El gobierno de Mendoza y la Casa Rosada quedaron envueltos en un escándalo que promete ir en ascenso por el llamado en conjunto a una licitación pública nacional e internacional para privatizará el sistema Los Nihuiles, compuesto por diques y presas sobre el río Atuel.
En julio de este año, mediante el decreto provincial 1436, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, y el DNU del gobierno nacional 667/2026, Mendoza y Nación convocaron en forma conjunta a una licitación pública.
La reprivatización fue presentada por Nación como “la reorganización del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles”, considerada la segunda etapa después de la privatización de las represas del Comahue.
Este martes, el diario ambito.com publicó que según fuentes calificadas, “llamativamente cuando se iba a vender el 90 por ciento de las acciones, a último momento, el gobierno provincial anunció que iba a vender el 100. No hay otra posibilidad de que no sea un condicionamiento de Nación, para que quede en manos de todos aquellos que se vienen beneficiando con las privatizaciones del sistema hidroeléctrico. Forma parte de una toma de decisión política nacional que está avanzando sobre los complejos hidroeléctricos poniendo todo a disposición de los mismos jugadores”.
Y se agrega: “Una de las preguntas que más ruido hace, ya que hasta ahora no hay respuestas, es por qué motivo un complejo hidroeléctrico provincial que iba a ser privatizado por Mendoza, cuyo expediente había pasado por Fiscalía de Estado, se licita en conjunto con Nación, sin aprobación de la Legislatura”.
El sistema Los Nihuiles se compone de los diques El Nihuil y Valle Grande, presas Aisol y Tierras Blancas, y las centrales Nihuil I, II y III sobre el río Atuel. Actualmente, la operatoria está a cargo de la empresa Pampa Energía, que se encuentra en retirada.
Tomar posesión para La Entrega
En el viejo Manual Cornejista Ilustrado no es la primera vez que sucede esto de «hacerse cargo de una joya de Mendoza para entregárselo en bandeja a otro». Tan solo por dar un ejemplo, fue la expropiación del chavista Alfredo Cornejo del Centro de Esquí Los Penitentes para dárselo (fallidamente al dueño de Los Puquios, que tras su fracasada gestión (no hizo nada) terminó dándosela por 20 años a otro amigui, el grupo local Mapsa SA, integrado por Pablo García, Mariano Rodríguez y Roby Riedel, quienes son afines al gobierno de turno y se jactan de ser promotores del turismo aventura.
En julio de este año, el gobernador Alfredo Cornejo encabezó, en San Rafael, el acto de toma de posesión de los bienes que integran el Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles, tras la finalización del período de transición establecido luego del vencimiento de la concesión anterior.
Durante la actividad, el mandatario estuvo acompañado por la troupe cornejista: la vicegobernadora, Hebe Casado; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el gerente general de la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) y presidente de Hidroelectricidad Mendocina SA (HEMSA), Mauricio Pinti Clop. También participaron el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el apoderado de Hinisa, Gerardo Paz, y legisladores y concejales del Sur provinicial.
Durante ese acto, Cornejo remarcó que el cierre de la concesión iniciada en la década de 1990 representa un paso clave para recuperar un activo estratégico de la provincia. En ese sentido, aseguró que “hemos podido recuperar la propiedad de estas centrales para la provincia de Mendoza” y explicó que mientras se desarrolla el proceso licitatorio, la operación continuará a cargo HEMSA (Hidroeléctrica Mendocina SA) con el mismo personal técnico y operativo para garantizar la continuidad del servicio.
El Gobernador chamuyaba que el nuevo esquema permitirá incorporar inversiones privadas para modernizar integralmente el complejo, al tiempo que generará nuevos recursos para la Provincia. “Vamos a recibir recursos nuevos en esa licitación y, además, los futuros concesionarios deberán realizar importantes inversiones para modernizar las instalaciones y garantizar la generación de energía”, afirmó.
