Caliente polémica por el Río Atuel: Mientras que este martes se reúnen Verna y Cornejo, el especialista en Agua, Mathus Escorihuela, afirmó que el fallo es “Nefasto, dañino y demagógico”

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Los gobernadores de La Pampa y Mendoza, Carlos Verna y Alfredo Cornejo, enviaron pedidos formales de reunión al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para dialogar sobre el conflicto entre ambas provincias por el manejo del caudal del río Atuel, luego de que un fallo de la Corte Suprema ordenara encauzar un esquema en conjunto. Finalmente  este martes se realizará el encuentro entre ambos mandatarios provinciales.

Cabe destacar que este encuentro estaba previsto inicialmente para el pasado miércoles, pero se reprogramó por problemas de agenda del mandatario cuyano.

El Atuel junto con el Desagüadero y otros ríos que cruzan La Pampa forman parte de la cuenca del Río Colorado. La Corte Suprema, en un fallo vinculado con un conflicto que lleva varias décadas, dispuso que en el plazo de 30 días se fije un caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema que resultó afectado en el noroeste de La Pampa. Y emplaza a que, en 120 días, se establezca un plan de obras para asegurar agua a La Pampa.

La semana pasada, el Dr. Miguel Mathus Escorihuela, director del Instituto de Agua y Ambiente de la Universidad de Mendoza y Vicerrector Académico de dicha casa de Altos Estudios cuyana  ofreció una conferencia de prensa sobre el reciente fallo de la Corte Suprema sobre el conflicto con La Pampa por el Río Atuel. Mathus Escorihuela se presenta como el “único sobreviviente que conoce esta historia inconducente”, participante a la Primera Conferencia de Gobernadores, del Río Colorado, representante de la UM como “amigo del tribunal” en la Audiencia por el diferendo con la Provincia de La Pampa por el Río Atuel (14/06/2017) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció duramente con respecto a este fallo “Nefasto, dañino y demagógico” son algunos de los calificativos que se pueden extraer de la conferencia que brindó el instituto del Agua de la universidad privada, que participó como Amicus Curiae (amigo de la corte) en el conflicto judicial, sobre el fallo de la Corte Suprema.

Según el especialista en derechos de Agua afirma que el fallo «Habla muy poco en favor de la estabilidad jurídica, del respeto a los derechos adquiridos. Entonces no creo que venga nadie a invertir bajo estas condiciones porque no se respeta el derecho y la ley».

A lo que agrega «No sabemos cuáles son las obras, si son convenientes o no, cuáles son los costos». El fallo aplica plazos no pertinentes y habla de obras sin especificar de cuáles se trata ni de impactos ambientales, lo que perjudicará económica y ambientalmente a la Provincia. «El fallo está vulnerando los derechos legítimos de todos los usuarios del Río Atuel», comentó el especialista.

El Dr. Miguel Mathus Escorihuela es crítico ante el accionar del gobernador Alfredo Cornejo en el polémico conflicto «El gobernador está apurado por iniciar las conversaciones y llevar a cabo lo que manda la Corte».

«El gobernador no puede hacer nada, no puede firmar ningún documento que obligue a la provincia de Mendoza a hacer algo, si primero no ha pasado por la Legislatura de la provincia, con la intervención del Departamento General de Irrigación», destaca el especialista.

 

 

Un reclamo histórico

El fallo responde a un histórico reclamo de La Pampa por el corte del río Atuel, que comenzó hace más de un siglo, en la década de 1910 cuando las obras de particulares y las represas le quitaron caudal al río.

Según explica el diario Clarín, el golpe de gracia llegó en 1947 con la construcción de la represa El Nihuil en el sur de Mendoza. Allí el corte fue total y provocó un éxodo del 40% de los pobladores de Santa Isabel y Algarrobo del Águila a otras ciudades pampeanas como General Acha y Santa Rosa y hacia el sur mendocino. La desertificación completó el despoblamiento en las décadas siguientes. En 1905 el censo nacional estableció que Santa Isabel (en el noroeste pampeano) tenía 3.000 habitantes y Alvear (sur de Mendoza), 3.200. En 2010, Santa Isabel seguía con 3.000 habitantes y Alvear llegó a los 52.000 pobladores.

El gobernador pampeano Verna le pidió a Frigerio que convoque con carácter de “urgente” a una reunión con su par de Mendoza. Por su parte, Cornejo le pidió por carta a Verna fijar una reunión “con la mayor premura posible”, y le envió una copia a Frigerio. Propuso que “esta primera reunión se celebre en el ámbito del Ministerio del Interior lo antes posible”, debido a que entiende que “el Estado nacional debe ser parte en dicho proceso de diálogo”.

El gobernador de Mendoza también propuso que en el encuentro, además de Verna y Frigerio, esté presente un enviado de la Corte Suprema.

 

El fallo

Por mayoría, la Corte dispuso que en el plazo de 30 días se fije un caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema que resultó afectado en el noroeste de La Pampa.

La Corte indicó que programa de ejecución de obras deberá elaborarse en el marco de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), por ser el organismo creado por las propias provincias interesadas para dar respuesta al conflicto.

La decisión fue tomada en la demanda que La Pampa promovió contra Mendoza, en cuyo marco hace algo más de cinco meses hubo una audiencia “de conciliación” en la que cada una de las partes mantuvo sus posturas.

Según el voto mayoritario, del presidente Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el programa deberá contemplar alternativas técnicas por las particularidades del río, los costos de la construcción de las obras y su modo de distribución entre los tres Estados.

También deberá prever el aprovechamiento de los beneficios, las necesidades de las poblaciones vecinas, la defensa del acceso al agua potable, la participación de las comunidades originarias radicadas en la región y la actividad económica productiva.

 

Una larga historia de conflictos

1947: se inauguró el embalse El Nihuil para regular el caudal del río Atuel.
1987: Corte Suprema de la Nación emitió el fallo en el que se establece el carácter interprovincial del río y reguló el uso del agua.
2008: los gobernadores de Mendoza y La Pampa firmaron un convenio para poner fin a las diferencias.
2013: el nuevo gobierno de Mendoza cuestionó el acuerdo.
2014: La Pampa demandó a Mendoza por daño ambiental e incumplimiento del fallo de 1987.