El gobierno de Alfredo Cornejo ha presentado en la Legislatura provincial un proyecto de ley para reformar el Estatuto del Empleado Público. Se trata de una verdadera reforma laboral regresiva que atenta contra derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en la Constitución de Mendoza, derechos conquistados por décadas de lucha de las y los trabajadores estatales.
El propio Estado ha venido incurriendo en fraude laboral, contratando a miles de trabajadores como “temporarios” por años, o bajo figuras encubiertas como locaciones de obra, contratos de servicios, monotributo o prestadores. Quienes realizan tareas permanentes y habituales deben ser parte de la planta permanente, y el Estado debería cumplir con la ley convocando a concursos regulares.
Sin embargo, el proyecto de Cornejo no resuelve este fraude, sino que lo profundiza: crea la figura del “personal interino”, una categoría de trabajadores “en blanco”, pero sin derecho a la estabilidad, lo cual está prohibido por la Constitución.
El texto es claro: “El personal interino está sujeto a las causales de remoción previstas en este estatuto y no goza de estabilidad propia”. Es decir, los cargos vacantes que el Estado nunca concursó podrán ser ocupados por personal interino que, a diferencia del trabajador de planta, podrá ser despedido en cualquier momento, sin estabilidad y sin derecho siquiera a indemnización.
La creación del “interino” es abiertamente inconstitucional. Se busca legalizar que existan trabajadores de segunda categoría en el Estado, vulnerables a los vaivenes políticos de cada gobierno.
Como si fuera poco, el proyecto en su artículo 9 también dispone que todos aquellos trabajadores que el Estado mantiene bajo formas contractuales fraudulentas —prestadores, locaciones de servicios, monotributistas, contratados temporarios crónicos— si ingresan como “interinos” no tendrán reconocido ni un solo día de la antigüedad que realmente poseen.
En la práctica, un prestador de salud o cualquier empleado estatal que lleva dos, cinco o incluso diez años trabajando en la misma dependencia, pasará a ser interino con antigüedad cero, siempre y cuando la autoridad administrativa le permita ingresar.
En ese marco, Nicolás Cortez, médico y candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad, alertó hoy sobre el grave peligro que representa el proyecto de ley enviado por el gobierno de Alfredo Cornejo para modificar el Estatuto del Empleado Público, calificándolo como «un ataque directo a los trabajadores de la salud»
“Cornejo mandó a la legislatura un proyecto que ataca la estabilidad laboral de médicos, enfermeros y todos los profesionales de la salud. Con las modificaciones al estatuto el gobierno busca poder despedir a su antojo”, denunció Cortez.
Asimismo, señaló que mediante la reforma de los convenios colectivos “se intenta imponer ítems de “productividad” vinculados al presentismo, una especie de “ítem aula” para todo el sector salud”.
Cortez enmarcó esta ofensiva provincial en el contexto del ajuste nacional del gobierno de Javier Milei: “Estos ataques se producen en simultáneo al ajuste salvaje de Milei contra los discapacitados y el Hospital Garrahan, mientras estallan escándalos de corrupción que involucran a su hermana Karina y al ministro Petri, señalado por hacer negocios con la Droguería Suizo-Argentina”.
Finalizó “Queda claro que el frente Milei-Cornejo es una alianza contra la salud pública y los derechos de los trabajadores. Frente a esta destrucción, la única respuesta posible es la movilización en las calles y una oposición firme en el Congreso”, concluyó Cortez. “El Frente de Izquierda es la única fuerza que representa una oposición real y sin concesiones a este gobierno de la motosierra”.