Sobre la licitación, Cornejo explicaba que “la nueva concesión tendrá una vigencia de 30 años” y estimó que la primera etapa del proceso podría completarse en los próximos meses, para luego avanzar con la evaluación de las ofertas y la adjudicación. Además, destacó que “el objetivo es generar la mayor competencia posible entre oferentes para asegurar inversiones que permitan renovar completamente las cuatro centrales durante la vigencia del contrato y fortalecer la producción de energía hidroeléctrica de Mendoza”.
Cabe destacar, en medio del piripipí cornejista, que Los Nihuiles no son únicamente un complejo hidroeléctrico. Representan una infraestructura clave para la generación de energía y forman parte del patrimonio de los mendocinos. La provincia es dueña del agua y de las centrales, dos elementos esenciales para producir electricidad y garantizar el abastecimiento energético.
La historia ofrece un antecedente que muchos recuerdan. Hace cuatro décadas, durante el gobierno de Felipe Llaver, Mendoza defendió el control sobre Los Nihuiles frente al gobierno nacional de Raúl Alfonsín. Aquella postura quedó como un símbolo de la defensa de la autonomía provincial sobre sus recursos.
Hoy el escenario parece ir en sentido contrario… a La Entrega. La venta de las acciones implica, para quienes cuestionan la medida, resignar el último espacio de soberanía provincial sobre un sistema estratégico.
Cornejo y el olor a cala
Ya se percibe el olor a cala en los pasillos de la Casa de Gobierno Provincial y empieza «El Remate» de las joyas de provincia. El declive en la imagen pública de Alfredo Cornejo marca el inminente fin de su hegemonía en Mendoza, un desgaste político potenciado por su drástica caída en las últimas encuestas de aprobación popular.
Para muchos Alfredo hoy representa un verdadero «collar de melones» para el que se lo ponga. Tal es el reciente caso del candidato Gabriel Fidel, que se colocó la pesada ornamenta, la militó y perdió el rectorado de la Universidad de Cuyo.
Este retroceso en el respaldo social coincide con una crisis de sucesión interna en el frente oficialista, donde la centralización histórica de las decisiones ha dejado un vacío de liderazgos con el peso territorial necesario para consolidar su herencia. Ni Tadeo García Zalazar, ni Natalio Mema, ni Peti Lombardi, ni Martín Kerchner son figurines cornejistas de recambio competitiva capaz de contener la fragmentación interna y retener al electorado descontento.
Sin dudas, Cornejo enfrenta el complejo desafío de administrar el tramo final de su gestión bajo la sombra de un fin de ciclo inevitable. El tic tac está corriendo y frente a ello es necesario cerrar con urgencia ciertos negocios.
El Grupo Neuss, otra vez
En el centro de todas las miradas quedó el Grupo Neuss, a cargo de los hermanos Juan y Patricio, que viene expandiéndose a la velocidad de la luz. Actualmente, en Mendoza, Edison Energy, controla el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos (CEMPSA) y la cadena de usinas que son parte de la concesión: Cacheuta, Álvarez Condarco y El Carrizal. Por eso, en la provincia cuyana, a nadie sorprende que sean los principales mencionados en la nueva privatización. Dato importante: la concesión venció y se prorrogó por 5 años, con posibilidad de extender por 20 más. Por otro lado, el 22 de diciembre de 2025, el Gobierno nacional prorrogó la autorización como generador de energía a la mencionada firma perteneciente a los Neuss.
Los Neuss están en el centro de las controversias porque, de acuerdo con una fuente autorizada, recientemente se habría labrado un contrato entre la empresa que administra Los Nihuiles y CEMPSA, para que la firma de los Neuss se encargue del mantenimiento de la represa que se privatizará. O sea, accederían, de esa manera, a información privilegiada de cara a la apertura de la licitación.
Edison, de los Neuss, no solo se quedó con Transener sino que también puso un pie dentro de la privatización de las represas del complejo Comahue. Justamente, sobre estas últimas, como reveló el medio Ámbito, se acaba de ampliar la denuncia presentada por la Fundación Soberanía, de Neuquén, en la que se describe una “cadena de ilegalidades”, para subvaluar las represas y elegir quiénes se quedan con su explotación, corriendo al Tribunal de Tasaciones y situando en su lugar una nueva unidad de valuaciones.
