En un giro inesperado en la agenda parlamentaria prevista, el Gobierno decidió dilatar el tratamiento de la ley de Glaciares en Diputados y su debate en el recinto se daría recién en abril.
En el comienzo del plenario de las comisiones de Ambiente y Asuntos Constitucionales, el presidente de esta última, el oficialista Nicolás Mayoraz, sorprendió con la propuesta de trabajo. Habrá dos jornadas de audiencias públicas: una el 25 de marzo, presencial, desde las 10 de la mañana, y otra el 26, de modo virtual.
De esta manera, en los cálculos de La Libertad Avanza, se buscará dictamen en la semana del 8 de abril y se discutirá el proyecto en el recinto entre mediados y fines del mes próximo. Es un cambio abrupto en función de la velocidad con la que se trató el texto en el Senado. Al inicio de la semana, en los pasillos de la Cámara baja, se especulaba con que ese día se consiguiera dictamen y que ese mismo jueves o el siguiente se convirtiera en ley. Algo cambió.
“Este es un debate meramente constitucional y, así como estaba, la ley iba camino a judicializarse”, alertó un diputado de la oposición. “Este es un pequeñísimo triunfo. Nosotros ganamos tiempo, pero ellos también lo tienen”, agregó.
Quienes se oponen al proyecto interpretan que la decisión de extender la discusión por tanto tiempo se da porque el oficialismo está, por un lado, solo levemente en ventaja con los votos y, por otro, por el altísimo riesgo de judicialización posterior.
En su intervención, el diputado nacional Maximiliano Ferraro ratificó el pedido de una audiencia pública que “no solo es en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú, sino también a la Ley General de Ambiente en lo que respecta a preservar principios que están establecidos como el de no regresión y el precautorio”.
“Al estar, no solo comprometida una cuestión jurisdiccional de provincias que pueden tener desarrollo minero en particular, sino comprometidas otras jurisdicciones provinciales como lo marca el 36% de la superficie continental argentina que se encuentran dentro de cuencas alimentadas por el deshielo glaciar abarcando 20 provincias y más de 7 millones de habitantes”, planteó.
Ferraro había propuesto que la audiencia “tiene que realizarse distintos días, tiene que tener un claro criterio federal de participación de las provincias y en el cual puedan ser escuchadas las provincias donde hay comprometida la cuestión de cuencas hídricas. La audiencia pública no puede ser solo un día en la Cámara. Queremos un debate interjurisdiccional”. Así, pidió que sea desarrollada en una cierta cantidad de días en Buenos Aires y, en virtud del artículo 106, la realización de audiencias o plenario de comisiones se hagan en alguna de las provincias que están comprometidas con esta cuestión.
Las empresas mineras habrían advertido sobre este punto. Requieren que la ley sea clara para comenzar con la explotación de los recursos y evitar que la normativa entre en el largo camino del sistema judicial local.
La semana pasada, varias compañías compartieron con funcionarios del Gobierno en la Argentina Week de Nueva York, un panel donde se propuso “desbloquear la frontera minera” y proyectar al país como “la próxima potencia mundial en minerales críticos”.
Argentina debe cumplir con la instancia de audiencia pública dado su adhesión al Acuerdo Ambiental de Escazú. “Constitucionalmente están obligados a hacer una audiencia abierta, previa e informada con la población”, advierten en Unión por la Patria. Sin embargo, Mayoraz sostuvo ante El Destape que están “obligados a hacer una instancia de participación”, pero que el acuerdo “no los obliga en ambas cámaras ni a que sea a través de audiencia pública”. Es decir, para el oficialismo, con las exposiciones que se dieron en el Senado alcanzaba, aunque dejaba lugar a dudas.
“Vamos a darle la máxima discusión, cinco minutos por orador, flexibles según la cantidad de inscriptos. Vamos a aceptar la más amplia participación, pero las opiniones no son vinculantes”, resaltó Mayoraz.
