitación y posgrados. En cambio, Jimena Latorre es una piba de suerte y su formación es bancada «con la tuya». El desembolso abrió una controversia política por dos motivos: el uso de recursos públicos para financiar una formación académica individual y el tratamiento de un descuento del 10% obtenido por el pago anticipado del programa.
Uno de los puntos centrales del cuestionamiento de Ilardo es la bonificación obtenida por pagar la maestría en una única operación. Según la documentación conocida hasta la fecha, el precio final del programa quedó en 8.955 euros luego de aplicarse un descuento del 10%. Dicho importe equivale a US$ 9.313,20.
Sin embargo, el reintegro autorizado contempló ese importe y otros US$ 1.353,32 correspondientes a la reserva de plaza. La suma llegó a US$ 10.666,52, mientras que la transferencia efectuada a la ministra fue de $13.643.838.
Jodeme que pago 11 mil dólares por 10 meses online y el título no es oficial?; O sea la estafaron y ella nos estafo a todos los mendocinos. Por suerte tranqui…. En las radios mendocinas están hablando de la corrupción en Singapur. Tranqui.
— Lucas ilardo (@lucasilardo) October 23, 2026
En ese sentido, Ilardo sostuvo que Latorre habría reclamado el costo total sin descontar la bonificación. “Se pide el total, es decir, sin el 10%“, afirmó el diputado, quien cuestionó que se usaran fondos públicos para cubrir una capacitación individual.
La paradoja es «lo poco Serio» de la acción. Uno de los firmantes del primer paso para el pago a la ministra quedó asentado el 1 de agosto de 2025, es Lucas Erio, director de Hidrocarburos y justamente un subordinado de Latorre. Todo queda en casa.
La Dama de las Excusas
Los montos millonarios y Jimena siempre la meten en un escándalo. Recordemos la controversia que se armó en torno a los honorarios de Jimena Latorre estalló cuando se conoció que, de manera simultánea a su cargo como ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, percibía su remuneración como directora de YPF.
El conflicto se profundizó tras la aprobación de un incremento masivo en el presupuesto de honorarios de la petrolera estatal que elevaba los ingresos individuales de los directores a cifras millonarias en medio de un contexto de fuerte ajuste económico. Unos 70 millones de pesos mensuales…
Ante las denuncias por incompatibilidad de funciones, la presunta afectación a la ética pública y el fuerte rechazo social, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo ordenó que Latorre no cobrase más los haberes de la petrolera y dispuso que esos fondos fueran transferidos a las arcas provinciales para financiar un programa de fiscalización ambiental. No obstante, tras meses de fricciones políticas y pedidos de informes sobre los depósitos de la petrolera, Latorre renunció a su puesto en el directorio de YPF, reasumió formalmente su sueldo como ministra de la provincia y fue reemplazada por César Biffi.
Descomposición y olor a cala en el Cornejismo
Así estamos amigo biencuyano. La actual administración del gobernador Alfredo Cornejo atraviesa un escenario de fuerte erosión institucional, marcado por crecientes cuestionamientos en torno a las incompatibilidades profesionales, los conflictos de intereses y la distribución de cargos clave por afinidades familiares y políticas.
Mientras el Ejecutivo mendocino impulsa una agenda centrada en el endurecimiento disciplinario de los empleados públicos tradicionales, la falta de controles estrictos y de autorregulación en los estratos más altos de los ministerios y la Legislatura expone una alarmante doble vara ética.
El debate no se limita a la idoneidad técnica para conducir las áreas designadas, sino a cómo el ejercicio simultáneo o la transición directa entre la actividad privada corporativa, los directorios estatales y la función reguladora desdibujan los límites éticos del servicio público.
El doble rol corporativo y estatal
Uno de los focos de mayor tensión se encuentra en las áreas sensibles de control ambiental y productivo, donde el fenómeno de la «puerta giratoria» se manifiesta activamente. La polémica en torno a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, expuso de manera temprana este esquema de incompatibilidades. El hecho de haber ejercido un doble rol al combinar su cargo regulador con funciones remuneradas en el directorio de la petrolera bajo control estatal YPF detonó fuertes denuncias de la oposición y de sectores civiles por incompatibilidad salarial y conflicto de intereses. A esto se le suma que la formación específica para su área, una costosa maestría en el exterior, terminó siendo financiada mediante un fideicomiso hidrocarburífero estatal, confundiendo los beneficios privados con los recursos públicos.
Parientes, parejas y un gabinete de obediencia
A la par de las incompatibilidades técnico-profesionales, se sumó la controversia sobre los nombramientos cruzados de familiares directos, parejas y exfuncionarios en puestos de alta remuneración dentro de la estructura gubernamental y legislativa.
La difusión de listas que revelan la presencia de parientes de figuras centrales del oficialismo provincial y nacional ocupando bancas o codiciados cargos de asesoría debilitó la narrativa oficialista de austeridad y mérito.
Sin dudas, el gobernador priorizó el diseño de un «gabinete obediente» y una red de contención interna por encima de un esquema de transparencia e idoneidad profesional independiente.
Nepotismo, pases a planta y denuncias cruzadas
La tensión política se incrementó tras las denuncias gremiales y legislativas que acusan a ministros y funcionarios clave del riñón de Cornejo de haber firmado decretos para garantizar el pase a planta permanente de funcionarios de manera irregular y discriminatoria. De acuerdo con las presentaciones judiciales y administrativas, mientras el Gobierno despliega auditorías e impone sanciones contra trabajadores de base, se habría facilitado el ingreso «por la ventana» de cuadros políticos con liquidaciones salariales de privilegio.
La crisis de credibilidad institucional
Esta acumulación de polémicas se desenvuelve en un marco complejo para la provincia, salpicada por salidas de funcionarios de confianza en medio de crisis de gestión y escándalos judiciales que rozan la órbita del poder ejecutivo. El propio gobernador Cornejo admitió recientemente la existencia de una profunda «crisis de credibilidad y representatividad» en las instituciones.
Sin embargo, para vastos sectores de la sociedad mendocina, esa crisis no es un fenómeno externo ni abstracto, sino la consecuencia directa de una gestión que tolera las incompatibilidades profesionales en la cúpula, confunde los intereses de las empresas reguladas con los del Estado y utiliza la estructura pública como un mecanismo de protección familiar y partidaria.
Por Julián Galván
