Después del papelón nacional conos presos que salieron en vivo en un streaming desde el Complejo Penitenciario N°2 San Felipe en Mendoza, llegaron las declaraciones y como siempre el Cornejismo tira la pelota afuera y no se hace cargo de nada… nunca tienen la culpa de nada!
El caso se conoció en los últimos días, cuando el streamer Valentino Melo subió a sus redes sociales un extracto de la charla que mantuvo con varios presos, quienes en el vivo confirmaron que se encontraban en la cárcel de San Felipe.
Tras la viralización del video, las autoridades provinciales iniciaron una investigación interna, y llevaron a cabo una requisa sorpresa en el Módulo 8B, donde se encuentran alojados los reclusos que aparecieron en el streaming. El operativo, por parte de agentes del Servicio Penitenciario de Mendoza, concluyó con cinco teléfonos secuestrados.
“No vinimos a custodiar una falsa paz carcelaria. Vinimos a intervenir el sistema penitenciario. Eso supone controles, requisas, sanciones y decisiones”, expuso en sus redes sociales Mercedes Rus, ministra de Seguridad provincial. Una vez más reaccionando después de los hechos… una vez más «se le escapó la tortuga.
“Durante los últimos años, se habilitó judicialmente el ingreso de miles de teléfonos celulares a las cárceles”, pero “desde diciembre de 2023 dijimos que esa etapa se terminaba. Implementamos un sistema único de control de ingresos, incorporamos nueva tecnología y fortalecimos las requisas”, dijo la ministra cornejista.
Posteriormente salió Alfredo Cornejo a hablar sobre el tema durante una rueda de prensa en San Rafael. Como siempre, Cornejo no se hace cargo de nada y le echa la culpa al ajeno, a pesar de ser el gobernador de Mendoza y quién está a cargo de la seguridad justamente de su provincia, del cual, para eso muchos mendocinos lo votaron (entre otras cosas).
«Es muy fácil ingresarlo (ndr: los celulares). Entra en un bolsillo, entra en cualquier cosa», admitió el mandatario respecto a los celulares que ingresan de manera ilegal a las cárceles, al ser consultado por el hecho que tomó estado público.
Lejos de negar las falencias del sistema, Cornejo habló de los problemas a nivel provincial, pero también sumó que es un problema que afecta «a todas las cárceles del país».
El gobernador señaló que actualmente existen «dos obstáculos» para avanzar en una solución más efectiva. El primero está vinculado a una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que habilita mecanismos de bloqueo de telefonía únicamente en cárceles federales; mientras que el otro requiere también de una medida del Enacom.
«No hay ninguna cárcel provincial que tenga bloqueo de teléfonos porque la resolución del Ministerio de Seguridad solo lo hace para las cárceles federales», afirmó y agregó que Mendoza viene reclamando que esa herramienta también pueda aplicarse en los establecimientos penitenciarios provinciales.
El segundo punto involucra al Enacom, organismo que tiene facultades para ordenar a las empresas de telefonía celular la inhabilitación de líneas detectadas dentro de las cárceles.
En tanto, el diputado provincial de Mendoza, Lucas Ilardo, ha sido uno de los principales legisladores de la oposición en debatir y cuestionar el presupuesto de seguridad de la provincia, en un contexto donde el Gobierno de Mendoza —liderado por Alfredo Cornejo— adjudicó una millonaria inversión de más de $2.500 millones de pesos para la instalación de inhibidores de señal celular y sistemas tecnológicos en las cárceles.
«2.569.400.000 gastaron el gobernador, Alfredo Cornejo, y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, en contratar a la empresa Cytric Solutions y Geomatrics para que los presos no puedan usar los celulares en las cárceles ¿Entienden que ahí va la plata de los mendocinos? Cuando después dicen que no hay plata para los docentes, para el personal de la salud, de los productores… ¡Nos están tomando el pelo! ¡Nos toman por tontos!», señaló Lucas Ilardo.
Y agregó «Hoy somos el hazme reír nacional por el streaming desde la cárcel de Mendoza. Y mientras la ministra explica que pasó, lo que nadie explica es porque pagamos esa plata para algo que no debería suceder. ¿De quiénes son esas antenas empresas? ¿Por qué nadie pide explicaciones? Por supuesto que yo lo voy a hacer».
«Lo grave no es solo esto. Esto y más! El gobierno ha enviado a la legislatura un proyecto de ley para poder hacer contratación sin licitación pública de temas vinculadas a la Ciberseguridad ¿Vos confiarías tu guita sabiendo esto? Solo negocios. Eso son», sostuvo el legislador opositor.
Ilardo detalló «El tema no es solo ese, el tema es que el gobierno ha presentado un proyecto de Ciberseguridad en la Legislatura ¿Y qué dice? Que el gobierno puede obviar la licitación pública y hacer contratación directa en temas de ciberseguridad ¿Vos le dejarías manejar la guita a alguien que la maneja así?»
Cabe destacar que la licitación para la compra e instalación de los inhibidores de señal celular y tecnología complementaria (como sistemas antidrones y software de inteligencia criminal) fue adjudicada a la empresa Cytric Solutions por un monto superior a los $2.500 millones de pesos. El plan tecnológico global en seguridad de la provincia contempla un gasto total que supera los $5.800 millones e incluye 1.200 cámaras de videovigilancia.
Supuestamente los dispositivos están destinados a bloquear de forma selectiva y precisa las comunicaciones telefónicas de los presos dentro de los muros de complejos penitenciarios clave como Almafuerte I, Almafuerte II y San Felipe. El objetivo es frenar delitos organizados desde el interior, tales como estafas telefónicas y narcotráfico. La pregunta es ¿Cómo salió ese streaming desde la cárcel San Felipe?
«No pueden controlar las cloacas de Corralito. No pueden controlar los derrames de petróleo. No pueden evitar que los presos usen celular. No pueden evitar que les hackeen el Senado. Pero piden contratación directa para la ley de ciberdelito y que confiemos en que van a controlar la minería. Este gobierno es un mal chiste que se cuenta solo», sostuvo Ilardo.
Desde su rol en la Legislatura provincial, Ilardo (referente del Partido Justicialista) ha exigido de manera constante una discusión profunda y transparente sobre el presupuesto y la inversión real en seguridad, denunciando que el presupuesto de la provincia ha sufrido un desgaste y reclamando que la tecnología se traduzca de forma efectiva en la protección de los ciudadanos y el control de las cárceles.