En la oposición porotean 132 votos a favor y 129 en contra, muy al filo de lo necesario, con un universo de por lo menos 13 indecisos que va desde Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot hasta algunos del bloque de UP y del radicalismo que votarán divididos. A esto debe sumarse la opinión dividida de las provincias. En el último Consejo Federal de Medio Ambiente hubo empate respecto de la modificación de la Ley de Glaciares: 8 a 8, con un nutrido grupo de abstenciones, entre las que se encuentran Corrientes, Neuquén y Santiago del Estero.
Reordenamiento del cronograma
La reunión se llevó a cabo en la Sala 1 del Anexo “A” luego de que el oficialismo puso a consideración el reclamo que elevó el interbloque Unidos para que haya una audiencia pública basándose en el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (arts. 2, 19, 20 y 21) y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566). Esto llevó a un reordenamiento en el cronograma del tratamiento.
En esa línea, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, informó que se incorporaron las propuestas de cambio de la diputada Sabrina Selva (UP), de Maximiliano Ferraro (CC-ARI) que consideró “atinadas”, y precisó:
- ● La convocatoria será pública, abierta, inclusiva y federal.
- ● Se acordó desdoblar la jornada por lo que se realizará el miércoles 25 de marzo de forma presencial y el jueves 26 vía remota para “garantizar el federalismo y evitar el traslado, a fin de dar plazo suficiente para la difusión a la ciudadanía y de la convocatoria”.
- ● El horario de ambas jornadas será de 10 a 19 horas con la “flexibilidad de extender el horario, pero se evaluará”.
- ● Se realizará en la Sala A del Anexo “C” porque “es un salón más grande con más capacidad”.
- ● La duración de cada exposición sería de 5 minutos, pero el tiempo se irá distribuyendo en cantidad de los oradores quienes, además, deberán traer la presentación por escrito para incorporarlas como antecedentes.
- ● Se podrán hacer presentaciones por escrito hasta el mismo día de la audiencia.
- ● Publicidad y difusión en medios gráficos, aunque “es un tema que ya tiene mucha instalación en los medios y en la sociedad. No es una temática ajena al conocimiento de la sociedad”.
- ● El plazo de inscripción está abierto hasta 24 horas antes de la audiencia inclusive. Para inscribirse deben hacerlo por mail a la Comisión de Recursos Naturales o de forma presencial en Diputados de 10 a 16 horas.
- ● Se pondrán a disposición de la ciudadanía todos los antecedentes como la ley vigente, el proyecto con media sanción y la versión taquigráfica del tratamiento.
- ● La reunión de la audiencia comenzará con la presencia de 4 diputados por cada comisión y se llevará una versión taquigráfica y un acta de lo que suceda.
- ● Se transmitirá en vivo por los canales de comunicación de la Cámara de Diputados y DTV.
- ● Luego se hará el debate entre diputados. Habrá un plazo entre la audiencia y el dictamen.
- ● A los fines de facilitar la participación federal y garantizar que en el tiempo de la reunión puedan expresarse todos los intereses y opiniones, las autoridades de la comisión podrán limitar el tiempo o el listado de oradores, invitado que se efectúen por escrito las presentaciones correspondientes y se considere conveniente. Para resguardar el criterio de pluralidad.
La modificación a la Ley de Glaciares
El texto impulsado por el Ejecutivo Nacional, que fue aprobado por la Cámara alta el último jueves 26 de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención, define el objeto de glaciar y ambiente periglacial y delega “la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias”, es decir los gobernadores pasarán a tener el control y monitoreo.
También, establece que sobre la base de estudios técnico-científicos, las provincias registren cada zona en el Inventario Nacional de Glaciares, donde quedará definido como ambiente glaciar o periglacial. Pero si la zona analizada no cumple con funciones hídricas, el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) lo podrá quitar del Inventario.
El principal argumento en contra de los opositores y organizaciones ambientales es que cuando esa zona queda fuera del Inventario, queda habilitada la posibilidad de exploración y explotación minera e hidrocarburífera que, como establece este proyecto, queda a consideración de cada provincia.
Con información de El Destape y El Parlamentario
