El presidente del Partido Verde, Mario Vadillo, advirtió sobre la estrategia de la minera San Jorge para apropiarse del arroyo El Tigre en Uspallata y denunció la complicidad del Departamento General de Irrigación.
El presidente del Partido Verde, Mario Vadillo, denunció públicamente lo que considera un nuevo avance del modelo extractivista sobre los bienes comunes. En esta oportunidad, advirtió que la empresa minera San Jorge pretende utilizar hasta 120 litros por segundo del arroyo El Tigre, en el corazón cordillerano de Uspallata, sin cumplir con los requisitos legales vigentes y bajo el amparo de permisos precarios emitidos por el Departamento General de Irrigación.
“El arroyo El Tigre no es de la minera, es de todos, y lo dicen claramente tanto la Ley de Aguas de Mendoza como el Código Civil de la Nación”, sostuvo Vadillo. En ese sentido, remarcó que el propio informe técnico de Irrigación aclara que el cauce no es privado, aunque se encuentre dentro de una propiedad, y que no se puede intervenir sin autorización formal ni alterar su caudal ecológico.
Sin embargo, el organismo provincial no frenó el avance del proyecto, a pesar de contar con elementos técnicos que lo desaconsejan. “Irrigación actúa como escribanía de los poderosos. No controla, no sanciona, no protege el bien común. Solo pone el sello”, disparó el ex legislador provincial.
Mario Vadillo advirtió sobre el uso de interpretaciones jurídicas sesgadas que buscan privatizar recursos hídricos amparándose en la ubicación de los cauces. “Dicen que como el arroyo nace y muere dentro de sus tierras, pueden usarlo como si fuera propio. Eso no lo dice ninguna ley. Si aceptamos eso, mañana cualquiera puede comprar una montaña y quedarse con el río que la cruza”, alertó.
Además, recordó que este caso no es aislado, sino parte de un modelo. Citó como ejemplo los pozos otorgados en El Carrizal a grandes grupos económicos, como Cresud y Eilstein, en una zona donde rigen restricciones por contaminación y sobreexplotación del acuífero. También mencionó el caso de Daniel Vila en El Challao, donde un arroyo fue intervenido para alimentar una cascada decorativa de uso privado, mientras los vecinos esperan días por agua en bidones.
“Pozos para los ricos, camiones para los pobres. Esa es la lógica que gobierna el agua en Mendoza”, expresó con dureza.
Vadillo también criticó la figura de los permisos precarios, utilizados por Irrigación para eludir los controles y permitir usos sin participación ciudadana. “No son concesiones formales, pero funcionan como si lo fueran. No tienen plazos, no se controlan, no se revocan. Son la puerta trasera de la privatización”, explicó.
Para el dirigente ambientalista, la situación refleja una crisis institucional más profunda que la propia escasez hídrica. “El problema no es que falte agua. El problema es que falta Justicia Ambiental. Se entregan recursos vitales sin estudios serios, sin orden de prioridades y sin transparencia”, afirmó.
El presidente del Partido Verde llamó a reformar de forma urgente el funcionamiento del Departamento General de Irrigación y a cancelar todos los permisos precarios sin estudios públicos e independientes. “La Ley es clara: el agua es pública, primero está el consumo humano, luego la producción, y último, la industria. Pero hoy eso está totalmente invertido”, sentenció.
Finalmente, pidió un cambio de rumbo: “No podemos permitir que el agua siga bajando solo para los de arriba. Desde abajo, solo nos queda resistir”.