Rarezas
El complejo Los Nihuiles fue administrado por el Estado nacional hasta 1993. Ese año, mediante la Ley provincial N° 6087, la Nación transfirió el dominio del complejo a Mendoza. La norma obligó a la provincia a constituir una sociedad anónima —que derivó en Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (HINISA)— y a licitar la venta del 51% de sus acciones al sector privado, reteniendo el Estado provincial una participación minoritaria. Poco después, la Ley N°6088 fijó la concesión de uso del río Atuel a HINISA por 30 años, con un esquema similar aplicado en paralelo al sistema Diamante bajo otra sociedad. La concesión de HINISA venció el 31 de mayo de 2024.
El 11 de enero de 2025 una crecida histórica del río Atuel inundó las casas de máquinas de Nihuil II y Nihuil III, dañando generadores, tableros de control y sistemas auxiliares. En respuesta, la Legislatura sancionó la Ley N° 9630, que declaró la emergencia en el sistema por 14 meses y mantuvo a HINISA operando en carácter transitorio.
Hay interferencia en lo concerniente al peritaje de las aseguradoras y la enorme cifra que separa a una de la otra. A esto se suma los cuestionamientos por los millones de dólares que el gobierno provincial gastó en consultoría por este tema. Fuentes consultadas indican que Restore propone una recuperación parcial de los daños, dando el monto menor de la póliza, mientras que HISSA-Transener vería inviable esa propuesta y apelaría a una reconstrucción de las centrales con montos que suman alrededor de 100 millones de dólares. El monto exacto de las pólizas no ha sido informado públicamente.
La clave detrás de la licitación
Los que siguen en detalle el lanzamiento de la licitación anunciada señalan que se sigue postergando a causa de que se está negociando con las aseguradoras el monto de la póliza: “El que se quede con la licitación se va a quedar con la plata de la póliza y con la posibilidad de repararlas. Los informes técnicos señalan que se pueden reparar en 18, 24 meses. Pero resulta que quienes ganen la licitación tendrían alrededor de 10 años para hacerlo. No cierra por ningún lado”.
Los más críticos, como el es caso del diputado provincial Gustavo Perret, señalan una serie de interrogantes que aún no obtienen respuestas más allá de que, como se dijo, aún no se sabe el monto que finalmente reconocerán (o ya reconocieron en privado) las compañías aseguradoras por el siniestro de enero de 2025. No se conoce el contenido completo del pliego licitatorio y el precio base o de reserva fijado para la venta del 100% de HEMSA. Hay dudas concretas sobre cuál es el negocio de Mendoza, que pasará de ser el socio del negocio en un 49% a 0% durante 30 años. Más aún si se tiene en cuenta que solamente quedaría el 6% de las regalías, ya que el otro 6% se lo lleva la vecina provincia de La Pampa.
A su vez, señalan la falta de fundamentos legales en la mencionada “licitación conjunta” de Mendoza y Nación, siendo que los mismos decretos de ambas jurisdicciones no tienen un andamiaje legal previo que los contenga en caso de disputas, lo cual crea las condiciones para que haya inseguridad jurídica. También surgen preguntas sobre los criterios técnicos y económicos utilizados para pasar de una licitación exclusivamente provincial a una licitación conjunta con la Nación. Finalmente, tampoco se sabe el destino específico que tendrán los fondos obtenidos, tanto por la venta de acciones como por una eventual indemnización de seguros.
Recientemente, se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados provincial para crear una Comisión Especial Investigadora con el objetivo de analizar el proceso de licitación y transferencia del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A, vinculadas al Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles. La iniciativa busca revisar los actos administrativos, los pliegos, la valuación del paquete accionario y el destino de los fondos que ingresen. Entre los puntos que se pretenden investigar figura si la venta total de HEMSA requería una nueva autorización legislativa y por qué el Complejo Diamante quedó fuera del esquema.
Con información de Ámbito
